Martes 13 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa
Microcentro
Impiden que se haga una torre junto a una iglesia
Buenos Aires
La Justicia confirmó que no se puede construir junto a Catalina de Siena
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Saludos cordiales/Best Regards,
Dr. Mariano J. Aguilar
Suipacha 882 5to piso
CP: (1008) - C.A.B.A.
Argentina
Pho/Fax: (+54 11) 4328 4668La justicia porteña ratificó ayer la medida cautelar que frenó las obras para la construcción de una megatorre en el terreno lindero con la iglesia y monasterio Santa Catalina de Siena, declarados patrimonio histórico nacional y situados en el microcentro porteño.La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad confirmó la sentencia de primera instancia que había prohibido cautelarmente el comienzo de cualquier tipo de obra en el predio, situado en avenida Córdoba 402/444, entre Reconquista y Viamonte.Esa prohibición, emitida en septiembre de 2013, fue apelada por la constructora Santa Catalina de Siena y por el gobierno porteño, que autorizó la obra proyectada. Más exactamente, se trata de una torre destinada a oficinas comerciales, un hotel cinco estrellas, viviendas, apart hotel, locales comerciales y estacionamiento vehicular.Pero el tribunal de alzada rechazó las apelaciones. En su fallo, las juezas Mariana Díaz y Fabiana Schafrik cuestionaron la disposición 220/2011 de la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur), que estableció como factible el proyecto constructivo propuesto para el lote lindero con la iglesia. Sostuvieron que la norma fue dictada con posterioridad a una reforma efectuada al Código de Planeamiento Urbano, que afectó al entorno de Santa Catalina al distrito "APH Catedral al Norte"; esa categoría incluye nuevos parámetros edilicios que impiden realizar construcciones de la envergadura admitida en la disposición 220/2011.Esa reforma fue consagrada por medio de la ley 3943 que, recordaron, cursaba el trámite parlamentario de doble lectura cuando la Dgiur autorizó la megatorre.El gobierno porteño, consideraron las magistradas, "debió abstenerse de emitir actos administrativos cuya puesta en ejecución pudiera incidir en la zona objeto de modificación legislativa y, tras la sanción de la ley, ordenar la readecuación de los proyectos constructivos a las nuevas disposiciones aprobadas"..
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