CAMBIO DE ESTRATEGIA
Monsanto no levanta su mala imagen ni con una grúa...
En la Argentina, el tema resulta tan conocido como actual: Monsanto tiene una pésima imagen pública. Por eso, el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, aseguró que el conflicto entre grupos ambientalistas y la empresa Monsanto por la instalación de una planta de tratamiento de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas se resolverá a través de una “consulta pública”. El mecanismo surge de la Ley de Convivencia Ambiental que está discutiendo la Legislatura cordobesa. Desesperado por los problemas que tiene la inversión de Monsanto en Córdoba, De la Sota dijo que uno de los objetivos es “evitar deformaciones de tipo político interesado de aquellos que en vez de buscar soluciones crean problemas porque viven del problema”, planteó. Lo cierto es que Monsanto tiene problemas en muchos otros mercados. Y por eso, ahora Monsanto intenta acercarse al consumidor para revertir el rechazo a los transgénicos y destina millones a evitar que sea obligatorio etiquetar los alimentos modificados genéticamente.
"(...) para remediar una pésima reputación, primero hay que explorar las causas. "Realmente no la puedo explicar", reconoció Fraley, que la atribuyó sobre todo al hecho de ser vista como una empresa estadounidense y al "vilipendio" de la agricultura y la producción alimentaria. Pero también, a regañadientes, al pasado oscuro de Monsanto, como su producción del herbicida agente naranja que USA usó en la guerra de Vietnam o la contaminación en Alabama de unos componentes químicos. "Indudablemente el legado del pasado es un desafío para toda compañía", admitió. Aunque en su informe anual avisa de que la "aceptación pública" puede afectar sus ventas, de momento los beneficios de Monsanto siguen creciendo: hasta febrero ganó 1.670 millones de dólares, un 13% más que el año anterior. Ahora, su reto es lavar su imagen y ganar la batalla de la opinión pública, pero eso se presume mucho más complejo."
VALOR AGREGADO
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El gobernadorJosé Manuel De la Sota tuvo que aceptarlo: el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto en 2013 en Córdoba, “no fue de satisfacción de los técnicos de la provincia por considerar que tenía gruesos errores de implementación”.
Sin embargo, y ahí va la simpatía de De la Sota por Monsanto, la empresa tiene la posibilidad de presentar un 2do. estudio, que será sometido a una audiencia pública.“Si con eso quedan convencidos los vecinos, tal vez ya no haga falta una consulta popular o una votación”, subrayó De la Sota.
De lo contrario, habrá consulta popular.
Según De la Sota, para corregir los grandes problemas surgidos con Monsanto, la Ley de Convivencia Ambiental provincial “ya está determinando un mapa industrial” para que cuando las empresas tomen la decisión de instalarse “sepan que en el lugar que ellos elijan no habrá controversia”.
Pero Monsanto no tiene problemas sólo en Córdoba. Y por eso destina dinero a intentar revertir sus problemas.
Tal como la mayoría de grandes compañías de USA, Monsanto destina mucho dinero a lograr influencia política. En 2013 gastó US$6,9 millones en lobby en el Legislativo estadounidense, y en agencias gubernamentales, según datos del Center for Responsive Politics (CRP): se encuentra N°61 entre 4.126 organizaciones. Monsanto también hace donaciones a políticos. En el ciclo de las elecciones legislativas de noviembre próximo, ha otorgado el 72% de su presupuesto para el Partido Republicano, según el CRP. Desde 2002 sus donaciones han ido creciendo con fuerza. Uno de los más beneficiados por las donaciones de Monsanto es Roy Blunt, senador republicano por Missouri. Blunt, que también recibe donaciones de otras empresas agrícolas, reconoció que elaboró junto a Monsanto la polémica cláusula que se introdujo a última hora hace 1 año en una ley que forzaba al Departamento de Agricultura a ignorar hipotéticas decisiones judiciales que pudiesen bloquear sus aprobaciones a nuevas semillas transgénicas. La cláusula, que no se renovó a los 6 meses, fue bautizada como la 'Monsanto Protection Act'.
El futuro de los alimentos genéticamente modificados se juega en la opinión pública. La batalla entre partidarios y detractores de los transgénicos es feroz y en Monsanto son muy conscientes de ello. Tras años acumulando una pésima reputación, la mayor compañía de semillas del mundo ha decidido cambiar de estrategia: acercarse más al consumidor para tratar de convencer a escépticos y críticos sobre la seguridad de sus productos, y sus efectos positivos para la agricultura mundial.
"En los últimos veinte años casi todas nuestras actividades de comunicación y educación han estado enfocadas a los granjeros, y han ido muy bien. Pero el error que cometimos es que no pusimos suficiente esfuerzo en los consumidores. Pensamos que ese era el trabajo de la industria de alimentación", admitió el vicepresidente ejecutivo y responsable tecnológico de Monsanto, Robert Fraley, en un encuentro reciente con periodistas europeos en la sede central de la empresa en San Luis. La visita, organizada por el gigante agrícola, es un reflejo de su creciente interés por divulgar más sus actividades.
En 2011 la multinacional estadounidense, especializada desde hace dos décadas en desarrollar semillas alteradas genéticamente para resistir herbicidas y repeler insectos, fue considerada la compañía "más malvada" del mundo en una encuesta en Internet. Y el profundo rechazo que generan sus prácticas en capas de la población a lo largo del planeta se visualizó ampliamente en mayo del año pasado cuando en un mismo día se celebraron manifestaciones contra Monsanto en 436 ciudades de 52 países. La iniciativa la engendró una sola persona en Facebook y tras el abrumador éxito de convocatoria se repetirá el próximo 24 de mayo. Para cerrar el círculo, los sondeos indican que tres cuartas partes de los estadounidenses se declaran preocupados por la presencia de transgénicos en su comida -que están ampliamente autorizados y rondan el 80% de todos los alimentos-, la mayoría por el temor a efectos nocivos. En Europa -que solo permite un tipo de maíz-, el rechazo es del 61%, mientras en España del 53%, según las últimas encuestas, de 2010.
