Caso de las arroceras
Acceso tardío a informe secreto de Salud Pública de la Nación
Así lo explicó el ministro de Economía, Eduardo Aguilar, al repasar las líneas de control que se cumplieron desde la Provincia para monitorear y atender las denuncias sobre el uso de agrotóxicos en el Departamento Bermejo.
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Según lo consigna Diario Norte en su edición de este miércoles, en un recuadro destacado con el título "Las respuestas sobre la arrocera" en una nota al titular del Ministerio de Economía del Chaco, Aguilar consideró como "legítima la preocupación de los habitantes de las localidades de Las Palmas y La Leonesa, y se puso a disposición para brindar toda la informacidn del caso".
Recordando que su Ministerio recibió dos notas de la delegada sanitaria de la Nación en el Chaco: una en noviembre de 2008 y otra en marzo de 2009. La primera pedía intervención de la Dirección de Sanidad Vegetal (un área técnica), que finalmente realizó un informe; en tanto que la segunda nota solicitaba que sea revisado ese primer documento.
Sobre este ultimo punto, dice el matutino, Aguilar recordó que el area técnica intervino y determinó la desafectacion de algunos cuadros de cultivos, de tal manera que quedaran alejados de barrios colindantes.
Asimismo, dijo que el entonces Ministerío de Economia, Producción y Empleo bajo su mando, tuvo acceso tardío a un informe secreto del Ministerio de Salud Pública de la Nación en la zona de producción de arroz, que recomendaba realizar un estudio del perfil de las enfermedades encontradas en la población
(Fuente: Diario Norte) Registro de Marca Nº 2098583 / Registro de la Propiedad Intelectual Nº 383.000
Está permitida la reproducción del contenido de este sitio, bajo la condición de mencionar la fuente.
Copyright 2008 - CHACO DIA POR DIA - Todos los derechos reservados
http://www.chacodiapordia.com/noticia.php?n=39371
Agroquímicos en La Leonesa-Las Palmas
Delegada sanitaria nacional afirmó que el gobierno estaba advertido
En una entrevista concedida a diario Norte, la delegada del Ministerio de Salud de la Nación en el Chaco, Ana Lía Otaño, remarcó que en reiteradas oportunidades se advirtió al gobierno sobre la contaminación de las arroceras en La Leonesa-Las Palmas
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Había advertido al ministro Aguilar sobre controles irregulares
Arroceras: delegada sanitaria de la Nación confirmó graves daños a la salud y al ambiente
La delegada del Ministerio de Salud de la Nación en el Chaco, Ana Lía Otaño, reveló que advirtió en reiteradas oportunidades al gobierno provincial sobre los graves perjuicios que emprendimientos arroceros del departamento Bermejo ocasionaban a la salud de los pobladores vecinos a esas explotaciones y al medioambiente. Pese a eso, el Poder Ejecutivo pareció confiar más en sus propios sistemas de control, que informaban sobre una supuesta situación de normalidad que en los hechos no era tal.
De ese modo, la funcionaria federal salió al cruce de las afirmaciones de varios funcionarios provinciales, y principalmente del ministro de Economía, Eduardo Aguilar, de quien dijo que fue advertido por ella mediante notas y personalmente acerca de lo que estaba sucediendo en la zona de Las Palmas y La Leonesa.
Graves constataciones
Otaño, una médica de larga trayectoria, comento que el motivo de la puesta en vigencia del Decreto Nacional N° 21/09, que ordenaba investigar los efectos de los agrotóxicos en Ia salud humana, y ante la denuncia elevada por los vecinos bermejeños al Ministerio de Salud Pública de la Nación; se conformó por parte de esa cartera una comisión "a efectos de realizar un relevamiento de datos e informe sobre la situación denunciada por los vecinos. En mi carácter de Delegada Sanitaria Federal acompañé a los funcionarios que visitaron esta provincia en su recorrida por los alrededores de los establecimientos San Carlos y Cancha Larga, y en las entrevistas realizadas a pobladores del lugar", dijo.
"Considerando necesario que las autoridades de la provincia tuvieran conocimiento de la gravedad de lo que se había constatado in situ y tomaran medidas para evitar mayores daños a la salud y el ambiente; presenté notas ante distintos ministerios (de Producción, de Salud, de Gobierno). En lo que se refiere al licenciado Aguilar, además de las notas, conversé el tema personalmente, advirtiendo que el informe de la Dirección de Sanidad Vegetal (de la provincia) contenía información errónea", marcó.
Es que el informe de la dependencia provincial pintaba un panorama de corrección y normalidad que se chocó de narices con lo informado por los especialistas enviados por la Nación y a los que Otaño acompañó en su recorrida por el Departamento Bermejo.
Un mundo perfecto
El reporte de la Dirección de Sanidad Vegetal decía que las fumigaciones en las arroceras eran con productos habilitados por el Senasa, que el productor era ingeniero agrónomo "y por lo tanto, conoce las técnicas de aplicación", que el piloto que realizaba las pulverizaciones aéreas con agroquímicos "respeta y cumple" todas las normas de su función, y que la directora personalmente vio que alrededor de los campos en cuestión "cortinas rompevientos" y "que no hay barrios colindantes a los mismos".
Sin embargo, ese mundo perfecto se hacia trizas con las constataciones efectuadas por la comisión nacional, que notó que no había cortinas de árboles que frenarán la dispersión de los agroquímicos hacia las casas próximas a los campos, que los pequeños productores de las inmediaciones habían visto morir sus cultivos por los venenos que llegaban a sus predios, que habían comenzado a aparecer casos de niños con leucemia en una misma cuadra y que los vecinos sufrían vómitos y erupciones cada vez que el avión fumigador echaba su carga desde el aire. También comprobaron que el agua de los arrozales, al quedar gravemente contaminada con los agroquímicos, era luego echada a la misma fuente de la cual Sameep toma el agua para su servicio de red.
Un barrio librado a su suerte
Otaño resaltó el caso del barrio La Ralera, de La Leonesa, que se encuentra calle de por medio con el alambrado del establecimiento arrocero San Carlos, del que dijo que "solo tiene un alambrado y no existen cortinas arbóreas", como pudieron comprobar los enviados de la Nación. Por si fuera poco, Otaño pudo obtener también un informe de la Fuerza Aérea, fechado en abril de 2009, en el que se indicaba que tras una inspección realizada en la empresa fumigadora Servicio Agroaéreo SRL, de Las Palmas, tenía una de sus dos avionetas con certificado de aeronavegabilidad vencido, que en el aeródromo no se encontró el libro de movimiento de aeronaves y, en cuanto al personal, el piloto Gerardo Osvaldo Petruk dijo no tener disponible su licencia habilitante ni certificado de aptitud psicofísica. Era el mismo servicio de pulverizaciones del que la Dirección de Sanidad Vegetal había dicho que "respeta y cumple tanto las exigencias aeronáuticas como los requisitos que avalan su habilitación". Hasta el informe militar era más completo que el de Sanidad Vegetal. El memo elevado a la Jefatura Operativa de la Región Aérea Noreste describe tambien el resultado de una visita realizada a La Ralera, relatando el caso de un niño con leucemia, "siendo este uno de los numerosos casos
existentes en el barrio. Asimismo, se presentan patologías de todo tipo: cáncer de todo tipo en personas adultas, enfermedades de la piel, respiratorias y digestivas", documentadas por un médico de la zona. Los vecinos también contaron que las fumigaciones se hacían a baja altura, a veces pasando sobre las viviendas y sobre escuelas con niños adentro.
Aguilar sabía
Otaño dijo que de todo eso se le informó a Aguilar, señalándole que la descripción que hacía la Dirección de Sanidad Vegetal no era fiel, y que se le remarcaron las conclusiones del relevamiento nacional en la región. "El licenciado Aguilar sostuvo que los funcionarios de Sanidad Vegetal, en un segundo informe, manifestaron que 'tras la intervención de Sanidad Vegetal el productor suspendió aplicaciones aéreas en los bordes de los lotes, por lo que de esta manera los funcionarios admiten que se realizaban aplicaciones aéreas en esos bordes, que se encuentran a menos de 50 metros del barrio La Ralera. Por lo tanto no se respetaban los 1.000 metros de distancia que establece el decreto reglamentario de la Ley de Biocidas", hizo notar la delegada federal.
"Reconocen en ese informe que está el barrio La Ralera, y pese a que afirman que 'existen dos cortinas rompevientos' y que 'existe una zona interna sin cultivo', remiten una nota al productor para que en proximidades del barrio 'programe tareas de reforestación', lo que el productor se habría
comprometido a cumplir. Nada se dice respecto de si las infracciones detectadas dieron lugar a la tramitación de la aplicación de alguna sanción, de las previstas en la Ley de Biocidas", señaló Otaño.
"Resulta necesario informar a la opinión pública, y más aún dar respuesta oportuna a los reclamos de los ciudadanos, principalmente cuando se trata del control de la aplicación de productos que puedan afectar la salud humana, contaminar las aguas, degradar el ambiente y poner en riesgo
la biodiversidad; lo que además, en el caso particular, se agrava por la falta de control (reconocida por funcionarios del área) y la falta de estudios de impacto ambiental. Abierta la instancia judicial por los vecinos, más allá de someternos al juicio de la opinión pública como funcionarios responsables de la aplicación de las leyes y de garantizar los derechos de los administrados, deberemos dar informes a la Justicia; Justicia en la cual depositan su confianza los que no fueron escuchados ni vistos en otras instancias", planteó la delegada.
Tasas de cáncer infantil diez veces mayores
Los dos emprendimientos arroceros que se cuestionan en el departamento Bermejo generaron "evidencias contundentes de que la aplicación de agroquímicos está produciendo efectos escandalosos y dramáticos sobre la salud de la población de La Leonesa-Las Palmas", entre los cuales está el hecho de que "las estadísticas locales, sumadas a los casos que se trasladan a la ciudad de Buenos Aires, demuestran que existe una tasa de enfermos de cáncer infantil más de diez veces superior a la media mundial".
Así lo señala un documento emitido por el espacio Carta Abierta, a modo de conclusión de todo el volumen de información interdisciplinaria y de la que los propios pobladores de la zona aportaron en la jornada sobre agrotóxicos realizada recientemente en la Universidad Popular.
Elaborado como una carta abierta al gobernador, Jorge Capitanich, el texto advierte que por lo que esta sucediendo con las arroceras, "estamos ante una inminente avalancha de juicios penales y civiles contra el Estado provincial, con la ineludible responsabilidad del Poder Ejecutivo, por la no aplicacion de la Ley de biocidas",
Actividad inviable
"La actividad de la arrocera en Lo que concierne a la fumigación, es inviable en el departamento Bermejo, por la proximidad de las localidades y colonias. Se realizarán movilizaciones populares en contra, que irán en aumento porque las muertes y daños a la salud también se incrementarán inexorablemente", advierte el texto que suscriben Hugo Deschutter, Alicia Habegger, Ana María Urbinatti, Edgardo Pérez y Adrián Sorrentino.
Además, mencionan que los profesionales expositores en la jornada "informaron que según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable, el sitio Ramsar Humedales Chaco es uno de los tres biomas de más alta diversidad biológica del territorio Argentino y se está destruyendo, (por lo que) se impone protegerla de acuerdo con los convenios internacionales firmados oportunamente".
El grupo recomienda frente a todo esto cumplir la Ley de biocidas, que implica "suspender en forma inmediata las fumigaciones o pulverizaciones de agroquímicos según informa la ley a menos de 5.000 metros en La Leonesa- Las Palmas", cumplir las recomendaciones de especialistas nacionales, reconvertir la producción arrocera, conformar una comisión provincial multisectorial que se dedique al tema de manera urgente y que se desista de entregar a las empresas arroceras nuevas tierras, para evitar desalojos de los pequeños productores que las habitan.
"Hacemos propia una reflexión del doctor Horacio Lucero, premiado panelista de nuestra jornada: 'Solamente la ambición y el interés económico pueden intentar ocultar lo que está sucediendo; la evidencia científica es contundente, ¿qué otras pruebas quieren?"', expresa la nota, que reclama al gobernador "que tome las medidas necesarias para cumplir con nuestro mandato popular de terminar con años de desidia e impunidad en nuestra provincia".
Fuente: Diario Norte
http://www.chacodiapordia.com/noticia.php?n=39282
Acceso tardío a informe secreto de Salud Pública de la Nación
Así lo explicó el ministro de Economía, Eduardo Aguilar, al repasar las líneas de control que se cumplieron desde la Provincia para monitorear y atender las denuncias sobre el uso de agrotóxicos en el Departamento Bermejo.
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Según lo consigna Diario Norte en su edición de este miércoles, en un recuadro destacado con el título "Las respuestas sobre la arrocera" en una nota al titular del Ministerio de Economía del Chaco, Aguilar consideró como "legítima la preocupación de los habitantes de las localidades de Las Palmas y La Leonesa, y se puso a disposición para brindar toda la informacidn del caso".
Recordando que su Ministerio recibió dos notas de la delegada sanitaria de la Nación en el Chaco: una en noviembre de 2008 y otra en marzo de 2009. La primera pedía intervención de la Dirección de Sanidad Vegetal (un área técnica), que finalmente realizó un informe; en tanto que la segunda nota solicitaba que sea revisado ese primer documento.
Sobre este ultimo punto, dice el matutino, Aguilar recordó que el area técnica intervino y determinó la desafectacion de algunos cuadros de cultivos, de tal manera que quedaran alejados de barrios colindantes.
Asimismo, dijo que el entonces Ministerío de Economia, Producción y Empleo bajo su mando, tuvo acceso tardío a un informe secreto del Ministerio de Salud Pública de la Nación en la zona de producción de arroz, que recomendaba realizar un estudio del perfil de las enfermedades encontradas en la población
(Fuente: Diario Norte) Registro de Marca Nº 2098583 / Registro de la Propiedad Intelectual Nº 383.000
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Agroquímicos en La Leonesa-Las Palmas
Delegada sanitaria nacional afirmó que el gobierno estaba advertido
En una entrevista concedida a diario Norte, la delegada del Ministerio de Salud de la Nación en el Chaco, Ana Lía Otaño, remarcó que en reiteradas oportunidades se advirtió al gobierno sobre la contaminación de las arroceras en La Leonesa-Las Palmas
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Había advertido al ministro Aguilar sobre controles irregulares
Arroceras: delegada sanitaria de la Nación confirmó graves daños a la salud y al ambiente
La delegada del Ministerio de Salud de la Nación en el Chaco, Ana Lía Otaño, reveló que advirtió en reiteradas oportunidades al gobierno provincial sobre los graves perjuicios que emprendimientos arroceros del departamento Bermejo ocasionaban a la salud de los pobladores vecinos a esas explotaciones y al medioambiente. Pese a eso, el Poder Ejecutivo pareció confiar más en sus propios sistemas de control, que informaban sobre una supuesta situación de normalidad que en los hechos no era tal.
De ese modo, la funcionaria federal salió al cruce de las afirmaciones de varios funcionarios provinciales, y principalmente del ministro de Economía, Eduardo Aguilar, de quien dijo que fue advertido por ella mediante notas y personalmente acerca de lo que estaba sucediendo en la zona de Las Palmas y La Leonesa.
Graves constataciones
Otaño, una médica de larga trayectoria, comento que el motivo de la puesta en vigencia del Decreto Nacional N° 21/09, que ordenaba investigar los efectos de los agrotóxicos en Ia salud humana, y ante la denuncia elevada por los vecinos bermejeños al Ministerio de Salud Pública de la Nación; se conformó por parte de esa cartera una comisión "a efectos de realizar un relevamiento de datos e informe sobre la situación denunciada por los vecinos. En mi carácter de Delegada Sanitaria Federal acompañé a los funcionarios que visitaron esta provincia en su recorrida por los alrededores de los establecimientos San Carlos y Cancha Larga, y en las entrevistas realizadas a pobladores del lugar", dijo.
"Considerando necesario que las autoridades de la provincia tuvieran conocimiento de la gravedad de lo que se había constatado in situ y tomaran medidas para evitar mayores daños a la salud y el ambiente; presenté notas ante distintos ministerios (de Producción, de Salud, de Gobierno). En lo que se refiere al licenciado Aguilar, además de las notas, conversé el tema personalmente, advirtiendo que el informe de la Dirección de Sanidad Vegetal (de la provincia) contenía información errónea", marcó.
Es que el informe de la dependencia provincial pintaba un panorama de corrección y normalidad que se chocó de narices con lo informado por los especialistas enviados por la Nación y a los que Otaño acompañó en su recorrida por el Departamento Bermejo.
Un mundo perfecto
El reporte de la Dirección de Sanidad Vegetal decía que las fumigaciones en las arroceras eran con productos habilitados por el Senasa, que el productor era ingeniero agrónomo "y por lo tanto, conoce las técnicas de aplicación", que el piloto que realizaba las pulverizaciones aéreas con agroquímicos "respeta y cumple" todas las normas de su función, y que la directora personalmente vio que alrededor de los campos en cuestión "cortinas rompevientos" y "que no hay barrios colindantes a los mismos".
Sin embargo, ese mundo perfecto se hacia trizas con las constataciones efectuadas por la comisión nacional, que notó que no había cortinas de árboles que frenarán la dispersión de los agroquímicos hacia las casas próximas a los campos, que los pequeños productores de las inmediaciones habían visto morir sus cultivos por los venenos que llegaban a sus predios, que habían comenzado a aparecer casos de niños con leucemia en una misma cuadra y que los vecinos sufrían vómitos y erupciones cada vez que el avión fumigador echaba su carga desde el aire. También comprobaron que el agua de los arrozales, al quedar gravemente contaminada con los agroquímicos, era luego echada a la misma fuente de la cual Sameep toma el agua para su servicio de red.
Un barrio librado a su suerte
Otaño resaltó el caso del barrio La Ralera, de La Leonesa, que se encuentra calle de por medio con el alambrado del establecimiento arrocero San Carlos, del que dijo que "solo tiene un alambrado y no existen cortinas arbóreas", como pudieron comprobar los enviados de la Nación. Por si fuera poco, Otaño pudo obtener también un informe de la Fuerza Aérea, fechado en abril de 2009, en el que se indicaba que tras una inspección realizada en la empresa fumigadora Servicio Agroaéreo SRL, de Las Palmas, tenía una de sus dos avionetas con certificado de aeronavegabilidad vencido, que en el aeródromo no se encontró el libro de movimiento de aeronaves y, en cuanto al personal, el piloto Gerardo Osvaldo Petruk dijo no tener disponible su licencia habilitante ni certificado de aptitud psicofísica. Era el mismo servicio de pulverizaciones del que la Dirección de Sanidad Vegetal había dicho que "respeta y cumple tanto las exigencias aeronáuticas como los requisitos que avalan su habilitación". Hasta el informe militar era más completo que el de Sanidad Vegetal. El memo elevado a la Jefatura Operativa de la Región Aérea Noreste describe tambien el resultado de una visita realizada a La Ralera, relatando el caso de un niño con leucemia, "siendo este uno de los numerosos casos
existentes en el barrio. Asimismo, se presentan patologías de todo tipo: cáncer de todo tipo en personas adultas, enfermedades de la piel, respiratorias y digestivas", documentadas por un médico de la zona. Los vecinos también contaron que las fumigaciones se hacían a baja altura, a veces pasando sobre las viviendas y sobre escuelas con niños adentro.
Aguilar sabía
Otaño dijo que de todo eso se le informó a Aguilar, señalándole que la descripción que hacía la Dirección de Sanidad Vegetal no era fiel, y que se le remarcaron las conclusiones del relevamiento nacional en la región. "El licenciado Aguilar sostuvo que los funcionarios de Sanidad Vegetal, en un segundo informe, manifestaron que 'tras la intervención de Sanidad Vegetal el productor suspendió aplicaciones aéreas en los bordes de los lotes, por lo que de esta manera los funcionarios admiten que se realizaban aplicaciones aéreas en esos bordes, que se encuentran a menos de 50 metros del barrio La Ralera. Por lo tanto no se respetaban los 1.000 metros de distancia que establece el decreto reglamentario de la Ley de Biocidas", hizo notar la delegada federal.
"Reconocen en ese informe que está el barrio La Ralera, y pese a que afirman que 'existen dos cortinas rompevientos' y que 'existe una zona interna sin cultivo', remiten una nota al productor para que en proximidades del barrio 'programe tareas de reforestación', lo que el productor se habría
comprometido a cumplir. Nada se dice respecto de si las infracciones detectadas dieron lugar a la tramitación de la aplicación de alguna sanción, de las previstas en la Ley de Biocidas", señaló Otaño.
"Resulta necesario informar a la opinión pública, y más aún dar respuesta oportuna a los reclamos de los ciudadanos, principalmente cuando se trata del control de la aplicación de productos que puedan afectar la salud humana, contaminar las aguas, degradar el ambiente y poner en riesgo
la biodiversidad; lo que además, en el caso particular, se agrava por la falta de control (reconocida por funcionarios del área) y la falta de estudios de impacto ambiental. Abierta la instancia judicial por los vecinos, más allá de someternos al juicio de la opinión pública como funcionarios responsables de la aplicación de las leyes y de garantizar los derechos de los administrados, deberemos dar informes a la Justicia; Justicia en la cual depositan su confianza los que no fueron escuchados ni vistos en otras instancias", planteó la delegada.
Tasas de cáncer infantil diez veces mayores
Los dos emprendimientos arroceros que se cuestionan en el departamento Bermejo generaron "evidencias contundentes de que la aplicación de agroquímicos está produciendo efectos escandalosos y dramáticos sobre la salud de la población de La Leonesa-Las Palmas", entre los cuales está el hecho de que "las estadísticas locales, sumadas a los casos que se trasladan a la ciudad de Buenos Aires, demuestran que existe una tasa de enfermos de cáncer infantil más de diez veces superior a la media mundial".
Así lo señala un documento emitido por el espacio Carta Abierta, a modo de conclusión de todo el volumen de información interdisciplinaria y de la que los propios pobladores de la zona aportaron en la jornada sobre agrotóxicos realizada recientemente en la Universidad Popular.
Elaborado como una carta abierta al gobernador, Jorge Capitanich, el texto advierte que por lo que esta sucediendo con las arroceras, "estamos ante una inminente avalancha de juicios penales y civiles contra el Estado provincial, con la ineludible responsabilidad del Poder Ejecutivo, por la no aplicacion de la Ley de biocidas",
Actividad inviable
"La actividad de la arrocera en Lo que concierne a la fumigación, es inviable en el departamento Bermejo, por la proximidad de las localidades y colonias. Se realizarán movilizaciones populares en contra, que irán en aumento porque las muertes y daños a la salud también se incrementarán inexorablemente", advierte el texto que suscriben Hugo Deschutter, Alicia Habegger, Ana María Urbinatti, Edgardo Pérez y Adrián Sorrentino.
Además, mencionan que los profesionales expositores en la jornada "informaron que según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable, el sitio Ramsar Humedales Chaco es uno de los tres biomas de más alta diversidad biológica del territorio Argentino y se está destruyendo, (por lo que) se impone protegerla de acuerdo con los convenios internacionales firmados oportunamente".
El grupo recomienda frente a todo esto cumplir la Ley de biocidas, que implica "suspender en forma inmediata las fumigaciones o pulverizaciones de agroquímicos según informa la ley a menos de 5.000 metros en La Leonesa- Las Palmas", cumplir las recomendaciones de especialistas nacionales, reconvertir la producción arrocera, conformar una comisión provincial multisectorial que se dedique al tema de manera urgente y que se desista de entregar a las empresas arroceras nuevas tierras, para evitar desalojos de los pequeños productores que las habitan.
"Hacemos propia una reflexión del doctor Horacio Lucero, premiado panelista de nuestra jornada: 'Solamente la ambición y el interés económico pueden intentar ocultar lo que está sucediendo; la evidencia científica es contundente, ¿qué otras pruebas quieren?"', expresa la nota, que reclama al gobernador "que tome las medidas necesarias para cumplir con nuestro mandato popular de terminar con años de desidia e impunidad en nuestra provincia".
Fuente: Diario Norte
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