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- 07/11/15
Silencio de la empresa y del gobierno sobre las causas del desastre
La fiscalía del estado de Minas Gerais abrió una investigación. La compañía afirma que respeta las normas.
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- Eleonora Gosman
- Corresponsal de Clarín en San Pablo
Mariana es una ciudad histórica: fue capital del estado de Minas Gerais en el siglo XVII, en el apogeo de la explotación de oro por el imperio portugués. Cerca de aquí pasa la llamada Estrada Real por donde los colonizadores llevaban hasta el puerto de Paraty, en Río de Janeiro, no solo el áureo metal sino también diamantes. Lo cierto es que ahora no se trata de piedras y metales preciosos. En los aledaños de esta ex metrópolis colonial que guarda de la época bellos edificios, se explotaba hasta hace unos días el hierro. La minera Samarco, propiedad por partes iguales de la brasileña Vale y la australiana BHP Billinton, procesaba los pellets que luego iría a exportar por el mundo.
Según datos del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, desde este lugar salía nada menos que un 2% de todo el hierro comercializado a nivel internacional. Para tener una idea de la importancia económica de esta compañía, basta señalar que sus ventas al exterior ascendieron el último año a más de 2.000 millones de dólares. Este “dorado” panorama se terminó el jueves, cuando millones de toneladas de desperdicios de la propia explotación enterró, literalmente, un pueblo entero. Se habla de más de 50 millones de toneladas que no sólo perjudicaron a Bento Rodrigues, epicentro de la tragedia, sino que amenaza a grandes ciudades: la catástrofe puede continuar a lo largo del Río Doce (de donde viene el antiguo nombre de la Vale) y desembocar en el estado de Espírito Santo, cuya capital, Vitoria, dista a más de 300 kilómetros.
Las autoridades empresariales y gubernamentales, en todos los niveles, trataron de mantener la tragedia bajo un manto de silencio. Es que Samarco, filial de dos grandes mineras mundiales, tenía cómo y con qué influenciar. Así, recién el sábado, después de tres días, se supo que había al menos “25 desaparecidos”, una fórmula cuanto menos ambigua de reconocer las muertes debidas a la catástrofe. Para el presidente de la compañía, Ricardo Vescovi, quien tuvo que dar la cara en una conferencia de prensa, “esta es la peor crisis de nuestra historia”. Para el CEO de la empresa, “por suerte, los clientes nos demostraron su solidaridad”. Cuestionado por los periodistas, el gerente general Germano Silva Lopes declaró que la compañía había “informado de inmediato” de la ruptura del primer dique, el llamado Fundao (con un embalse de 55 mil millones de metros cúbicos). “Avisamos enseguida a la intendencia de Mariana y a la Defensa Civil. También nos comunicamos con algunos pobladores de Bento Rodrigues”. El ejecutivo tuvo que admitir que la minera no tenía un sistema der alarmas para avisar a la población. Pero declaró que “el plan de contingencia está de acuerdo con las exigencias legales”.
Entre tanto, el gobernador de Minas Gerais Fernando Pimentel, quien fue ministro de Desarrollo e Industria en la primera gestión de Dilma Rousseff, decidió darse una vuelta en helicóptero por el pueblo desaparecido bajo la avalancha. En su visión, este fue el “peor accidente y el mayor desastre ambiental de Minas”. Pero también dejó en el limbo una definición de cuánta gente murió. “Hay cerca de 13 desaparecidos”, mencionó, en referencia a los que la propia empresa había reconocido como “inhallables” desde el primer día. Pimentel, del Partido de los Trabajadores, decidió con todo bajar a tierra y visitar algunas de las familias damnificadas que perdieron sus casas y hoy están en hoteles de Mariana.
Los pobladores de Bento solo confían en los fiscales del Ministerio Público mineiro que decidió abrir un proceso para investigar a fondo las causas del desastre. Carlos Ferreira Pinto, coordinador del Núcleo de Combate a los Delitos Ambientales, declaró que trabaja con “la hipótesis de incumplimiento de las normas de seguridad”.
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