(¿ DE SALUD ? -MEJOR NI HABLAR) En paréntesis dudas y asombros de Nogaldevida
Fuertes lobbies en el Gobierno a favor y en contra de prohibir el glifosato
Desde principìos de este año se están cuestionando los efectos secundarios del uso de glifosato, el herbicida clave en el negocio de la soja. Se argumenta que es tóxico y responsable de malformaciones. El debate llegó hasta la Casa Rosada, y la presidenta de la Nación pidió más evidencia científica para determinar si se puede seguir fumigando o no. Esta semana se filtró un documento que dejó al descubierto las internas en el Gobierno. Los proyectos para prohibirlo.
Por Martin De Ambrosio
“Si llega a comprobarse que un solo chico nació con malformaciones por culpa del glifosato, lo prohíbo por decreto.” Las palabras de la presidenta Cristina Kirchner, sensibilizada por las imágenes de niños nacidos con enfermedades (no) congénitas que mostraba un informe de televisión, resonaron en los oídos de un par de sus más estrechos colaboradores. Y volvieron a desnudar una interna que se da en el Gobierno respecto de qué hacer con el principal herbicida usado en el campo como elemento clave para la producción de soja.
Por un lado, hay un sector relacionado con el perfil productivo industrial del país, que busca detener el impulso del modelo sojero. Para ellos, vienen de perillas los informes y denuncias acerca de que el uso de este agroquímico podría provocar defectos en los embriones y hasta estar relacionado con las altas tasas de cáncer en las zonas de cultivo (con el caso emblemático de Ituzaingó, en Córdoba). Ellos son los que le dicen a Cristina que hay que ponerle freno (el contexto de la “guerra contra el campo” ayuda, por supuesto).
Del otro lado, existe en el mismo Gobierno un sector que sostiene que no hay pruebas concluyentes sobre la toxicidad del glifosato. Encabezado por el ministro de Ciencia, Lino Barañao (un sospechado de “poco peronista” que prefirió no hablar para esta nota), este sector busca que se compruebe con rigor científico los problemas que causa, o no, esta sustancia química en las personas, los animales y el medio ambiente.
Investigaciones. Convencida de la necesidad de asesoría científica en el tema, en enero de este año la Presidenta firmó el decreto 21/2009 para que se creara en el ámbito del Ministerio de Salud una comisión “para la investigación, prevencion, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación” por agroquímicos (toma en cuenta un total de 12, aunque hace foco en el glifosato). La comisión está integrada por Salud, la Secretaría de Ambiente, la de Agricultura, el INTA y el INTI; luego se invitó al Ministerio de Ciencia, que constituyó un consejo científico en el marco del Conicet.
En el contexto de estas internas, esta semana se filtró un borrador (?¿?) del informe que elaboró el Conicet a pedido de esa comisión, en el que se repasa qué dice la bibliografía internacional sobre la toxicidad del glifosato. Sin embargo, para enojo de varios de sus integrantes, se difundió públicamente como si fuera la concusión final de la comisión.
El informe tiene 130 páginas en las que, en síntesis, se absuelve al agroquímico aunque se asegura que “faltan más estudios”. Y tiene las carencias propias de su carácter parcial.
Según pudo saber PERFIL, los responsables aseguran que el informe final será más completo y no una mera revisión bibliográfica y se presentará dentro de 10 o 15 días.
“Hará foco en la necesidad de buenas prácticas agropecuarias, de reforzar la legislación y que haya controles incluso del Ministerio de Trabajo (?¿?) a la hora de la fumigación”, manifestaron. Es la misma postura que sostienen las empresas que venden el producto: puede haber excesos a la hora de utilizarlo, pero en sí el glifosato es de los agroquímicos más suaves entre los existentes. Y se lo compara con la lavandina, que al ingerirla puede causar la muerte, pero bien usada es un gran producto higiénico y no por errores en el uso hay que prohibirla, argumentan.
Parcial. Mientras tanto, Enrique Martínez, presidente del INTI, uno de los organismos que integran la comisión investigadora de agroquímicos, sostuvo a este diario que la institución que preside “no va a avalar este informe ni uno opuesto(?¿?) ; nuestra tarea técnica en esa comisión ya terminó”, dijo a la vez que negó que su partida signifique descalificar la comisión que creó la Presidenta. También rechazó haber tenido algún tipo de conversación con Cristina sobre este tema. “Hemos comunicado a la comisión que nuestro aporte ya está hecho. Hicimos sugerencias acerca de cómo manejar los envases y recomendación sobre aspectos estrictamente de tecnología industrial. No queremos avalar un informe como el que se emitió”, señaló a PERFIL.
—¿Qué hacer mientras tanto? –preguntó este diario.
—El glifosato se usa hace más de veinte años. En rigor, se tendría que haber discutido este tema antes de adoptarlo, y, en todo caso, hay numerosas disposiciones provinciales y municpales sobre cómo evitar contacto peligroso entre población y glifosato. Hay que prohibir la fumigación por avión y controlar las que se hacen por tierra. En fin, un sistema complejo no tan difícil de implementar. Pero hay una superposición de un sistema que busca la ganancia y una situación de salud que muchas veces no se resuleve adecuadamente.
—¿Se evalúa la prohibición vía decreto presidencial?
—Cómo lo puedo saber, hermano (sic). Si la comisión no dictó opinión no se puede saber, no tengo la manera de saberlo.
Otras opciones. Pero el decreto que evalúa Cristina Kirchner si la comisión llegara a concluir que el glifosato provoca malformaciones no sería la única vía contra el herbicida. Hay al menos dos proyectos de ley de legisladores oficialistas que buscan “prohibir su comercialización hasta tanto se compruebe que no es nocivo”, tal como dijo a PERFIL Juan Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y coautor de uno de ellos. El proyecto de Begnis -firmado también por Claudio Morgado, Julio Piumato y Remo Carlotto, entre otros- fue presentado el 14 de agosto y hoy está en poder de los asesores que analizan, entre otras cuestiones, las consecuencias económicas de la prohibición (ver recuadro).
Pero hay más. El también diputado oficialista de Entre Ríos, Raúl P. Solanas está detrás de un proyecto de prohibición total del comercio y utilización del glifosato en todas sus formas, ingresado el 28 de abril de este año. Y la senadora Blanca Osuna ha dedicado esfuerzos en este sentido, aunque sólo fueron pedidos de informes.
Los costos económicos
Más allá de la evidencia científica o su ausencia, la prohibición del glifosato conllevaría una serie de problemas económicos de una considerable magnitud para el país.
Lo insinúan las empresas del sector del mismo modo que otros actores involucrados, como el propio científico Andrés Carrasco (?¿?)o el titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Sylvestre Begnis, que firmó un proyecto que impulsa su prohibición.
Lo cierto es que si se dejara de usar el herbicida que está en el ojo de la tormenta, caería al menos el 40% de la producción agropecuaria, atada como está en la actualidad al monocultivo de la soja en amplios sectores de la Argentina ganadera, incluso en zonas habitualmente poco propicias para esa actividad.
Con la reducción de la producción disminuiría casi en el mismo porcentaje la recaudación fiscal. “Prácticamente, el escenario sería el de una guerra civil”, ( qué exagerados !!?) analiza una experta en biotecnología, que pidió no dar su nombre.
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