Gigantesco proyecto arrocero pondría en alto riesgo un área natural de Corrientes
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010 (RENA).
Por María Ines Aiuto
Un grupo de empresas ha avanzado sobre un proyecto productivo arrocero en la provincia de Corrientes que, de concretarse, pondría en grave riesgo unas 8 mil hectáreas que terminarían siendo inundadas para ese propósito. La idea es represar el Arroyo Ayuí Grande, y se ha convertido en una polémica iniciativa porque se cultivaría arroz a gran escala a costa de la desaparición de bosques en galería, pasturas, pajonales y numerosas especies de fauna. También se habla de la afectación que tendría el flujo hídrico natural y la calidad de las aguas.
Reconocida fundación alertó sobre el avance de un proyecto privado “en un curso de agua de dominio público”. Un relevamiento de RENA identificó una fuerte confrontación entre empresarios, especialistas y defensores del ambiente.
Fue anuncio oficial
Este mes se concretaría el proyecto de un consorcio productivo de represar el Arroyo Ayuí Grande en el departamento de Mercedes, en la provincia de Corrientes, para cultivar arroz a gran escala. Fue anunciado en el 2005 por las autoridades provinciales y los titulares de las empresas con la promesa de la creación de puestos de trabajo y bienestar económico para la zona. Al mismo tiempo, la Fundación Iberá, organización conservacionista local, alertó sobre “la gravedad de que un proyecto privado pretendiera modificar un curso de agua de dominio público”.
Entre las empresas involucradas se encuentran Copra S.A., cuyo titular es José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín; y Adecoagro, del financista húngaro George Soros. Pretenden construir un dique que crearía un lago artificial de 8 mil hectáreas para irrigar otras 20 mil aledañas que destinarán al cultivo de arroz. De esta manera podrían llegar a desaparecer bajo agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos en galería, pastizales y pajonales, que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los Esteros del Iberá -distantes a 45 kilómetros del emprendimiento-.
Hace cinco años, luego de que el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) informó la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) –realizado por las empresas interesadas-, la Fundación Iberá comprobó que ese estudio no describió en su totalidad los impactos negativos del proyecto y que subestimó la importancia del arroyo como regulador de la extensa cuenca del Río Miriñay, de la que dependen otros productores. Las empresas volvieron a realizar el EIA, esta vez convocando a científicos y profesores universitarios, instancia que “no permitió más que renovar la fachada”, según expresaron los ambientalistas.
“Este emprendimiento no debería haberse evaluado ambientalmente, ya que la ley exige evaluación ambiental sobre proyectos viables, no sobre aquellos que se enmarcan fuera de la ley, como en este caso. El código civil es explícito en ese punto: ningún particular tiene derecho a apropiarse de un bien público, el arroyo”, explicó a RENA Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá.
Riqueza de fauna y flora
La cuenca del arroyo Ayuí Grande se ubica en el sudeste de la provincia de Corrientes. Es uno de los principales afluentes del río Miriñay que atraviesa cuatro departamentos: Mercedes, Paso de los Libres, Curuzú Cutiá y Monte Caseros antes de volcar sus aguas en el río Uruguay.
El área del proyecto se ubica en la ecorregión del “Espinal” y limita con la ecorregión de los “Esteros del Iberá” y con los “Campos y Malezales” que se extienden desde el río Miriñay hasta Misiones, otra provincia del litoral argentino. Por eso, presenta plantas y animales propias de estas formaciones, con las que tiene continuidad ambiental: pastizales, esteros, bañados, formaciones boscosas y selvas en galería.
Constituye el hábitat de especies de reptiles como el Yacaré negro y la Boa curiyú; de aves como el Cardenal Amarillo, el Águila coronada, el Ñandú y Capuchino pecho blanco; y de mamíferos como el Venado de las Pampas, el Ciervo de los pantanos, el Aguará guazú –zorro grande en guaraní- y el Lobito de río. Muchas de estás especies están en peligro de extinción tanto a nivel nacional como internacional.
“Los servicios ambientales que proporcionan los bosques y pajonales del arroyo van más allá de la conservación de la biodiversidad: amortiguan las grandes crecidas y regulan el caudal del Ayuí, producen oxígeno y depuran el aire, son un banco de semillas para el ecosistema y sanean el agua que llega al arroyo ya que la vegetación y los organismos incorporan y asimilan los sedimentos y sustancias químicas -agrotóxicos- utilizadas en los cultivos de la cuenca”, según se relata en el documental En nombre del Ayuí realizado en 2005 por el biólogo Marcelo Viñas, material que sirvió para concientizar a la población local sobre la importancia del área natural amenazada.
Aníbal Parera, habitante de Mercedes, pero también biólogo y miembro de la Fundación Iberá , expresó en una columna publicada en la revista de Aves Argentinas que “el Ayuí Grande lejos de ser represado debiera ser preservado para las generaciones futuras, amparado en una Reserva Natural Provincial, que garantice la permanencia de sus bosques en galería, su flujo hídrico natural y la calidad de sus aguas, en beneficio de toda la sociedad, y en especial de la producción rural sustentable que es dable en su cuenca”.
Transformación e impacto del modelo productivo
El área donde se construiría la represa es históricamente de tradición ganadera (cría a campo), actividad que suele utilizar pasturas naturales -y por lo tanto necesita de su conservación- y que no provoca grandes modificaciones en el medio ambiente. Sin embargo, en las últimas décadas se dio una agriculturación en la región siendo el arroz uno de los principales cultivos.
“Hay que tener en cuenta que las tierras destinadas a éste cultivo, se revalorizan a diferencia de las reservadas para la ganadería y que como la soja fue creciendo con los desmontes, de igual forma lo hizo el arroz, el eucaliptos y los pinos, en detrimento de la biodiversidad”, explicó Graciela Gómez, abogada especializada en Derecho Ambiental a RENA.
Además, los cultivos de arroz presentan un alto riesgo de contaminación de grandes extensiones ya que, luego de inundar sus campos durante parte del ciclo productivo, desaguan el excedente hacia las cuencas, comprometiendo la calidad del agua para otros usos como consumo humano y aguadas para el ganado.
“El agua es contaminada por lixiviación, parte se pierde y la que vuelve a la fuente lleva consigo todos los agroquímicos empleados. Lo inofensivo puede ser nocivo, porque hasta el exceso de fertilizantes nitrogenados (urea) empleados en dos oportunidades en la cosecha, con suelo seco y con suelo inundado, es dañino. Pueden contaminar napas subterráneas o son arrastrados a cauces o a reservorios superficiales. Agreguemos a ello el impacto en fauna y flora autóctona, y cómo las fotos satelitales demuestran el daño y disminución de los cauces de ríos cercanos a las arroceras actuales de Corrientes”, relató Gómez.
Un informe de situación conocido en enero de este año, del Defensor del Pueblo de la Nación , referido a la represa cuestionada, destacó que esta producción “depende de aportes químicos para mantener la fertilidad de los suelos, para eliminar las malezas y para evitar las plagas -y que- si el aporte de químicos se produce sobre el agua o en las orillas de los esteros, el grado de perdurabilidad y afectación es mayor, porque los químicos son transportados aguas abajo ampliando la región afectada”. Y agrega que las especies acuáticas “son susceptibles a incorporar estos químicos por la piel, transportándolos luego a toda la cadena alimenticia”.
Mutagénesis
En el momento de la siembra del arroz, se necesita tener la menor cobertura posible y para ello se aplica el conocido herbicida glifosato, en dosis de 2,5 a 3,5 litros por hectárea, según indicó el INTA de Concepción del Uruguay. Pero se usan en mayor cantidad otros agroquímicos -más nocivos aún-, como lo detalla la abogada Gómez: “Se utiliza en gran medida el Endulsofán y se han encontraron restos de Diclovan, Fipronil y otros herbicidas en las arroceras del Chaco. En otras provincias, sabemos que se está usando el Paraquat, prohibido en la Argentina, para preparar la tierra y en los terraplenes de contención -diques- que rodean los arrozales para retener el agua de la inundación. También se utilizan el Dicamba y el Counter, que están en la lista de plaguicidas conocida como ‘la docena sucia’. Y el Glufosinato y el Kifix para la variedad de semillas Clearfield -. Finalmente, los granos son tratados con fosfina –al igual que la soja- para matar los gorgojos”.
Respecto a la semilla Clearfield, se trata de una variedad de arroz con resistencia a herbicidas que fue generada por el INTA junto a técnicos de Basf Argentina. Justamente, el semillero Itá Caabó -instalado en Corrientes- que pertenece a Adecoagro del húngaro Soros, es proveedor de ésta variedad, según lo indica la firma en su página web.
“El arroz Clearfield se obtuvo mediante mutagénesis inducida que implicó reorganizar una identidad genética mediante rayos x, ultravioletas o químicamente, y sabemos que la acción de esos agentes físicos o químicos son mutagénicos y carcinógenos. Lo grave es que al no entrar en la definición internacional de transgénicos quedó fuera de toda sospecha y de los controles correspondientes. Es una estafa al consumidor y es imperioso el etiquetado de estos productos. Además, le crean dependencia al productor ya que ‘el paquete’ se compone de semilla, herbicida y un programa de custodia para que no puede negarse a introducir ese arroz a futuro”, denunció la abogada.
Puestos de trabajo y alimentos para el mundo
El contador Ricardo Freire, hombre de confianza del titular de Copra S.A., expresó en una entrevista publicada en Tiempo Argentino que “Ciertos sectores generan información distorsionada. Quieren estigmatizar el arroz, pero hay que entender que es un cultivo que alimenta al mundo. Tiene más de 10 mil años de historia. No es un problema producir alimentos, todo lo contrario, producir alimentos es contribuir a la paz mundial. El mundo necesita alimentos, y los que están en condiciones de producirlo, tienen la obligación de hacerlo”.
Sobre esas afirmaciones, el biólogo Marcelo Viñas dijo a esta agencia que “El arroz tiene miles de años de historia pero cultivado en zonas naturalmente anegables, no en pastizales que nunca lo produjeron. Además, el mundo tiene suficientes alimentos, lo que necesita es una mejor distribución de los mismos y la eliminación de las reglas del mercado en cuanto su accesibilidad. Contribuir a la paz mundial desde los alimentos es pensar en una producción agropecuaria que no atente contra los ecosistemas, que aproveche sus condiciones naturales y sus valores de productividad, propios de cada uno, para obtener alimentos en función de la eficiencia fotosintética correspondiente, y pensando siempre en el suelo como un valor supremo que debe cuidarse”.
En la misma entrevista, Freire subrayó que crearán “1500 nuevos puestos de trabajo entre mano de obra directa e indirecta” y que teniendo en cuenta que más del 50 por ciento de la población correntina tiene problemas de trabajo y pobreza, “aportar semejante inversión es uno de los elementos fundamentales que las autoridades tuvieron en cuenta para apoyarnos”.
Sin embargo, el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación contradijo las aseveraciones del contador: “A la vez que se produce una reducción de la diversidad biológica, este tipo de modelo arrocero -que requiere una mano de obra de características diferentes a las de la producción ganadera- contribuye a incrementar el éxodo rural que ya está padeciendo la provincia, y a aumentar el desempleo y la exclusión social de los actuales trabajadores del campo”.
El mismo informe advirtió sobre la incertidumbre para los futuros desempleados del sector ganadero: “El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto destaca el impacto positivo, siempre en términos económicos, de la sustitución del sistema productivo actual de ganadería de cría por la actividad arrocera. Se indica que la consiguiente pérdida de los puestos de trabajo del desplazamiento de la ganadería será compensada e incrementada por los puestos que genere la actividad agrícola, sin especificar si las habilidades requeridas son equivalentes”.
Sobre el particular, Viñas también desmintió que este tipo de proyectos generen empleos en cantidad y calidad: “La gran falacia de los emprendimientos agroindustriales viene asociada a la mano de obra demandada. Los trabajos del sector arrocero se encuentran entre los más precarios que hay en Corrientes y además son temporarios. Hay que preguntarse cuántos trabajos se producen de otras maneras con la misma inversión, y cuántos se perderán cuando esos suelos ya no sirvan para nada y cuando el arroyo Ayuí deje de correr aguas abajo de la represa”, dijo.
Dudosa legislación
En febrero de 2009, el gobierno nacional reglamentó, tras 14 meses de su aprobación, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (POTBN). A partir de entonces, las provincias se vieron obligadas a no autorizar desmontes o inundar áreas boscosas, hasta que realizaran el Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (POTBN) mediante un proceso participativo.
Para aprobar la represa del Ayuí Grande, el POTBN de Corrientes debía “desproteger” a los bosques ribereños que serían desmontados. Con el fin de acelerar la aprobación del emprendimiento productivo, el gobernador de esa provincia, Arturo Colombi, apuró la aprobación por decreto del ordenamiento territorial que se ajustara a esas condiciones.
“Resulta sorprendente que gran parte de los bosques del Espinal cercanos a sistemas hídricos (incluyendo a los linderos con el arroyo Ayuí Grande) no fueran incorporados en el POTB correntino como ‘sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse’, denunció en un comunicado la organización Greenpeace.
La Ong también subrayó que, de acuerdo a la ley de Bosques Nativos, “tienen especial valor las áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios. Áreas que poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias”.
Por la intempestiva decisión del gobernador, la Fundación Iberá presentó un Recurso de Amparo ante el juzgado de Mercedes, cuyo juez hizo lugar al pedido declarando la nulidad absoluta del Decreto de Ordenamiento de los Bosques Nativos de Corrientes, por considerarlo inconstitucional.
En mayo de este año, la legislatura correntina sancionó la Ley Provincial Nº 5.974 de POTBN, con el mismo texto que había sido declarado nulo por la Justicia, dando así vía libre a la construcción de la represa. La organización conservacionista local volvió a presentar un Recurso de Amparo fines del mes pasado donde le solicitó al juzgado la declaración de la inconstitucionalidad de la ley “aprobada para favorecer intereses particulares”, se dijo. Lacour declaró a RENA que “la forma final que le dio la provincia al POTBN esta en claro antagonismo con el espíritu de la Ley Nacional. Más se parece a una ley de autorización de desmontes que a una de protección de los mismos”, pero confían en que la justicia “pondrá en orden lo que el poder político no fue capaz”.
Daniel Sabsay, reconocido abogado constitucionalista y presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales también se expresó al respecto y dijo: “El contenido sustantivo de la norma sancionada incumple con aspectos fundamentales del marco normativo ambiental nacional y provincial, y hasta se violan tratados internacionales que la Argentina suscribió con rango constitucional. Es una barbaridad que se permita la apropiación de un curso de agua que es de dominio público en una zona de altísima biodiversidad”.
Producción arrocera
En la Argentina, el crecimiento del cultivo arrocero se inició en la década del ‘90, principalmente debido a cambios en la orientación de la producción, unidos a modificaciones en las variedades de granos sembradas, que aumentaron los rendimientos, según indicó un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) del 2007.
En la campaña 96/97, el sector arrocero logró por primera vez una producción superior al millón de toneladas –con 227 mil hectáreas destinadas al cultivo- y superó en más del 180 por ciento los volúmenes que se obtenían seis años atrás. La explicación del incremento se debió a los precios internacionales en alza y al aumento de la demanda del grano, en especial de Brasil. Hace 10 años éste país acaparaba casi el 90 por ciento de la producción arrocera argentina, mientras que hoy se exporta a más de 44 países, entre los que se destaca Venezuela, informó el semanario Infocampo en diciembre del 2009.
A nivel nacional, la producción de arroz está concentrada en el litoral argentino, siendo Entre Ríos y Corrientes las provincias de mayor producción. De acuerdo al informe final de la campaña 09/10 de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la superficie sembrada con este cereal en el país fue alrededor de 230 mil hectáreas. Entre Ríos (98 mil Hs.), Corrientes (80 mil), Santa Fe (38 mil) y en menor medida Chaco y Formosa.
Otro dato que se destaca es que el cultivo de arroz necesita grandes volúmenes de agua. En el país se aplica el sistema de riego por inundación para impedir el crecimiento de otras especies que competirían con el cultivo. Mientras en Entre Ríos predomina el uso de agua subterránea captada por pozos, en Corrientes se riega con agua superficial, ya sea de cursos o por medio de represas. Este último sistema, a pesar de requerir una gran inversión inicial, tiene costos operativos más bajos (los demás necesitan motores de bombeo) y por eso es el más utilizado en las grandes explotaciones.
Pero en rigor, la soja continúa siendo el principal cultivo en expansión en nuestro país. Así lo señaló en 2005 el informe Perfil descriptivo de la Cadena de Arroz de la Secretaría de Agricultura: “Un fenómeno que condiciona el presente y el futuro de la expansión arrocera es el avance de la soja que le restó mucha superficie al arroz. En 1998/99 por cada hectárea sembrada con arroz se cultivaban 2 de soja, mientras que en 2003/04 por cada hectárea de arroz se implantaron 19,2 de soja”.
Podría haber otros similares
El proyecto al parecer, avanza, al tiempo que también crece la expectativa de que no llegue a concretarse. Con el Recurso de Amparo, la Fundación Iberá espera que se detengan los permisos de desmontes “hasta tanto se logre un plan acorde a los principios rectores de la Ley y en beneficio de todos los correntinos”.
Pero el panorama no parece alentador para los ecosistemas correntinos. El estudio de impacto ambiental que realizó el grupo de empresarios promotores del emprendimiento informó que, una vez que se apruebe la represa del Ayuí, y si el proyecto es exitoso, generará otros nuevos en la cuenca del Miriñay, que tiene condiciones ambientales muy parecidas y puede almacenarse el agua en represas.
Relevamientos producidos por la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, indicaron que existen perspectivas de crecimiento de esta actividad en la provincia por lo que se espera alcanzar para la campaña actual, una superficie sembrada de cien mil hectáreas, lo que significaría un 23 por ciento más que las anteriores.
Para el Defensor del Pueblo de la Nación, el panorama es crítico: “Todo esto representará un cambio sustantivo en los ambientes de la región, así como un fuerte impacto en la cultura y condiciones de vida de los pobladores local”.
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