RECICLAJE ¿VOLUNTARIO U OBLIGATORIO?
La experiencia del puerta a puerta de Usurbil ha devuelto la esperanza a Gipuzkoa. En un año ha quedado demostrado que, tanto económica como socialmente, es viable gestionar nuestros residuos de una manera responsable y sostenible. Usurbil presenta la prueba fehaciente de que Gipuzkoa es capaz de superar los vertederos tóxicos y que si hacemos las cosas bien desde el principio, podemos evitar la construcción de la incineradora.
No obstante, el carácter obligatorio que tiene el reciclaje en Usurbil ha abierto otro debate, seguramente incómodo para algunos, desde un punto de vista político, pero que muchos consideramos necesario. ¿Deben los ayuntamientos obligar a separar los residuos de forma que se puedan reciclar? Algunos partidos políticos insisten en la idea de que no. Dicen que prefieren que el reciclaje siga siendo voluntario, como hasta ahora. Otros, sin embargo, pensamos que reciclar debe ser obligatorio, como lo es en San Francisco (EEUU), Seattle(EEUU) o Taipei (China).
San Francisco es un ejemplo interesante, entre otras cosas porque, salvando las distancias, existe cierto parecido entre Gipuzkoa y el área metropolitana de San Francisco, que reúne a unas 750.000 personas. Allí en 2008 se dieron cuenta de que al ritmo que iban llenarían el vertedero de Altamont en cinco años. Saltaron las alarmas. Abrir otro vertedero o construir una planta incineradora no eran alternativas, porque ambas opciones supondrían un incremento inasumible en la tasa de reciclaje y el alejamiento definitivo de los compromisos adoptados por la ciudad en materia de prevención de la salud y el calentamiento global.
La preocupación no sólo venía de la urgencia de encontrar una solución. Había un hecho todavía más significativo: su sistema de reciclaje basado en la voluntad de los ciudadanos había fracasado. El mismo estudio que ponía la fecha de cierre al vertedero constataba que después de millones de dólares invertidos en programas de reciclaje, después de décadas de agotadoras campañas de concienciación entre la población y ofrecer generosos incentivos fiscales, el 36% de lo que llegaba al vertedero de Altamont seguía siendo material compostable y había otro 31% que habría sido perfectamente reciclable si se hubiera recogido de manera selectiva (sobre todo papel y envases ligeros). Frente a esa situación, decidieron agarrar el toro por los cuernos: desde el año pasado en San Francisco reciclar es obligatorio. Y ahora el sistema funciona. En un año han alcanzado la cota de reciclaje del 70% y para 2020 esperan rozar el sueño de residuo cero.
El fracaso de los sistemas voluntarios no es atribuible a San Francisco. Es generalizado. Cuando la participación de la ciudadanía es voluntaria, la tasa de reciclaje rara vez supera el 35%. Eso ocurre porque los sistemas voluntarios premian a los que no quieren reciclar. Los sistemas obligatorios como el puerta a puerta, en cambio, premian a quienes sí quieren hacerlo. El gobierno debe legislar del lado de estos últimos.
En Gipuzkoa, tal y como están los vertederos, si sólo reciclamos el 35% no es posible evitar la incineradora. La realidad es que la incineradora necesita que el reciclaje sea voluntario para justificar su construcción. La Diputación Foral de Gipuzkoa es plenamente consciente de esa situación. A pesar de que públicamente ha sobredimensionado los resultados del 5º contenedor, en su Plan integral de gestión de Residuos Urbanos de MSM 2002-2016 se puede leer que para 2016 calcula incinerar el 70% de los residuos urbanos. Por lo tanto, la propia Diputación admite que la promoción del 5º contendor no está pensada para reciclar, sino para incinerar.
Entre reciclar e incinerar, la Diputación ha elegido incinerar. Es la apuesta de los perdedores; la de quienes no confían en la gente. Seamos serios en este punto. Gipuzkoa no puede permitirse el lujo de incinerar el 70% de los materiales que podría aprovechar. Somos un territorio pequeño cuya fuerza reside en el aprovechamiento óptimo de sus recursos. Nos encontramos, pues, ante un despilfarro de dimensiones incalculables que acabará en nuestros pulmones en forma de dioxinas y toxinas fuera de control público y social. Las «drag queen» de la Diputación deberían parar este «reif» de sábado noche que han montado y que ya va camino de convertirse en una crisis social en toda regla y amenaza con perjudicar seriamente nuestra salud y nuestro bienestar.
Los partidos políticos que están promoviendo la incineradora utilizan la palabra «libertad» como su nuevo eslogan. Pero ese eslogan hace aguas por todas partes.
Primero, porque la «libertad» que ellos defienden se reduce a «dejar que los ciudadanos contaminen si les da la gana». Y eso no es «libertad»; eso es tratar de disfrazar comportamientos irresponsables con palabras bonitas.
Segundo, porque si se pone en marcha la incineradora, tragar dioxinas va a convertirse en obligatorio al menos para los 237.000 guipuzcoanos que vivimos dentro de su área de incidencia normal. Tras las paredes de la Diputación se esconden cargos públicos tan irresponsables que anteponen la obligatoriedad de tragar dioxinas a la obligatoriedad de reciclar. Entre obligar a la gente a reciclar o a tragar dioxinas, yo tengo claro cuál debe ser mi elección.
La experiencia del puerta a puerta de Usurbil ha devuelto la esperanza a Gipuzkoa. En un año ha quedado demostrado que, tanto económica como socialmente, es viable gestionar nuestros residuos de una manera responsable y sostenible. Usurbil presenta la prueba fehaciente de que Gipuzkoa es capaz de superar los vertederos tóxicos y que si hacemos las cosas bien desde el principio, podemos evitar la construcción de la incineradora.
No obstante, el carácter obligatorio que tiene el reciclaje en Usurbil ha abierto otro debate, seguramente incómodo para algunos, desde un punto de vista político, pero que muchos consideramos necesario. ¿Deben los ayuntamientos obligar a separar los residuos de forma que se puedan reciclar? Algunos partidos políticos insisten en la idea de que no. Dicen que prefieren que el reciclaje siga siendo voluntario, como hasta ahora. Otros, sin embargo, pensamos que reciclar debe ser obligatorio, como lo es en San Francisco (EEUU), Seattle(EEUU) o Taipei (China).
San Francisco es un ejemplo interesante, entre otras cosas porque, salvando las distancias, existe cierto parecido entre Gipuzkoa y el área metropolitana de San Francisco, que reúne a unas 750.000 personas. Allí en 2008 se dieron cuenta de que al ritmo que iban llenarían el vertedero de Altamont en cinco años. Saltaron las alarmas. Abrir otro vertedero o construir una planta incineradora no eran alternativas, porque ambas opciones supondrían un incremento inasumible en la tasa de reciclaje y el alejamiento definitivo de los compromisos adoptados por la ciudad en materia de prevención de la salud y el calentamiento global.
La preocupación no sólo venía de la urgencia de encontrar una solución. Había un hecho todavía más significativo: su sistema de reciclaje basado en la voluntad de los ciudadanos había fracasado. El mismo estudio que ponía la fecha de cierre al vertedero constataba que después de millones de dólares invertidos en programas de reciclaje, después de décadas de agotadoras campañas de concienciación entre la población y ofrecer generosos incentivos fiscales, el 36% de lo que llegaba al vertedero de Altamont seguía siendo material compostable y había otro 31% que habría sido perfectamente reciclable si se hubiera recogido de manera selectiva (sobre todo papel y envases ligeros). Frente a esa situación, decidieron agarrar el toro por los cuernos: desde el año pasado en San Francisco reciclar es obligatorio. Y ahora el sistema funciona. En un año han alcanzado la cota de reciclaje del 70% y para 2020 esperan rozar el sueño de residuo cero.
El fracaso de los sistemas voluntarios no es atribuible a San Francisco. Es generalizado. Cuando la participación de la ciudadanía es voluntaria, la tasa de reciclaje rara vez supera el 35%. Eso ocurre porque los sistemas voluntarios premian a los que no quieren reciclar. Los sistemas obligatorios como el puerta a puerta, en cambio, premian a quienes sí quieren hacerlo. El gobierno debe legislar del lado de estos últimos.
En Gipuzkoa, tal y como están los vertederos, si sólo reciclamos el 35% no es posible evitar la incineradora. La realidad es que la incineradora necesita que el reciclaje sea voluntario para justificar su construcción. La Diputación Foral de Gipuzkoa es plenamente consciente de esa situación. A pesar de que públicamente ha sobredimensionado los resultados del 5º contenedor, en su Plan integral de gestión de Residuos Urbanos de MSM 2002-2016 se puede leer que para 2016 calcula incinerar el 70% de los residuos urbanos. Por lo tanto, la propia Diputación admite que la promoción del 5º contendor no está pensada para reciclar, sino para incinerar.
Entre reciclar e incinerar, la Diputación ha elegido incinerar. Es la apuesta de los perdedores; la de quienes no confían en la gente. Seamos serios en este punto. Gipuzkoa no puede permitirse el lujo de incinerar el 70% de los materiales que podría aprovechar. Somos un territorio pequeño cuya fuerza reside en el aprovechamiento óptimo de sus recursos. Nos encontramos, pues, ante un despilfarro de dimensiones incalculables que acabará en nuestros pulmones en forma de dioxinas y toxinas fuera de control público y social. Las «drag queen» de la Diputación deberían parar este «reif» de sábado noche que han montado y que ya va camino de convertirse en una crisis social en toda regla y amenaza con perjudicar seriamente nuestra salud y nuestro bienestar.
Los partidos políticos que están promoviendo la incineradora utilizan la palabra «libertad» como su nuevo eslogan. Pero ese eslogan hace aguas por todas partes.
Primero, porque la «libertad» que ellos defienden se reduce a «dejar que los ciudadanos contaminen si les da la gana». Y eso no es «libertad»; eso es tratar de disfrazar comportamientos irresponsables con palabras bonitas.
Segundo, porque si se pone en marcha la incineradora, tragar dioxinas va a convertirse en obligatorio al menos para los 237.000 guipuzcoanos que vivimos dentro de su área de incidencia normal. Tras las paredes de la Diputación se esconden cargos públicos tan irresponsables que anteponen la obligatoriedad de tragar dioxinas a la obligatoriedad de reciclar. Entre obligar a la gente a reciclar o a tragar dioxinas, yo tengo claro cuál debe ser mi elección.
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Y tercero, porque la salud es la primera de las libertades. Luchar para proteger nuestra salud es luchar para proteger nuestra libertad más básica y fundamental. Obligarnos a reciclar es obligarnos a ser más libres.
Deberíamos abordar el debate sobre el carácter obligatorio del reciclaje con la misma normalidad con que tratamos otros tantos temas como, por ejemplo, recoger las deposiciones de nuestras mascotas. Al principio nos costó aceptarlo, pero ahora se hace con normalidad. También es obligatorio conducir con el cinturón de seguridad o ponernos el casco para andar en moto, o que los niños vayan en asientos especiales. Al principio nos costó, pero con el tiempo lo hemos aceptado porque entendemos que la salud y la integridad física requieren de esos esfuerzos. Las normativas municipales están repletas de ejemplos de este tipo, regularizaciones que al principio pueden parecer impopulares, pero que con el tiempo traen consigo ganar en calidad de vida y ganar en salud. Creo que si los ayuntamientos obligan a no mezclar los residuos para posibilitar su reciclaje, estaremos dando otro paso más en la dirección correcta.
--
Eneko LANDABURU
O'PAYBO Escuela Popular de Salud
Caa Yari C.P. 3315 (Alem) Misiones (Argentina)
Tel: +54 (03754) 423 687
CAMBIO DE DIRECCION A: enekolan@gmail.com
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Y tercero, porque la salud es la primera de las libertades. Luchar para proteger nuestra salud es luchar para proteger nuestra libertad más básica y fundamental. Obligarnos a reciclar es obligarnos a ser más libres.
Deberíamos abordar el debate sobre el carácter obligatorio del reciclaje con la misma normalidad con que tratamos otros tantos temas como, por ejemplo, recoger las deposiciones de nuestras mascotas. Al principio nos costó aceptarlo, pero ahora se hace con normalidad. También es obligatorio conducir con el cinturón de seguridad o ponernos el casco para andar en moto, o que los niños vayan en asientos especiales. Al principio nos costó, pero con el tiempo lo hemos aceptado porque entendemos que la salud y la integridad física requieren de esos esfuerzos. Las normativas municipales están repletas de ejemplos de este tipo, regularizaciones que al principio pueden parecer impopulares, pero que con el tiempo traen consigo ganar en calidad de vida y ganar en salud. Creo que si los ayuntamientos obligan a no mezclar los residuos para posibilitar su reciclaje, estaremos dando otro paso más en la dirección correcta.
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Eneko LANDABURU
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