30/6/2012 - 01:05
La Arena del Campo. Daños ambientales y en la salud
El caso de Barrio Ituzaingó Anexo ha tenido repercusión nacional. Desde hace una década, los pobladores cordobeses denuncian que numerosas muertes y casos de cáncer obedecen a las aplicaciones de agroquímicos en campos contiguos a la barriada.
Dos productores agropecuarios y un piloto fumigador están siendo juzgados, acusados de haber provocado, supuestamente, contaminación ambiental por el uso de sustancias peligrosas para la salud humana. Los hechos que serán examinados por un tribunal de la ciudad de Córdoba, ocurrieron presumiblemente cuando la Municipalidad de Córdoba ya había declarado al grupo poblacional de barrio Ituzaingó Anexo en emergencia sanitaria, entre otras razones, por la presencia de productos agroquímicos contaminantes.
Según la acusación, en las fumigaciones realizadas sobre los campos ubicados en la inmediaciones de barrio Ituzaingó se utilizó endosulfán y glifosato, en violación a la Ley de Agroquímicos de Córdoba N° 9164, que prohíbe la aplicación aérea de dichos productos agroquímicos en un radio menor a los 1.500 y 500 metros de distancia de las poblaciones urbanas, respectivamente.
En el juicio iniciado sólo se juzga si las fumigaciones se concretaron en violación de las normativas municipales, provinciales y nacionales, mientras que hay otra investigación en marcha por supuestos casos de enfermedades resultantes. Una de las impulsoras de la causa fue Sofía Gatica, vecina del barrio Ituzaingó Anexo, hecho por el cual, en abril pasado, fue distinguida con el Premio Ambiental Goldman que todos los años se concede en San Francisco (Estados Unidos).
Ultimas noticias.
Las audiencias iniciadas a mediados de junio fue postergado por la Cámara del Crimen de Córdoba hasta el 18 de julio, luego de que el fiscal ampliara la acusación que pesa contra uno de los tres imputados. El tribunal decidió aplazar la continuidad del debate oral tras la feria judicial de invierno (entre el 2 y el 15 de julio), para que el abogado del productor agropecuario Francisco Parra pueda reorganizar su defensa en función de la ampliación de la imputación. Parra, al igual que Jorge Gabrielli, ambos dueños de los campos de soja ubicados en los alrededores del barrio Ituzaingó Anexo, estaba imputado como presunto instigador del delito de contaminación ambiental, artículo 55 de la Ley 24.051. Ahora, a Parra le imputan ser presunto coautor de contaminación dolosa reiterada. Asimismo, se le atribuye la perduración en el tiempo del delito, desde octubre de 2003 a febrero de 2004 y la aplicación de nuevas sustancias tóxicas -supuestamente DDT y Dieldrín, 2.4-D y clorifos, además de endosulfán y glifosato- en los campos aledaños a barrio Ituzaingó Anexo.
Declaración universitaria.
La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba hizo una declaración sobre este juicio, minimizando los efectos nocivos de los agroquímicos. "A la fecha, los testimonios de enfermedades y muertes que existieron y existen no pueden ser atribuidas, de manera simplificada, exclusivamente a las pulverizaciones", sostuvo Alicia Cavallo, ingeniera agrónoma del departamento de Producción Vegetal de la universidad, que firma el documento. Y añade: "Reconocemos que si bien los plaguicidas son tóxicos, con un manejo apropiado no son suficientes para causar tantas muertes". "Cambiemos temor por conocimiento", añade el artículo y sigue: "Si bien los plaguicidas son tóxicos, con un manejo apropiado no son suficientes para causar tantas muertes (en referencia a las denuncias de los vecinos de Ituzaingó). Al respecto, es muy difícil que se hayan utilizado insecticidas clorados prohibidos, ya que estos no se comercializan en el país desde hace mucho tiempo. Sin embargo, residuos de algunos de estos clorados pueden permanecer mucho tiempo en el suelo y en sustratos inertes".
Glifosato tóxico.
Ricardo Luis Mascheroni, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, escribe en un artículo (Aguafuertes Ambientales) que "la Agencia de Protección Medioambiental ya reclasificó los plaguicidas que contienen glifosato como clase II, altamente tóxicos, por ser irritantes de los ojos" y añade que "la Organización Mundial de la Salud describe efectos más serios; en varios estudios con conejos, los calificó como "fuertemente" o "extremadamente" irritantes". Dice el autor que "las fórmulas conteniendo glifosato producen mayor toxicidad aguda que el glifosato sólo".
La cantidad de Roundup (glifosato + POEA) requerida para ocasionar la muerte de ratas es tres veces menor que la de gifosato puro. En cuanto a las formas de exposición, la toxicidad de ambas presentaciones (glifosato puro, fórmulas compuestas) es mayor en casos de exposición dérmica e inhalatoria (exposición ocupacional) que en casos de ingestión.
Debates locales.
Al tiempo que se ponía de nuevo en la agenda noticiosa el uso de los agroquímicos y sus efectos nocivos, se conoció que en Winifreda los responsables de la comuna quieren regular el uso de estos productos. La preocupación no se instaló sólo en esa localidad. Hay otros pueblos pampeanos que están buscando una mayor regulación de estos productos, al ver que las maquinarias que se utilizan para la aplicación de químicos entran y salen de los pueblos sin ningún tipo de control. O al corroborar que avanza el desarrollo del cultivo de soja, que es el que principalmente utiliza el glifosato, principal producto en cuestión.
En Winifreda, la preocupación tiene que ver con aspectos en general del uso de agroquímicos y en particular, con la distancia entre el campo y la ciudad a partir de la cual se realizan las aplicaciones; sobre si las máquinas pulverizadoras ingresan al radio urbano; si hay control de los productos aplicados y qué ocurre con los bidones ya usados.
La intendenta, Marta Berg, señaló que se hizo una audiencia pública respecto de este tema para luego "saber qué tenemos legislado en el pueblo y qué nos falta", para después sancionar una ordenanza que regule el uso, manejo y aplicación de herbicidas y productos similares en el ejido comunal.
Se dice que no hay controles suficientes en la provincia. Que los productores agrícolas usan los productos según las indicaciones que se les dan, pero lo cierto es que no hay una infraestructura adecuada para un control masivo y regular. Y también que los datos arrojan aumentos en la producción de soja, con lo cual se infiere que hay un mayor uso de glifosato. Será un tema para seguir analizando.
Redacción.
Frigorífico con buen final
En el lugar donde se levantaba el frigorífico, a cinco cuadras de la plaza de Pellegrini, funciona hoy un basurero municipal donde se acumulan residuos tóxicos como glifosato, atrasina, treflan, clorados y fosforados.
En estos días donde las noticias referidas a los frigoríficos pampeanos no son nada buenas, desde el límite provincial surgió una historia que adquiere ribetes cinematográficos pero que, al mejor estilo Hollywood, tiene un final feliz. La escena se desarrolla en Pellegrini, la localidad bonaerense que se ubica a la vera de la ruta nacional 5, a solo 25 kilómetros del límite con nuestra provincia. Allí, se inició un conflicto en el año 2004 entre el empresario Gabriel Berterreix, dueño del frigorífico Pampa Oeste S.A. y el intendente Miguel Angel Pacheco.
En ese momento, Berterreix denunció al gobierno local por haberlo desalojado del frigorífico de su propiedad, siendo "extorsionado y humillado ante la sociedad". El empresario señaló a Héctor Ferreyrola, ex juez de Faltas y actual jefe de bloque de la UCR en el Concejo Deliberante, como responsable jurídico de que le revocaran por decreto la concesión del predio que dos años antes le reconocieran, derivando todas las acciones en un estudio de Trenque Lauquen "del mismo color político".
"Pararon la actividad del frigorífico, me lo intentaron robar por decreto y por una deuda tributaria que se canceló el 1º de diciembre del 2004. No le debo un peso al municipio", aseguró en su momento Berterreix a Nova, una agencia de noticias platense.
En estos días y luego de años de intensas gestiones, Berterreix logró recuperar el predio a través de una compra en 160 mil dólares. Ese lugar donde se levantaba el frigorífico es hoy un basurero municipal donde se acumulan residuos tóxicos como glifosato, atrasina, treflan, clorados y fosforados, a cinco cuadras de la Plaza Principal y la Iglesia del pueblo.
La tasación oficial del frigorífico es del año 2006, de acuerdo al fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Trenque Lauquen. El intendente Miguel Ángel Pacheco se negó durante todo el proceso a encarar un arreglo conciliador para "encausar el problema de la mejor manera".
El empresario señaló que el robo del predio "derivó en un juicio por daños y perjuicios por 3.200.000 pesos". Al volver a adquirir el frigorífico, el municipio "queda fuera de su explotación", además de ceder la escritura y desembolsar el monto estipulado más los intereses. El municipio ya fue notificado debidamente de la compra.
Berterreix recordó que en noviembre de 2011 el intendente Pacheco "intentó vender el frigorífico por licitación en 1.600.000 pesos, o sea, el doble de la tasación oficial, pero la licitación y el remate quedaron desiertos". "Todo esto -agregó-, ocultando el juicio por daños y perjuicios".
Berterreix analizó además que, durante los últimos años, el gobernador Daniel Scioli y el por entonces ministro de Asuntos Agrarios, Ariel Franetovich, "fueron hechos cómplices necesarios del robo por decreto y la faena clandestina ante el respeto que tienen a las autonomías municipales, porque la firma Pampa Oeste no merecía semejante destrato".
Incendio.
Hace dos años, el empresario denunció que, con el supuesto objetivo de ocultar las pruebas incriminatorias del desalojo a que lo sometieron, allegados a la comuna "incendiaron" el edificio comunal. El objetivo, dice, fue "tapar las pruebas".
El caso se agrava con el suicidio, el 6 de enero pasado, del inspector de Tránsito municipal, Rolando Ascola, a quien las autoridades municipales "enfrentaron" con la sociedad pellegrinense a través de distintas multas y causas "armadas".
Berterreix ratificó su denuncia al municipio el 29 de febrero ante la UFI Nº 1, a cargo del fiscal Omar Flores. En esa causa responsabiliza al intendente Miguel Ángel Pacheco y al inspector general y el contador del municipio, Ariel Ballesteros y Carlos Urturi respectivamente, de ser "instigadores y autores intelectuales", del suicidio de Ascola.
De avanzar la causa judicial y comprobarse que la comuna estuvo involucrada en el incendio de hace dos años, además de la denuncia por el suicidio del funcionario, podría peligrar la continuidad de Pacheco al frente de municipio.
Iván Roldán
Redacción La Arena
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