Avances en la lucha contra el uso de agroquímicos en el área del RMBA
Qué es el glifosato
Es un herbicida de amplio espectro, no selectivo, utilizado para matar malezas (pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas). Creado en la década del ’60, es el principio activo del Roundup (nombre comercial del herbicida de Monsanto) con la que se fumigan cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón. Este tipo de cultivos resisten al compuesto, sólo porque están preparados genéticamente para hacerlo.
Es absorbido por las hojas, y ejerce su acción herbicida a través de la inhibición de varias enzimas (proteínas que poseen función catalítica, aceleradoras de procesos bioquímicos que acontecen en las células para mantener su funcionalidad y, por lo tanto, su existencia), impidiendo de esta forma que las plantas elaboren tres aminoácidos aromáticos esenciales para su crecimiento y supervivencia.
Para aumentar su eficacia, el glifosato debe ir acompañado de otras sustancias que no están especificadas en la etiqueta que producen mayor toxicidad aguda.
Su uso en la Argentina
Actualmente el glifosato es el agrotóxico pilar de la industria sojera argentina. En el año 2007, Argentina fue el segundo productor mundial de cultivos transgénicos con 19.1 millones de hectáreas en el 2007, el 19% de la superficie destinada a este tipo de cultivos en todo el mundo. 16 millones de esas hectáreas están sembradas con soja, 2,8 millones con maíz y 400.000 con algodón, según datos del Servicio para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA). Casi el 100% de la superficie de soja y el 90% de cultivos de maíz fueron sembrados con semillas tolerantes al herbicida glifosato.
En las zonas rurales del país el glifosato es aplicado a través de fumigaciones terrestres y aéreas, lo que conlleva un gran peligro para la salud de las personas que viven allí, las cuales son rociadas junto a sus casas, el agua, la tierra y los cultivos no transgénicos. Por otro lado, el viento esparce el tóxico en largas distancias.
Usualmente se tiende a pensar que su aplicación sólo se reduce a los espacios rurales. Por lo tanto no existiría peligro en los espacios urbanos. Sin embargo, esto no es así. Se denunciaron diversos casos de fumigaciones con estos productos en el área de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
TBA (Trenes de Buenos Aires) es conocida por utilizar en sus fumigaciones productos de glifosato en sus ramales de Zona Norte en pleno casco urbano, a metros de numerosas viviendas, escuelas, clubes, comercios y todo tipo de espacios públicos y privados (inclusive detrás de la Quinta Presidencial de Olivos).
Hubo denuncias que TBA aplica glifosato en la avenida 29 y zona de las vías del ferrocarril Sarmiento en la localidad de Mercedes (ex ferrocarril Sarmiento).
En zona sur también hay numerosas denuncias:
Productores y vecinos del Parque Pereyra y Villa Elisa, cerca de La Plata, denunciaron que UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) está utilizando glifosato para detener el crecimiento del pasto.
También se ha marcado la presencia de este compuesto a lo largo del Ferrocarril Belgrano, también controlada por UGOFE en el área de Rafael Castillo, según lo ha consignado el doctor Marcelo Dignani.
Sin embargo, algo comenzó a cambiar desde principios del año 2009.
a) El jueves 2 de julio de 2009 el Consejo Delirante de Vicente López aprobó una ordenanza (Nº 28.239 promulgada por decreto Nº 3190 del 29 de julio) que prohíbe la fumigación con agrotóxicos en todo el éjido municipal, tanto a empresas como a particulares. El proyecto lo había presentado el concejal Víctor Freire (Iniciativa ARI). Así culminaba una lucha de dos años por parte de varias organizaciones comunitarias y vecinos que se oponían a las fumigaciones con glifosato llevadas a cabo por la empresa TBA en pleno casco urbano, a metros de numerosas viviendas, escuelas, clubes, comercios y todo tipo de espacios públicos y privados. Es importante destacar que en la presentación realizada en Vicente López donde los vecinos exigieron un amparo para prohibir las fumigaciones, tanto terrestres como aéreas, en zonas pobladas se ampararon en:
- El Punto 10.5 del Contrato de TBA
- El Artículo 41 de la Constitución Nacional.
- La Ley de Pesticidas 10.699
- El Decreto Reglamentario Nº 499 (donde si indica que las pulverizaciones aéreas solo pueden actuar a 2 km de zonas pobladas y que el equipo terrestre no debe pasar en zona urbana, con venenos, y solo por extrema necesidad lo hará, limpio, vacio y sin pico pulverizador)
- Para pedir que las empresas fumigadoras estén registradas en el Ministerio de Asuntos Agrarios recurrieron a la Resolución 86/2001.
Este caso se convirtió en un ejemplo para las causas posteriores.
b) El 23 de octubre de 2009 se aprobó la Ordenanza que proponía la prohibición del uso de Glifosato en Tareas de Desmalezamiento en Lanús. Esta Ordenanza (10739/09) fue presentada e impulsada por el Espacio OIKOS, junto a otras ONGs del municipio. La misma fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante. En el último artículo de la ordenanza se encomienda al Departamento Ejecutivo, que en un plazo determine las sanciones a aplicar en casos de incumplimiento. Finalmente el 15 de mayo de 2010 se aprobó otra Ordenanza que sanciona los posibles incumplimientos, la cual también fue votada por unanimidad por los Concejales. Según los miembros del Espacio OIKOS se han superado las expectativas que se tenían, más si se tiene en cuenta que esta vez el proyecto se origino desde el mismo Departamento Ejecutivo Municipal.
c) El lunes 7 de diciembre de 2009, el Concejo Deliberante del partido de Avellaneda aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza para prohibir el uso de agroquímicos en las tareas de desmalezamiento que se llevan a cabo en las vías y terrenos del ex Ferrocarril Roca, con el consiguiente peligro que eso conlleva para la salud de los habitantes cercanos. El proyecto fue impulsado por el Foro de Salud y Medio Ambiente de Avellaneda, junto con otras organizaciones afines y presentado por Javier López Martínez quien en su último día como concejal de la Coalición Cívica logró que sea tratado sobre tablas en la última sesión del año del Concejo. El espacio Oikos también colaboró en la presentación.
d) El viernes 18 de diciembre de 2009 el Concejo Deliberante de Marcos Paz (provincia de Buenos Aires) aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza presentado por el Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE), por el cual se prohíbe el uso de agroquímicos en tareas de desmalezamiento. Este proyecto fue tratado a partir de la solicitud de la Concejal Adriana Ruiz, del Frente Grande, que estaba trabajando también en un Proyecto de prohibición del uso de herbicidas en espacios públicos junto con otros bloques del Concejo. La práctica de uso de los agrotóxicos era permanentemente denunciada por los vecinos de la zona, ya que no sólo afecta a quienes transitan por el lugar, sino también a quienes viven cerca (sólo una calle de distancia de donde se utiliza el compuesto)
e) A mediados de mayo del 2010 y después de varios meses de reclamos y denuncias por parte de vecinos y organizaciones sociales y ambientales (como el Foro Hídrico de Lomas de Zamora y Vecinos en Defensa de Santa Catalina), el Concejo Deliberante de este municipio aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe el uso del glifosato, utilizado por la administradora ferroviaria UGOFE para desmalezar las vías de la Línea General Roca. El siguiente paso a definir será como sancionar a quienes no cumplan con la normativa.
Sin embargo, existen otros proyectos de ordenanza que aún no se han llegado a su aprobación en otros municipios.
- A finales de noviembre de 2009 COEPSA (Centro Oeste de Estudios Políticos y SocioAmbientales) presentó en los Municipios de Hurlingham (Exptde Nº: 14182/09), Ituzaingó ( Exptde Nº:07897/09) y Morón (Exptde Nº:67631/09), un Proyecto de Ordenanza, a fin de prohibir la utilización en el ámbito y en la región de N-fosfanometilglicina, C3H8NO5P, glifosato y agroquímicos derivados.
- Por su parte en el municipio de Almirante Brown, la concejala electa por Libres del Sur-Nuevo Encuentro Ivanna Rezano presentó un proyecto de ordenanza para que se prohíba en ese distrito el uso del glifosato.
Hasta aquí el panorama a nivel local. Lamentablemente no existen leyes (nacionales o provinciales) que restrinjan el uso de glifosato pero han surgido proyectos para implementar esto. Sobretodo porque hay un poder económico que restrinje las posibilidades de desarrollo de cese de las fumigaciones, recurriendo al cliché de la falta de pruebas para demostrar el poder contaminante del producto.
Y sin embargo fue grande la sorpresa cuando en febrero de este año se dio lugar a un amparo y se ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad santafesina de San Jorge.
San Jorge posee 25 mil habitantes y se halla ubicada a casi 150 kilómetros de la capital provincial. En los últimos años su economía creció al calor de la expansión del monocultivo de soja.
Sin embargo, los vecinos del humilde barrio Urquiza, adyacente a los campos de soja, decidieron impulsar una denuncia contra las fumigaciones, debido a los constantes problemas de salud que se han generado.
En un fallo inédito (dictado en diciembre pero de reciente conocimiento) la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe, a través del juez Tristán Martínez dio lugar a un amparo y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad.
También se ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, dentro de los siguientes seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud, con lo cual se invirtió la carga de la prueba. Antes, los vecinos y campesinos intoxicados debían demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los productores y quienes apoyan el actual modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar el carácter inocuo de sus productos. Luego de cumplido ese plazo, Martínez deberá decidir si mantiene la medida, la profundiza o la revierte.
Además, se ha marcado jurisprudencia al ser invocado el principio precautorio. De ocurrir un perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras.
Aunque los productores, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida, los tres jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial de Santa Fe confirmaron el fallo de primera instancia por lo cual no podrán fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares (si utilizan el método terrestre) y a 1500 metros (si la fumigación es con avionetas).
Este fallo impulsó a los iniciadores de la causa a pedir la solicitud de que la medida se extienda a toda la provincia.
Una luz de esperanza se sumó a las ya marcadas en la RMBA y con el proyecto de ley de miembros del Congreso como Julia Perié o Blanca Osuna. Éstas, son buenas oportunidades para que desde el Estado Nacional se hagan respetar los Derechos Económicos Sociales y Culturales, previniendo o remediando violaciones cometidas por terceros (actores no estatales como Empresas o productores irresponsables) mediante la adopción y aplicación de la legislación apropiada.
Es importante detener el denominado “glifocidio” que se está efectuando en la actualidad en nuestro país (y también en muchos países de América latina), oponiéndole
otro modelo, que tenga como fin principal garantizar el derecho a la alimentación para toda la población, a partir de una producción agrícola sustentable y eficiente, para cuidar la biodiversidad, el ambiente y la fertilidad del suelo, sin recurrir a transgénicos,
plaguicidas o fertilizantes que atenten o pongan en peligro los equilibrios virtuosos
que siempre deben existir entre la vida y el desarrollo. Es una ardua lucha que no terminará simplemente si Monsanto acepta retirar el glifosato del mercado, porque es seguro que lo reemplazará por otro producto igualmente dañino, que ya
debe estar preparando o incluso debe tener listo, para escapar de las críticas y acallar
las denuncias que recibe a nivel internacional, porque ya se ha demostrado su
peligrosidad en forma contundente y no la puede seguir negando. La lucha se enmarca en el rechazo al modelo de explotación que sostiene y utiliza esos venenos y al modelo de sociedad y de país al que responde. Lo que pretendemos al rechazar el uso de estas sustancias es reemplazar el modelo productivo al que son útiles y remplazarlo por un sistema de producción y trabajo ambientalmente sustentable y como dijimos anteriormente, comprometido con garantizar el derecho a la alimentación a toda la población.
No se puede permitir que las generaciones futuras deban padecer los efectos de un afán de lucro desmesurado que no tiene en cuenta las más básicas normas de convivencia en materia ambiental y social.
Necesitamos un marco legal que dé las garantías necesarias para ejecutar las políticas de protección necesarias sobre la población, lo que nos lleva a pensar que se trata de un asunto político, donde se ponen en juego los diversos intereses que dividen y separan a quienes están comprometidos con uno u otro modelo de explotación agro-tecnológico y que suponen también en última instancia distintos modelos de país y sociedad.
Qué es el glifosato
Es un herbicida de amplio espectro, no selectivo, utilizado para matar malezas (pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas). Creado en la década del ’60, es el principio activo del Roundup (nombre comercial del herbicida de Monsanto) con la que se fumigan cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón. Este tipo de cultivos resisten al compuesto, sólo porque están preparados genéticamente para hacerlo.
Es absorbido por las hojas, y ejerce su acción herbicida a través de la inhibición de varias enzimas (proteínas que poseen función catalítica, aceleradoras de procesos bioquímicos que acontecen en las células para mantener su funcionalidad y, por lo tanto, su existencia), impidiendo de esta forma que las plantas elaboren tres aminoácidos aromáticos esenciales para su crecimiento y supervivencia.
Para aumentar su eficacia, el glifosato debe ir acompañado de otras sustancias que no están especificadas en la etiqueta que producen mayor toxicidad aguda.
Su uso en la Argentina
Actualmente el glifosato es el agrotóxico pilar de la industria sojera argentina. En el año 2007, Argentina fue el segundo productor mundial de cultivos transgénicos con 19.1 millones de hectáreas en el 2007, el 19% de la superficie destinada a este tipo de cultivos en todo el mundo. 16 millones de esas hectáreas están sembradas con soja, 2,8 millones con maíz y 400.000 con algodón, según datos del Servicio para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA). Casi el 100% de la superficie de soja y el 90% de cultivos de maíz fueron sembrados con semillas tolerantes al herbicida glifosato.
En las zonas rurales del país el glifosato es aplicado a través de fumigaciones terrestres y aéreas, lo que conlleva un gran peligro para la salud de las personas que viven allí, las cuales son rociadas junto a sus casas, el agua, la tierra y los cultivos no transgénicos. Por otro lado, el viento esparce el tóxico en largas distancias.
Usualmente se tiende a pensar que su aplicación sólo se reduce a los espacios rurales. Por lo tanto no existiría peligro en los espacios urbanos. Sin embargo, esto no es así. Se denunciaron diversos casos de fumigaciones con estos productos en el área de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
TBA (Trenes de Buenos Aires) es conocida por utilizar en sus fumigaciones productos de glifosato en sus ramales de Zona Norte en pleno casco urbano, a metros de numerosas viviendas, escuelas, clubes, comercios y todo tipo de espacios públicos y privados (inclusive detrás de la Quinta Presidencial de Olivos).
Hubo denuncias que TBA aplica glifosato en la avenida 29 y zona de las vías del ferrocarril Sarmiento en la localidad de Mercedes (ex ferrocarril Sarmiento).
En zona sur también hay numerosas denuncias:
Productores y vecinos del Parque Pereyra y Villa Elisa, cerca de La Plata, denunciaron que UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) está utilizando glifosato para detener el crecimiento del pasto.
También se ha marcado la presencia de este compuesto a lo largo del Ferrocarril Belgrano, también controlada por UGOFE en el área de Rafael Castillo, según lo ha consignado el doctor Marcelo Dignani.
Sin embargo, algo comenzó a cambiar desde principios del año 2009.
a) El jueves 2 de julio de 2009 el Consejo Delirante de Vicente López aprobó una ordenanza (Nº 28.239 promulgada por decreto Nº 3190 del 29 de julio) que prohíbe la fumigación con agrotóxicos en todo el éjido municipal, tanto a empresas como a particulares. El proyecto lo había presentado el concejal Víctor Freire (Iniciativa ARI). Así culminaba una lucha de dos años por parte de varias organizaciones comunitarias y vecinos que se oponían a las fumigaciones con glifosato llevadas a cabo por la empresa TBA en pleno casco urbano, a metros de numerosas viviendas, escuelas, clubes, comercios y todo tipo de espacios públicos y privados. Es importante destacar que en la presentación realizada en Vicente López donde los vecinos exigieron un amparo para prohibir las fumigaciones, tanto terrestres como aéreas, en zonas pobladas se ampararon en:
- El Punto 10.5 del Contrato de TBA
- El Artículo 41 de la Constitución Nacional.
- La Ley de Pesticidas 10.699
- El Decreto Reglamentario Nº 499 (donde si indica que las pulverizaciones aéreas solo pueden actuar a 2 km de zonas pobladas y que el equipo terrestre no debe pasar en zona urbana, con venenos, y solo por extrema necesidad lo hará, limpio, vacio y sin pico pulverizador)
- Para pedir que las empresas fumigadoras estén registradas en el Ministerio de Asuntos Agrarios recurrieron a la Resolución 86/2001.
Este caso se convirtió en un ejemplo para las causas posteriores.
b) El 23 de octubre de 2009 se aprobó la Ordenanza que proponía la prohibición del uso de Glifosato en Tareas de Desmalezamiento en Lanús. Esta Ordenanza (10739/09) fue presentada e impulsada por el Espacio OIKOS, junto a otras ONGs del municipio. La misma fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante. En el último artículo de la ordenanza se encomienda al Departamento Ejecutivo, que en un plazo determine las sanciones a aplicar en casos de incumplimiento. Finalmente el 15 de mayo de 2010 se aprobó otra Ordenanza que sanciona los posibles incumplimientos, la cual también fue votada por unanimidad por los Concejales. Según los miembros del Espacio OIKOS se han superado las expectativas que se tenían, más si se tiene en cuenta que esta vez el proyecto se origino desde el mismo Departamento Ejecutivo Municipal.
c) El lunes 7 de diciembre de 2009, el Concejo Deliberante del partido de Avellaneda aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza para prohibir el uso de agroquímicos en las tareas de desmalezamiento que se llevan a cabo en las vías y terrenos del ex Ferrocarril Roca, con el consiguiente peligro que eso conlleva para la salud de los habitantes cercanos. El proyecto fue impulsado por el Foro de Salud y Medio Ambiente de Avellaneda, junto con otras organizaciones afines y presentado por Javier López Martínez quien en su último día como concejal de la Coalición Cívica logró que sea tratado sobre tablas en la última sesión del año del Concejo. El espacio Oikos también colaboró en la presentación.
d) El viernes 18 de diciembre de 2009 el Concejo Deliberante de Marcos Paz (provincia de Buenos Aires) aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza presentado por el Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE), por el cual se prohíbe el uso de agroquímicos en tareas de desmalezamiento. Este proyecto fue tratado a partir de la solicitud de la Concejal Adriana Ruiz, del Frente Grande, que estaba trabajando también en un Proyecto de prohibición del uso de herbicidas en espacios públicos junto con otros bloques del Concejo. La práctica de uso de los agrotóxicos era permanentemente denunciada por los vecinos de la zona, ya que no sólo afecta a quienes transitan por el lugar, sino también a quienes viven cerca (sólo una calle de distancia de donde se utiliza el compuesto)
e) A mediados de mayo del 2010 y después de varios meses de reclamos y denuncias por parte de vecinos y organizaciones sociales y ambientales (como el Foro Hídrico de Lomas de Zamora y Vecinos en Defensa de Santa Catalina), el Concejo Deliberante de este municipio aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe el uso del glifosato, utilizado por la administradora ferroviaria UGOFE para desmalezar las vías de la Línea General Roca. El siguiente paso a definir será como sancionar a quienes no cumplan con la normativa.
Sin embargo, existen otros proyectos de ordenanza que aún no se han llegado a su aprobación en otros municipios.
- A finales de noviembre de 2009 COEPSA (Centro Oeste de Estudios Políticos y SocioAmbientales) presentó en los Municipios de Hurlingham (Exptde Nº: 14182/09), Ituzaingó ( Exptde Nº:07897/09) y Morón (Exptde Nº:67631/09), un Proyecto de Ordenanza, a fin de prohibir la utilización en el ámbito y en la región de N-fosfanometilglicina, C3H8NO5P, glifosato y agroquímicos derivados.
- Por su parte en el municipio de Almirante Brown, la concejala electa por Libres del Sur-Nuevo Encuentro Ivanna Rezano presentó un proyecto de ordenanza para que se prohíba en ese distrito el uso del glifosato.
Hasta aquí el panorama a nivel local. Lamentablemente no existen leyes (nacionales o provinciales) que restrinjan el uso de glifosato pero han surgido proyectos para implementar esto. Sobretodo porque hay un poder económico que restrinje las posibilidades de desarrollo de cese de las fumigaciones, recurriendo al cliché de la falta de pruebas para demostrar el poder contaminante del producto.
Y sin embargo fue grande la sorpresa cuando en febrero de este año se dio lugar a un amparo y se ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad santafesina de San Jorge.
San Jorge posee 25 mil habitantes y se halla ubicada a casi 150 kilómetros de la capital provincial. En los últimos años su economía creció al calor de la expansión del monocultivo de soja.
Sin embargo, los vecinos del humilde barrio Urquiza, adyacente a los campos de soja, decidieron impulsar una denuncia contra las fumigaciones, debido a los constantes problemas de salud que se han generado.
En un fallo inédito (dictado en diciembre pero de reciente conocimiento) la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe, a través del juez Tristán Martínez dio lugar a un amparo y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad.
También se ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, dentro de los siguientes seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud, con lo cual se invirtió la carga de la prueba. Antes, los vecinos y campesinos intoxicados debían demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los productores y quienes apoyan el actual modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar el carácter inocuo de sus productos. Luego de cumplido ese plazo, Martínez deberá decidir si mantiene la medida, la profundiza o la revierte.
Además, se ha marcado jurisprudencia al ser invocado el principio precautorio. De ocurrir un perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras.
Aunque los productores, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida, los tres jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial de Santa Fe confirmaron el fallo de primera instancia por lo cual no podrán fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares (si utilizan el método terrestre) y a 1500 metros (si la fumigación es con avionetas).
Este fallo impulsó a los iniciadores de la causa a pedir la solicitud de que la medida se extienda a toda la provincia.
Una luz de esperanza se sumó a las ya marcadas en la RMBA y con el proyecto de ley de miembros del Congreso como Julia Perié o Blanca Osuna. Éstas, son buenas oportunidades para que desde el Estado Nacional se hagan respetar los Derechos Económicos Sociales y Culturales, previniendo o remediando violaciones cometidas por terceros (actores no estatales como Empresas o productores irresponsables) mediante la adopción y aplicación de la legislación apropiada.
Es importante detener el denominado “glifocidio” que se está efectuando en la actualidad en nuestro país (y también en muchos países de América latina), oponiéndole
otro modelo, que tenga como fin principal garantizar el derecho a la alimentación para toda la población, a partir de una producción agrícola sustentable y eficiente, para cuidar la biodiversidad, el ambiente y la fertilidad del suelo, sin recurrir a transgénicos,
plaguicidas o fertilizantes que atenten o pongan en peligro los equilibrios virtuosos
que siempre deben existir entre la vida y el desarrollo. Es una ardua lucha que no terminará simplemente si Monsanto acepta retirar el glifosato del mercado, porque es seguro que lo reemplazará por otro producto igualmente dañino, que ya
debe estar preparando o incluso debe tener listo, para escapar de las críticas y acallar
las denuncias que recibe a nivel internacional, porque ya se ha demostrado su
peligrosidad en forma contundente y no la puede seguir negando. La lucha se enmarca en el rechazo al modelo de explotación que sostiene y utiliza esos venenos y al modelo de sociedad y de país al que responde. Lo que pretendemos al rechazar el uso de estas sustancias es reemplazar el modelo productivo al que son útiles y remplazarlo por un sistema de producción y trabajo ambientalmente sustentable y como dijimos anteriormente, comprometido con garantizar el derecho a la alimentación a toda la población.
No se puede permitir que las generaciones futuras deban padecer los efectos de un afán de lucro desmesurado que no tiene en cuenta las más básicas normas de convivencia en materia ambiental y social.
Necesitamos un marco legal que dé las garantías necesarias para ejecutar las políticas de protección necesarias sobre la población, lo que nos lleva a pensar que se trata de un asunto político, donde se ponen en juego los diversos intereses que dividen y separan a quienes están comprometidos con uno u otro modelo de explotación agro-tecnológico y que suponen también en última instancia distintos modelos de país y sociedad.
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