Escuelas rurales afectadas por fumigaciones
Emanuel Garrido, coordinador del Medio Ambiente del Distrito de Coronel Suárez, dialogó con Radionauta FM 106.3 sobre el pedido realizado a la Provincia de Buenos Aires para proteger a las escuelas rurales expuestas a las fumigaciones con agrotóxicos.
Garrido, junto al Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (CELMA), viene realizando estudios en escuelas rurales para medir el impacto de las fumigaciones que se realizan en campos aledaños a distintas escuelas rurales de Coronel Suárez pero que son un ejemplo de lo que sucede en varios distritos de la provincia de Buenos Aires.
“Es un intento más de avanzar con algún tipo de resguardo real y concreto”, dijo a la emisora platenseRadionauta FM 106.3 el coordinador de Medio Ambiente de Coronel Suárez. Según explicó “hace dos años” que se viene trabajando en la investigación de las fumigaciones y “haciendo diferentes presentaciones a nivel administrativo”.
Sin embargo “como en lo distrital no se han logrado los cambios que se esperaban buscamos a través del CELMA, a ver si podemos lograr algo regional”. Garrido relató que su investigación fue presentada a las autoridades locales hace unos meses y que hace poco tiempo se dio a conocer “a toda la comunidad”.
El problema surgió justamente allí ya que se generaron “algunos revuelos a nivel distrital” y, en el medio, hubo un cambio de intendente que dificultó algunos avances.
“El intendente anterior me había prometido hacer las gestiones para que siga trabajando como director de Ambiente, yo estaba trabajando de eso pero la estructura administrativa no estaba creada”, relató Garrido y agregó: “El actual intendente, no tan de acuerdo en las formas de investigar y de trabajar decidió no continuar esas gestiones para que exista esa dirección ambiental. Por lo que volví a la situación anterior que era de coordinador de Medio Ambiente”.
Para el entrevistado esta es una forma de intentar “desgastar a los funcionarios o personas que intentan hacer las cosas de una manera distinta”.
La investigación y las leyes
“Cuando uno empieza a estudiar esta cuestión entiende que las moléculas más pequeñas utilizadas en los pesticidas (mucho más si es aplicado de forma aérea) pueden desplazarse cuatro o cinco kilómetros”, explicó Garrido respecto a la extensión que alcanza la fumigación.
En su investigación, el director de Medio Ambiente relevó 23 establecimientos educativos y a partir de allí generó “un expediente municipal”. A su vez, “en tres de ellos comenzamos monitoreos” sobre “la calidad del agua de lluvia, los polvos de suspensión y en un segundo término continuar con eso y avanzar sobre la calidad de agua potable y el suelo”.
Los resultados de esos estudios son “absolutamente alarmantes” en la calidad de agua de lluvia ya que se encontraron “residuos de glifosato, de un metabolito de glifosato y atrazina”. Teniendo en cuenta que “a nivel internacional los valores máximos que se reportan de glifosato en agua de lluvia son 2,5 microgramos por litro”, resulta efectivamente preocupante que “solamente en estas tres instituciones” los valores encontrados “son hasta seis veces superiores”.
Garrido apuntó de esta manera a la explotación agroindustrial de la zona que rodea las escuelas rurales. Pero también destacó que otro problema refiere a que existe “una trama social muy compleja”.
“Las escuelas rurales han ido retrocediendo en matrícula a medida que los campos fueron requiriendo menos mano de obra humana”, detalló. Y es que antes “si decíamos que una familia era necesaria cada 500 hectáreas para trabajar el campo, hoy estamos hablando de una persona cada dos mil, tres mil hectáreas”.
Esta situación resulta un freno a la hora de buscar apoyo ciudadano para frenar la contaminación porque “el personal educativo, primero tiene miedos inmensos de que la matrícula desaparezca y segundo tiene acceso a una información que no es fidedigna”.
El funcionario de Coronel Suárez sostuvo que por estos motivos es difícil lograr una legislación que ataque el problema de fondo, pero al menos busca “que se frenen aberraciones como cuando se quiere poner un límite de 50 metros”.
En ese sentido remarcó que “grupos no tan multidisciplinarios (no tienen responsables en salud) están pretendiendo que a nivel nacional se genere una ley de 50 metros para aplicación terrestre y 200 para aplicación aérea”. Esto puede ser problemático porque “si se instala como ley nacional, por más legislación que nosotros podamos tener a nivel municipio, por más que un municipio haya logrado dos mil metros o prohibición total, el resto que no tenga legislación se va a adherir a la ley nacional”.
Y aun así “aquellos que tengan una legislación más estricta (un municipio puede tener más estricta pero no más laxa) se van a ver totalmente condicionados”.
Los pasos a seguir
Finalmente Garrido subrayó que “se está avanzando también con un comité de bioética para realizar estudios en niños de esas escuelas y así tener resultados de daño genético y presencia de pesticidas en la orina y sangre de los perjudicados”. Algo que se estima muy probable por las pruebas obtenidas hasta ahora en el agua de lluvia. “Si no hay respuesta a la presentación administrativa, avanzaremos con la presentación judicial”, dijo contundente el funcionario.
Para terminar dejó en claro que “hay que tener muy en cuenta que” para conseguir logros significativos “lo que se necesita es la participación ciudadana. Esto lo vemos los responsables ambientales que nos estamos juntando a nivel regional, provincial y del país”.
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