MAGDALENA : NO QUIEREN PUNTO FINAL PARA EL DERRAME

En Magdalena no quieren el punto final para el derrame

MEDIO Y MEDIO

Escrito por Redacción
Miércoles, 17 de Junio de 2009 22:32

A la “ley de punto final” que la Municipalidad de Magdalena quiere imponer por el derrame de 5 millones de litros de petróleo ocurrida en 1999, en un acuerdo disparatado con la empresa Shell –responsable del desastre- que se avino a pagar la irrisoria suma de 9,5 millones de dólares, le ha surgido un escollo: la presentación por parte de un vecino de un pedido de nulidad del mencionado arreglo, por vulnerar “esenciales derechos garantidos en la ley 25.675 y los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional”.
“En realidad lo que se pide es que no se homologue el acuerdo, y en subsidio, la nulidad. No es un tema habitual. Es un pedido al Juez para que no le de curso a la homologación pedida por las partes ante el acuerdo arribado. Como el acuerdo es abiertamente espurio y contrario a derecho, se pide la nulidad”, explicó Mariano Aguilar, abogado patrocinante de Nicolás Fediuk, vecino que interpuso el recurso.
El mismo fue presentado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 3, Secretaria Nº 5 de la CABA, en los autos caratulados "MUNCIPALIDAD DE MAGDALENA C/ Shell C.A.P.S.A. " (expediente número 31.813).-
En el escrito presentado, Fediuk solicitó la continuación “total” de todos los juicios “en orden al cumplimiento de los artículos 27 y subsiguientes de la ley 25.675”. Asimismo, se reserva en el caso de “daños y prejuicios y daño moral” y acusa la “existencia de un eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo que se reserva el accionar contra quien correspondiere, incluidos los funcionarios intervinientes”.
La cifra acordada entre el Municipio y la empresa, homologada por un cuestionado plebiscito no vinculante, representa apenas el 10 por ciento de de los 91 millones de dólares que se pedían inicialmente –en el 2002- para recomponer “parcialmente” el medio ambiente, monto que habría que actualizar al día de la fecha
“Una indemnización de 9,5 millones de dólares no podrá cumplir con el mandato de orden público fijado por la ley 25.675, ya sea en razón de que el monto conciliado es insuficiente, como en virtud de que el mismo no se destinará a la reparación del medio ambiente sino a las arcas municipales para fines como el turismo, residuos y otros, como figura en el mismo acuerdo. De tal modo, el acuerdo es nulo y su homologación judicial deviene imposible”, destaca el escrito presentado a la justicia.
En este aspecto, la municipalidad resaltó por todos los medios posibles que el acuerdo firmado con Shell CAPSA, implica el asesoramiento ambiental que la compañía brindaría a la intendencia.
“La sola lectura de la cláusula en cuestión evidencia que se trata de ‘un compromiso NO vinculante’, sujeto a un acuerdo futuro al que podrían o no arribar las partes, sobre la prestación de dicho asesoramiento”, resaltó Fediuk.
“Por lo tanto –agregó-, lo fijado no tiene carácter de compromiso alguno y demuestra así que Shell Capsa y la Municipalidad no han tenido consideración alguna por la reparación ambiental al momento de negociar y pactar un acuerdo conciliatorio. El mero asesoramiento no implica generar reparación alguna”.
Una de las novedades que trae esta presentación judicial es la aparición de una figura procesal todavía no utilizada en el país, la Class Action o Acciones de Clase, vigente en Estados Unidos desde 1938.
Se trata de una institución procesal a través de la cual amplios grupos de individuos, unidos por intereses jurídicos comunes, defienden judicialmente sus derechos. La Class Action presupone la existencia de un número elevado de personas –suficiente para pensar en una clase o grupo-, un número tal que imposibilite la comparencia de todos los miembros del grupo.
En tanto, Fediuk piensa llegar hasta las últimas consecuencias. Si el juzgado no hace lugar a la presentación o a la nulidad, acudirá hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por considerar que se estarían violando los artículos 41 y 43 de la Carta Magna.


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