Otra vez la guerra con químicos
Camilo González Posso
El gobierno de Santos continúa con la política equivocada de fumigar y fumigar como parte de la lucha antisubversiva.
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El anuncio de que ya están listos los aviones para retomar las aspersiones en la costa Pacífica de Nariño y Cauca, en el Guaviare, Caquetá, Catatumbo y regiones de Córdoba y Antioquia ha motivado una alerta en esas regiones y también el mensaje de urgencia de importantes organizaciones para que se haga presente en Colombia el relator de las Naciones Unidas para el derecho a la salud y un delegado especial de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El 15 de febrero se reanudan las fumigaciones aéreas de las parcelas campesinas sembradas con plantas de coca, sin que el Presidente haya incluido algún replanteamiento de este tema que fue parte de las demandas del paro agrario el año pasado. Desde hace más de tres décadas las organizaciones defensoras de los derechos humanos y decenas de investigadores de prestigiosas universidades han reclamado que se suspenda esa práctica de bombardear predios de cultivadores de coca con una mezcla de glifosato, POEA, CosmoFlux 411F, CosmoInD y otras sustancias. La respuesta ha sido siempre que la aspersión con esa mezcla no significa mayor riesgo para la salud humana ni para el medioambiente, y en cambio sí es efectiva destruyendo cultivos ilegales, reduciendo la oferta de insumos para la producción de cocaína y castigando a los productores que se meten en ese circuito ilegal. No se cumplen siquiera las mínimas instrucciones que tiene la Monsanto para el uso del glifosato en jardinería o agroindustria, y se alega que es inocua la utilización masiva de alta concentración y en operaciones de guerra.
Así se ha llegado a la cifra de 1,6 millones de hectáreas regadas con defoliantes y sus complementos, con lo que se impacta, desde que se inició el Plan Colombia, a por lo menos 250.000 familias microfundistas y a los ecosistemas.
¿Tendrán eco estos nuevos llamados a parar la guerra con químicos? Los argumentos contra las fumigaciones aéreas con químicos como estrategia de la guerra antidrogas y antiterrorista han sido los mismos desde que se inició el Plan Colombia y la intervención de Estados Unidos: esas prácticas violan las normas del Derecho Internacional Humanitario, dañan bienes civiles y presionan desplazamientos forzados; se hacen sin las mínimas precauciones de cuidado de cuerpos de agua, peces y organismos acuáticos, sin medidas efectivas de precaución con animales domésticos, flora y fauna en las parcelas; con frecuencia se fumigan seres humanos y cultivos legales y, a pesar de las normas y sentencias de la Corte Constitucional, no se respetan los derechos a la consulta a las comunidades étnicas.
Estos alegatos, sumados a la relación de investigaciones sobre los graves riesgos para la salud que tienen las sustancias utilizadas, han sido suficientes para que en ningún otro país del mundo se autorice la fumigación aérea con químicos como arma de guerra antidroga, ni siquiera en Afganistán, que es el primer productor de amapola y opio, y menos en los Estados Unidos, que es el primer productor de marihuana en parques naturales.
Funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos han comentado que no pararán las fumigaciones aéreas hasta que exista una petición firme del gobierno colombiano con el visto bueno del Comando Sur. Los proveedores de químicos y de aeronaves han redoblado el ‘lobby’ con sus parlamentarios amigos para defender su negocio. Y el gobierno de Santos continúa con la política equivocada de fumigar y fumigar como parte de la lucha antisubversiva y por lo menos hasta que se pase al posconflicto, es decir, después del 2015 si nos va bien.
La cuestión ahora es si tendrá efecto la presencia del relator de Naciones Unidas, que es el mismo que apoyó a Ecuador en su demanda contra Colombia, al reconocer evidencia de daño a la salud física y mental de la población de Ecuador como resultado de las fumigaciones al otro lado de la frontera.
Otra pregunta es si el Gobierno tiene la audacia, autonomía y capacidad para acoger la propuesta campesina de un programa de sustitución gradual como parte de planes regionales de desarrollo y paz. ¿El presidente Santos –que no ha cesado de hablar en varios escenarios internacionales sobre la necesidad de revisar la política antidrogas– podrá sorprender con un acuerdo inmediato que incluya la suspensión de la guerra con químicos en las zonas identificadas en un pacto con la MIA y otras organizaciones campesinas y étnicas? No hay muchas señales en esa dirección, pero a veces le llega el turno a la dignidad o a la conveniencia de escuchar a los defensores de los derechos humanos en el ámbito internacional.
camilogonzalezposso@gmail.com
Camilo González Posso
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