Puente Bs. As.-Colonia: se gastaron más de U$S 20 millones para nada
Publicado el 19 de Septiembre de 2010
Por Manuel Alfieri
Era un proyecto binacional. Hace cinco años Uruguay dispuso la disolución de su comisión, pero la Argentina todavía mantiene en funcionamiento la suya. Se trata de otra herencia maldita de los ’90.
En el segundo piso de la Avenida L. N. Alem 449 funciona la Comisión Binacional del Puente Buenos Aires-Colonia (Cobaico). Nadie sabe qué objetivo tiene, ni para qué se les paga un salario a los empleados, ya que desde hace al menos cinco años se sabe que el puente que iba a unir las costas de Buenos Aires con las de Colonia no se construirá. Se trata de otra herencia maldita de los ´90.
El origen de la comisión es binacional, porque la Argentina y Uruguay se habían comprometido a concretar la obra que atravesaría el Río de la Plata. Para hacerlo, debían obtener una ley que los habilitara. Uruguay la consiguió el 10 de agosto de 1999. La Argentina no. El proyecto se trató por primera vez en el Senado de la Nación en noviembre de 1996. El 28 de agosto de 1998 fue la última vez que se discutió en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Y quedó archivado.
Ante la falta de perspectivas para concretar el megaemprendimiento, las autoridades uruguayas disolvieron la comisión en años del gobierno de Tabaré Vázquez. “Hubiese demandado un gasto en viáticos y funcionarios que no correspondía para la situación del país”, aseguró a Tiempo Argentino quien tomó la decisión, Víctor Rossi, ex ministro de Obras Públicas y Transporte.
En la Argentina, en cambio, la comisión sigue funcionando, y gasta dinero sin que exista posibilidad alguna de que se cumpla su objetivo y sin tareas relevantes desde hace unos 12 años. Pero para eso hay un presupuesto anual asignado por el Estado Nacional: el dinero se utiliza en pago de almuerzos y viáticos y compras de artículos de librería.
Ya pasaron seis años sin que nadie haga un control. El último análisis realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) es del 20 de diciembre de 2004 y señala las siguientes irregularidades, que hacen difícil entender por qué se los dejó de fiscalizar:
-Se verificaron órdenes de pago con raspaduras y enmiendas, y 27 cheques anulados por errores en su emisión.
-Los funcionarios de la comisión ofician tanto de delegados como de representantes, acumulando dos salarios por cargos distintos. Esto resulta incompatible, porque el ente no cuenta con la aprobación de la autoridad competente.
-La Comisión abrió un plazo fijo en el Banco Nación con un capital de $ 100 mil (en ese momento eran dólares, ya que regía la paridad uno a uno) y $ 3495 de intereses ganados, fuera de lo establecido por la ley.
-“El Banco de la Nación Argentina informa una nómina de cinco personas como autorizadas y/o firmantes para operar esa cuenta –especifica el informe–. La nómina está compuesta por la autoridad máxima de la Cobaico, por tres personas vinculadas al ente mediante contratos de locación de obra durante el ejercicio 2002, y otra persona cuyo vínculo con el ente durante el período bajo análisis no surge de los antecedentes aportados.”
-Las contrataciones de personal no respetan las exigencias marcadas por la ley.
-La comisión no tiene una Unidad de Auditoría Interna, como marca la normativa del Sector Público Nacional.
-El 22 de noviembre de 2002 se aprobó el Plan de Acción y Presupuesto de la Comisión, fijando la suma de $ 700 mil. Al final del período, increíblemente, tuvieron un déficit de $ 66.420.
Desde 2003 y hasta ahora, la AGN no hizo estudio alguno para corroborar qué cantidad de dinero se usó. Apenas se sabe con certeza cuánto gastaron entre 1993 y 2002: más de 3 millones de pesos / dólares sólo en consultorías, viáticos y pasajes. También se registraron gastos en los siguientes rubros: “honorarios” por $ 12.392.745, “tickets de almuerzo” por $ 273.756, “gastos de librería” por $ 387.926 y “gastos varios” por $ 323.091.
La lista de gastos incluye, además, el ítem “alquiler de cocheras” por $ 39.735,14, “gastos en publicidad” por $ 431.992,68 y “gastos de representación” por $ 298.371,95.
Los U$S 20 millones de gasto total equivalen, en la actualidad, al dinero que podría haberse utilizado en la construcción de 40 escuelas, teniendo en cuenta que, según los últimos establecimientos edificados, cada obra rondaría alrededor de los 2 millones de pesos.
El absurdo llega a un grado tal que el propio gerente técnico del ente hasta 2007, Reinaldo Agustoni, había asegurado en 2005 –a la revista Veintitrés– que “si Uruguay disuelve su comisión, la nuestra no tendría sentido”. Entonces, ¿por qué siguió funcionando si “no tenía sentido”? Ni la AGN se lo explica: el informe de 2004 señala que “surge la necesidad de mantener en funcionamiento las actividades de la comisión asignándole el financiamiento mínimo indispensable para la atención de sus gastos operativos, hasta que lograda la aprobación del proyecto por el Congreso Nacional se consoliden las bases para proyectar el llamado a licitación y la situación de la Comisión Binacional”. Esto último no ocurrió, ya que, como ya se señaló, el proyecto nunca se aprobó: duerme en algún cajón del Senado Nacional desde 1996. En la actualidad, “aunque no caducó, el proyecto está caído. Para hacer algo, habría que desarchivarlo y volver a tratarlo en el marco de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto”, sostuvieron a este diario en la oficina de Información Parlamentaria del Senado. Es decir que ya pasaron 12 años, según la propia AGN, sin que la Comisión cumpla una tarea clara. Según denunciaron a este diario fuentes parlamentarias que apoyaron la construcción del puente, el proyecto quedó en el olvido por el lobby realizado por la empresa Buquebus, que controla la mayoría de los traslados de costa a costa. La obra hubiese significado un duro golpe financiero para una empresa que recauda U$S 100 millones anuales: el peaje para ir de un país a otro estaba previsto en sólo $ 60 para un auto que podría llevar hasta cinco personas.
Sin haber logrado la ley, el ímpetu que en 1992 llevó a crear la Comisión para administrar la construcción de una obra monumental que se financiaría por un concesionario del sector privado cayó en el absurdo.
Este cronista fue a la sede de la Cobaico en Alem 449. Entre pilas de documentos, papeles y monitores viejos amontonados en distintos lugares, había cinco empleados. Dos de ellos aceptaron hablar con este diario, pero repetían constantemente: “no se te ocurra grabarnos, eh… acá nadie te va a dar una nota grabada”.
Algunos cuadros e infografías proyectaban el fallido puente. Sobre un escritorio se veían las tarjetas personales de ex integrantes de la comisión, como José Serrato y Alejandro Gelsi, junto a la de Seth Grady, “Senior Planner” de la consultora “estrella” del proyecto: Louis Berger International.
“Organizamos y actualizamos documentos y estudios del puente”, aseguraron en cuanto se los consultó sobre cuál es concretamente su tarea.
–¿Pero por qué siguen cobrando un sueldo si el puente no se va a hacer? –se les preguntó.
–Por cuestiones diplomáticas –respondieron.
Pero lo cierto es que la comisión uruguaya no existe más. Y por eso se quejan, por no haber recibido una comunicación oficial sobre la disolución.
El actual subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y Transporte uruguayo, Pablo Genta, aseguró a este diario que “es cierto, no les debe haber llegado un documento al respecto, porque nunca lo mandamos. Pero a nivel de los ministros se trató el tema y quedó claro que la comisión uruguaya se había disuelto.”
Mientras tanto, a la hora de explicar por qué el puente nunca se construyó, en la comisión argentina sostienen lo mismo que en el parlamento: “Siempre se dijo que Buquebus metió mucha presión en el Senado para que el puente no se haga. Pero según estudios propios, Buquebus no hubiese quebrado, sino que hubiera tenido que bajar el costo de los pasajes.” Ante esta realidad, suenan premonitorias las palabras de César Gigena Lamas en su libro El Puente Buenos Aires-Colonia, escrito hace 11 años: “qué pasará cuando el proyecto no sea ratificado, a pesar de ya se ha avanzado en planificaciones, gastos de consultorías (…). Si llegamos al momento en que debe concretarse la licitación definitiva y el proyecto no se aprueba ni se ratifica, ¿quién pagará los platos rotos? ¿quién se hará responsable de lo que se ha pagado, como el sueldo de funcionarios durante tantos años?”
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