Quinientas familias ocupaban terrenos del Ingenio Ledesma, a la vera de la ruta nacional 34, en la provincia de Jujuy para que la familia Blaquier les cediera quince de las 130 mil hectáreas que posee.
El juez Jorge Samman firmó una orden de desalojo. El resultado de la orden fue ejecutado por la policía provincial en la madrugada del jueves 28 de julio. Como saldo de los acontecimientos murieron el mismo día Félix Reyes, Ariel Farfán, Víctor Heredia, y el policía Alejandro Farfán. Al día siguiente falleció Juan Velázquez, víctima de un balazo en la cabeza. Hubo 63 heridos.
Desde la Corriente Clasista y Combativa denunciaron que en la represión participaron policías uniformados y de civil, mientras que los empleados de seguridad de Ledesma, que en los días previos recorrieron el campamento, estaban mientras se reprimía y observaron todo.
Luego de la represión, cientos de familias volvieron a instalarse en los terrenos de producción de caña de Ledesma. Entre los ocupantes se encuentran desocupados, docentes, municipales, profesionales y hasta empleados del ingenio. Y aunque se enteraron del proyecto encarado por el Gobierno provincial de expropiación luego de los sucesos, es claro que quince hectáreas no alcanzan para resolver el problema de vivienda ya que se calcula que en el área hay más de mil familias que padece este drama.
Una vez más la historia de violencia y represión se repite en el país, sumándose a los homicidios de Mariano Ferreyra en Avellaneda, de Roberto López y Sixto Gómez en Formosa y las muertes de Rosemary Chura Puña, Bernardo Salgueiro y Emiliano Canaviri Álvarez en el desalojo del Parque Indoamericano de la Ciudad de Buenos Aires. Otra vez aparece la recurrente historia de la injusticia social escrita a sangre y fuego, allí donde se unen los poderes políticos y económicos.
Un poder político provincial con su correlato en la policía que no se involucra en nuevas prácticas de manejos de situaciones, sin alterar las ya existentes, ampliamente denunciadas desde hace décadas.
Y un poder económico, en este caso representado en el Ingenio Ledesma que desde 1908 supo relacionarse con los gobiernos jujeños de turno. Evidentemente poco y nada han hecho las sucesivas gobernaciones para resolver la encrucijada moral que implica la presencia de esta empresa que supo sacar tajada del contexto represivo provincial.
El clímax de esta relación simbiótica entre poder político local y la empresa dirigida por la familia Blaquier tuvo su exégesis en los inicios de la Última Dictadura Militar.
En la semana del 20 al 27 de julio de 1976, ocurrieron sucesivos cortes de luz dispuestos por Ledesma en las localidades de Calilegua y Libertador General San Martín. Durante esas noches policías, gendarmes y militares saquearon impunemente los hogares de los pobladores y secuestraron a más de 400 personas. La empresa prestó 43 vehículos para el accionar represivo y galpones, para pozos de detención. Buena parte de los detenidos fueron derivados a centros clandestinos y cárceles de todo el país y unas treinta permanecen desaparecidas. El inicio de aquella semana fue bautizada como la “Noche del Apagón”. Desde FOCO exigimos una urgente acción de la Justicia y del gobierno provincial para determinar qué pasó en el predio de la empresa Ledesma y se castigue a los culpables, para que las muertes de estos jóvenes no se hundan en la impunidad. Nos sumamos al pedido de la CCC en el sentido que el Gobernador Barrionuevo les exija a los Blaquier el pago actualizado por las tres décadas de impuesto por alumbrado, barrido y limpieza que hasta su desaparición en 1977 pretendía cobrarles el ex intendente Luis Arédez. Necesitamos que el gobierno nacional comience a trabajar con las provincias para definir protocolos que prohíban el uso de armas de fuego en estas situaciones, dispongan la presencia de interlocutores políticos y contemplen situaciones de particular vulnerabilidad como las de las personas que resisten a un desalojo.
FOCO - Foro Ciudadano de Participación
por la Justicia y los Derechos Humanos -
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