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14/01/2010 - Vecinos de La Leonesa y Las Palmas dicen “basta” a las fumigaciones
Denuncian a arroceras por el uso de agroquímicos
Si bien no hay estadísticas, aseguran que el número de personas enfermas de cáncer y con malformaciones se elevó en los últimos años. Advierten que el tóxico de la fumigación llega a las viviendas y a las fuentes de donde se abastece Sameep.
8/06/2009 -
Solicitan al Ejecutivo que prohíba el uso del glifosato
La Cámara de Diputados solicitó al Poder Ejecutivo que prohíba el uso del glifosato, atento a los estudios realizados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y los daños comprobados a personas y medio ambiente, fundamentalmente en la zona de La Leonesa con las arroceras y en Gancedo con la soja.
La Legislatura aprobó la iniciativa de la titular de la Comisión de Tierras, Clelia Ávila, quien solicitó hacer cumplir lo establecido en el artículo 12 de la ley provincial 3.378 que habilita al Poder Ejecutivo a prohibir, restringir, limitar o suspender en el territorio provincial la introducción, fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización y aplicación de cualquier plaguicida o agroquímico cuando de estudios técnicos se determine que los efectos producen daños en seres vivos o en el medio ambiente.
“A partir de los estudios publicados por el Conicet que determinan que el uso del glifosato y endosulfam producen daño a los seres vivos y al medio ambiente, fundamentalmente en la zona de La Leonesa con las arroceras y en Gancedo con la soja, se desprende que ese producto debe ser prohibido”, afirmó la legisladora.
La Cámara de Diputados solicitó al Poder Ejecutivo que prohíba el uso del glifosato, atento a los estudios realizados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y los daños comprobados a personas y medio ambiente, fundamentalmente en la zona de La Leonesa con las arroceras y en Gancedo con la soja.
Denuncian a arroceras por el uso de agroquímicos
Si bien no hay estadísticas, aseguran que el número de personas enfermas de cáncer y con malformaciones se elevó en los últimos años. Advierten que el tóxico de la fumigación llega a las viviendas y a las fuentes de donde se abastece Sameep.
Convocados en el sindicato Utre CTERA, vecinos de la Leonesa y Las Palmas, denunciaron un grave aumento de enfermedades y malformaciones de los lugareños por la utilización de agroquímicos para la fumigación por parte de las arroceras que bordean las localidades. Solicitan “que se cumpla la ley de Biocidas”, responsabilizando de la situación a los dueños de las empresas, a funcionarios municipales y provinciales “por la violación de nuestros derechos” en deterioro de la salud.
En contacto con elDIARIO de la Región, los habitantes de las localidades manifestaron su preocupación y descontento por la situación “gravísima” que transitan por el incumplimiento de las leyes. Denunciaron que, actualmente se está fumigando con mayor intensidad desde avionetas, por lo cual el tóxico llega a las viviendas urbanas, sobre cultivos, y sobre fuentes de agua de consumo. Los agrotóxicos utilizados son “glisofato, endosulfan, metamidofos, clorpirifos y piclorán, entre otros”.
La arrocera denunciada es propiedad de Eduardo José Meichtry, quien posee una extensión de aproximadamente 3 mil hectáreas, y se volcó a la fumigación aérea, violando las leyes y yendo en detrimento de los derechos de los ciudadanos de Las Palmas y La Leonesa. Según reza el artículo 16 de la Ley de Biocidas, “las empresas agro-aéreas no deberán operar con tanques llenos de agroquímicos a una distancia menor de mil metros de los centros poblados, no pudiendo sobrevolarlos aún después de haber agotado su carga”.
GRAVÍSIMAS
CONSECUENCIAS
Según comentaron los denunciantes, “en el día de ayer, con la velocidad del viento bastante evidente, se ha fumigado/pulverizado, en forma aérea en el establecimiento San Carlos durante horas de la mañana”. Detallaron entonces que los moviliza puntualmente los casos de niños que han recibido el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda en los últimos meses y del fallecimiento de otro niño con patología asociada a las que producen los agrotóxicos mencionados.
Laura Mazzitelli es una de las madres desesperadas por las consecuencias que está ocasionando la utilización de agrotóxicos ya que tiene un hijo de 10 años que sufrió leucemia, y por recomendaciones médicas necesita de un sumo cuidado sin exposición a los “agroquímicos”. Si bien, aclararon que “no hay estadísticas sobre las víctimas de la arrocera”, en los últimos años se incrementaron las enfermedades y las malformaciones en los niños recién nacidos.
SIN RESPUESTAS
Si bien, esta situación deviene de hace años, desde 2008 se está reclamando a los funcionarios de municipios locales, de la administración nacional y provincial, pero “no pasó nada”. También la Comisión de Salud del Ministerio de Salud de la Nación visitó la zona en marzo del año pasado, relevando datos, y concluyó en que: “Se reconocen evidencias claras de impacto de los agrotóxicos por fuera de los límites de los establecimientos arroceros” y que “los elevados requerimientos de agua que tiene la producción arrocera conllevan importantes riesgos para las comunidades asentadas en esos territorios por las dificultades para garantizar abastos de calidad sostenida para el uso humano”.
Y cuando dicen que “no pasó nada”, se fundan en que “por parte de la Provincia no se ha tomado ninguna medida”, explicando que se le hizo llegar el informe al ministro de la Producción, a la directora de Sanidad Vegetal, a las autoridades de la APA, de Sameep, al Ministerio de Educación, entre tantos otros, pero sin embargo, “no hemos recibido respuestas”. Por el contrario, “se amplía el área de cultivo y se fumiga más que antes”, se quejaron.
Por ello, reclamaron que se aplique la Ley de Biocidas y su decreto reglamentario, como también que se tengan en cuenta las recomendaciones del informe de la Comisión de Salud de la Nación.
“Principalmente la que recomienda impedir la dispersión aérea de agroquímicos a un radio no inferior a 5 mil metros de todo lugar habilitado, sea éste urbano o rural”.
Además de “extremar las medidas precautorias de la calidad de los cursos de agua y mantener un sistema de vigilancia que asegure que no se devuelvan aguas contaminadas a cursos libres”.
Los vecinos responsabilizaron así de la situación a los empresarios, funcionarios municipales y provinciales “por la violación a nuestros derechos establecidos en el artículo 38 de la Constitución provincial en el artículo 41 de la Constitución nacional y en los tratados internacionales incorporados en la misma; por los daños a la salud y a la vida de nuestros niños, de nuestros vecinos, por la contaminación y degradación del medio ambiente y la afectación de la biodiversidad característica de nuestra zona”.
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