DIARIO UNO - Santa Fe
Sábado, 03 de Abril de 2010
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Sábado, 03 de Abril de 2010
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Una ambientalista denuncia que faltan controles a los agrotóxicos
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La doctora Graciela Gómez se quejó de “la indiferencia oficial, legal y mediática” del Ministerio de la Producción de Santa Fe. También criticó los estudios que realizó el Senasa a nivel nacionalLa especialista en temas de medio ambiente, la doctora Graciela Gómez, se refirió al fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe respecto de las fumigaciones con agroquímicos en la ciudad de San Jorge. Al respecto, indicó que “el fiscal (del caso) dice «prohibir» y no habla de un producto específico sino de «ningún tipo de agroquímicos», y ninguno es ninguno, no solo el producto Round Up cuyo ingrediente activo sea el glifosato”.“¿Por qué hablamos de suspensión? Porque esa prohibición es por un plazo de seis meses, desde diciembre pasado a junio de 2010.
Entonces, por qué se suspendió la fumigación en diciembre, porque más allá de los plazos procesales se terminó la fumigación importante, y la actual fumigación es para la soja de segunda”, expresó la –también– dirigente social.“¿Qué perjuicio se ha generado a los productores entonces?, ¿qué estudios se están realizando a tres meses de la finalización de esa suspensión? Solo escuchamos y leemos cantinfleadas de quienes deberían ponerse al frente de la investigación. De qué sirve poner al tema en los medios con contenidos imprecisos ridiculizando aún más a los oportunistas que salen a opinar y nadan al revés en un mar de indiferencia oficial, legal y mediática”, añadió.Por ese motivo, Gómez expresó: “El Senasa ya demostró que poco le importa el tema en cuestión, está más preocupado analizando la viabilidad de un nuevo maíz de Monsanto y Dow Agrosciences, con cuatro genes de resistencia a herbicidas (glifosato, Liberty Link, Dicamba y Roundup) más cuatro de resistencia a insectos. El endosulfán prohibido y sacado del mercado en todo el mundo todavía está permitido para Argentina. La comisión (que creó la Presidenta de la Nación) a un año de su creación informa menos de 30 denuncias en todo el país, en tanto el informe borrador del Conicet hoy es oficial, casi sin cambios, desconociendo muchísima bibliografía”.
Poca presencia estatalLa ambientalista –oriunda de Romang– consideró que si el ministro de la Producción, Juan José Bertero, dijo que un tercio de la provincia no tiene delimitación agronómica entonces es culpa del propio funcionario. “A quince años de ser sancionada la ley 11.273 (fitosanitarios) se acordaron las «buenas prácticas» de aplicación, y si existen tanto problemas es porque el «ABC» del ministro no funciona ni va a funcionar, por la ineficacia de la legislación y la inoperancia de los organismos”, se quejó.“La hipocresía –continuó– de toda la cadena responsable del manejo y control de agrotóxicos da asco, vergüenza ajena e indignación. Se tiran la pelota, con el poder de policía si es provincial o corresponde al municipio. Cuando hay municipios que no saben ni lo que es un correo electrónico. Es muy triste describirlo así pero es un feudo, un anacronismo hasta lo absurdo. Entonces cómo pensar en descentralizar cuando primero hay que educar. La Constitución Nacional, es suficiente para protegernos de esa inacción u omisión de autoridades públicas porque como digo siempre: lesiona, restringe, altera y amenaza, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por ella”.También la ambientalista recordó que en Sancti Spiritu, a 60 kilómetros de Rosario, una persona denunció a la comisión específica que creó la Presidenta de la Nación para investigar la toxicidad de los agroquímicos “el almacenamiento de los envases vacíos de agrotóxicos en una vivienda en pleno ejido urbano”. Según dijo la especialista, “los cortaban con una sierra eléctrica para poder apilarlos y luego los venden en Rosario donde son reciclados”.“La comuna lo habilitó por 120 días en 2005 y alega que luego lo intimó y que el vecino hizo caso omiso y sigue realizando el almacenamiento. En 2009, cuando terminó el informe del Ministerio de Salud, habiéndose consultado al ingeniero de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción si realizó la inspección, manifestó que por cuestiones de «superposición de tareas no han podido llevarla a cabo». ¿Entonces de qué tipo de control hablamos?”, indicó Graciela Gómez, que desde hace varios años denuncia la utilización indiscriminada de agroquímicos.
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Poca presencia estatalLa ambientalista –oriunda de Romang– consideró que si el ministro de la Producción, Juan José Bertero, dijo que un tercio de la provincia no tiene delimitación agronómica entonces es culpa del propio funcionario. “A quince años de ser sancionada la ley 11.273 (fitosanitarios) se acordaron las «buenas prácticas» de aplicación, y si existen tanto problemas es porque el «ABC» del ministro no funciona ni va a funcionar, por la ineficacia de la legislación y la inoperancia de los organismos”, se quejó.“La hipocresía –continuó– de toda la cadena responsable del manejo y control de agrotóxicos da asco, vergüenza ajena e indignación. Se tiran la pelota, con el poder de policía si es provincial o corresponde al municipio. Cuando hay municipios que no saben ni lo que es un correo electrónico. Es muy triste describirlo así pero es un feudo, un anacronismo hasta lo absurdo. Entonces cómo pensar en descentralizar cuando primero hay que educar. La Constitución Nacional, es suficiente para protegernos de esa inacción u omisión de autoridades públicas porque como digo siempre: lesiona, restringe, altera y amenaza, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por ella”.También la ambientalista recordó que en Sancti Spiritu, a 60 kilómetros de Rosario, una persona denunció a la comisión específica que creó la Presidenta de la Nación para investigar la toxicidad de los agroquímicos “el almacenamiento de los envases vacíos de agrotóxicos en una vivienda en pleno ejido urbano”. Según dijo la especialista, “los cortaban con una sierra eléctrica para poder apilarlos y luego los venden en Rosario donde son reciclados”.“La comuna lo habilitó por 120 días en 2005 y alega que luego lo intimó y que el vecino hizo caso omiso y sigue realizando el almacenamiento. En 2009, cuando terminó el informe del Ministerio de Salud, habiéndose consultado al ingeniero de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción si realizó la inspección, manifestó que por cuestiones de «superposición de tareas no han podido llevarla a cabo». ¿Entonces de qué tipo de control hablamos?”, indicó Graciela Gómez, que desde hace varios años denuncia la utilización indiscriminada de agroquímicos.
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