EN LA JUSTICIA FEDERAL
Avanza la causa penal por las fumigaciones con glifosato en Acheral
Por orden del juez federal Bejas, la Gendarmería concretó un allanamiento y secuestró pesticidas en un campo sembrado con soja en dicha localidad. La causa se inició a partir de las publicaciones realizadas por EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la zona, que vieron afectada su salud como consecuencia de las fumigaciones.
por las fumigaciones.
RECLAMOS. La Justicia se hizo eco de las denuncias de los vecinos de Acheral, preocupados por las fumigaciones.
.20/06/2012 10:34 PM
La causa penal iniciada en la Justicia Federal de Tucumán, a partir de las notas que publicó EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la localidad de Acheral por las fumigaciones con glifosato en un campo de soja ubicado a metros de sus casas y de una escuela, comenzó a tomar impulso esta semana.
Por orden del titular del Juzgado Federal I, Daniel Bejas, personal de la Gendarmería Nacional realizó una serie de allanamientos en ese predio y secuestró una importante cantidad de agrotóxicos, cuya utilización en zonas urbanas estaría expresamente prohibida por las normas vigentes.
La causa se inició en febrero último, mediante una actuación de oficio realizada por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, tomando como eje las publicaciones de nuestro diario respecto a las fumigaciones con glifosato en Acheral. El fiscal requirió una serie de medidas a los fines de constatar la posible comisión de un delito ambiental por parte de los responsables de ese campo sembrado con soja, cuyo arrendatario es Ariel Mena.
El juez Bejas confirmó a EL SIGLO la concreción de los allanamientos por parte de la Gendarmería y dijo que está "a la espera de los informes para evaluar los pasos a seguir en la investigación".
El magistrado informó que lo que se procura indagar es si el herbicida utilizado en las fumigaciones está dentro de los elementos prohibidos por normas nacionales, como la ley 24.051 (de Residuos Peligrosos), por un lado, y si existe una cuestión interjurisdiccional que habilite la prosecución de la causa en el fuero Federal, por otro.
En este sentido, explicó que la investigación apunta a determinar si, tal como se sospecha, el potente pesticida utilizado en ese campo de soja es arrastrado, por efectos del riego o las lluvias, hacia un arroyo que desemboca en un tributario de la cuenca Salí-Dulce. Para corroborar esta situación, Bejas ordenó la realización de una fotografía satelital que muestre el recorrido que realiza el curso de agua lindero con el terreno a los fines de determinar si, efectivamente, desemboca en alguno de los ríos tributarios del Salí-Dulce. De constatarse esa situación, el dueño del terreno podría quedar imputado por la comisión de un delito federal, puesto que afectaría un recurso hídrico compartido por las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.
El peso de las noticias
Por su parte, Gómez resaltó el hecho de que hayan sido los informes periodísticos de EL SIGLO el sustento principal para el inicio, de oficio ,de la causa penal.
"A pesar de que la gente no cree en la administración de justicia, esto demuestra que los fiscales con un recorte de un diario pueden iniciar una causa penal, y que aún sin que alguien vaya a Tribunales a realizar una denuncia, a veces lo que informa la prensa sirve para poder investigar un delito ambiental. Esta es una luz para aquellos que todavía no creen en el sistema", reflexionó el fiscal en diálogo con nuestro matutino.
Las notas periodísticas que dieron origen a esta causa penal en la Justicia Federal fueron publicadas por EL SIGLO en las ediciones del 21 de febrero y del 17 de marzo de este año.
En el primer informe, con el título "Fumigaciones con glifosato y problemas de salud en la localidad de Acheral", este diario hizo públicas las denuncias de los habitantes de esa comuna, ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, sobre la utilización de ese herbicida en un campo de soja, ubicado a metros de sus casas y frente a una escuela. En esa oportunidad, los vecinos aseguraron que desde que se iniciaron las fumigaciones en ese terreno, en diciembre de 2011, varias personas que viven en la zona enfermaron, sin recibir respuestas pese a las quejas planteadas al delegado comunal, Víctor Hugo Cardozo. En la nota mencionada, los ciudadanos Alfredo Olea, María Villarreal, Graciela Salomón y Norberta Lorenzo, entre otros, relataron a este diario que el último 9 de enero "se fumigo a las 9 de la mañana eran 4 de la tarde y no se aguantaba el olor del veneno, se murieron perritos y pollos, los árboles de las veredas estaban todos amarillos. Además, varias personas presentaron problemas respiratorios, a la vista, dermatológicos, y del aparato digestivo durante todo el día. Cuando fumigaron, Analía Galindez nos contó que estuvo todo ese día con vómitos, mareos y mucho dolor de cabeza, como así también toda su familia, en especial sus hijos", graficaron los vecinos, en una visita a nuestra redacción.
El pasado 17 de marzo, EL SIGLO publicó una segunda nota, con el título "Volvió la tensión a Acheral por las fumigaciones en un campo de soja", informando que el arrendatario del terreno había retomado esa actividad, con las mismas consecuencias para la población, pese a que la Justicia Federal ya había iniciado una causa penal.
Esa última información también había sido revelada en exclusiva por nuestro diario el 23 de febrero, en un informe titulado "La Justicia Federal inició una causa penal por el uso de glifosato en Acheral".
Antecedente
Gómez también destacó el impulso que podría tener esta causa ,iniciada a raíz de las denuncias realizadas a la prensa por vecinos de Acheral, con el juicio oral y público que se realiza en Córdoba contra productores acusados de haber fumigado en inmediaciones de un barrio. "Este es uno de los primeros procesos que se realizan en el país por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud, contra tres productores sojeros y dos aeroaplicadores. A partir de esto, se podría avanzar con la investigación de este tipo de delitos en otras provincias, como Tucumán", detalló.
La causa a la que hizo alusión Gómez se inició en 2002, cuando un grupo de madres del barrio Ituzaingó denunció la existencia de numerosos casos de cáncer en esa zona periférica de la ciudad.
Esas mujeres aportaron una serie de pruebas y testimonios según los cuales, en años anteriores habían detectado que casi 200 personas habían contraído cáncer y cera de 100 habían fallecido como consecuencia de esa enfermedad.
Más tarde, en 2008, fue iniciado otro expediente en los tribunales de la ciudad de Deán Funes, contra un productor rural y un aplicador aéreo, acusados de arrojar plaguicidas tóxicos en cultivos adyacentes al norteño pueblo de Villa de María de Río Seco.
Por disposición de la Corte Suprema de Justicia de Córdoba, ambas causas fueron unificadas para su juzgamiento.
A los imputados en el juicio se los acusa de violación de la ley provincial de Agroquímicos 9164, que prohíbe precisamente la aplicación aérea de endosulfán o glifosato, en cultivos ubicados en proximidades de zonas pobladas.
Dicha norma establece expresamente la prohibición de realizar fumigaciones con endosulfán a una distancia menor a 1500 metros de una zona urbana, y de glifosato a menos de 500 metros, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
A raíz de los antecedentes recopilados, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) exigió que se investigara a todos los responsables y que se estableciera "la relación de causalidad entre las conductas denunciadas y el centenar de muertes registradas, como así también el impacto en la salud a casi 5000 vecinos del lugar".
Paralelamente, y en función a los estudios previos que la fiscalía de instrucción actuante ordenó realizar en organismos públicos, se detectó la existencia de tres posibles causas contaminantes.
En primer término figura la fumigación clandestina con agroquímicos peligrosos para la salud, el PCB de los transformadores instalados en ese barrio por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y el agua destinada al consumo humano contaminada por arsénico y plomo.
En los argumentos esgrimidos por la fiscalía a la hora de solicitar la elevación a juicio de la causa se sostiene que este peligroso cóctel contaminante dejó enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
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