Ilustrada en Revista : El Emilio
por Mercedes Centena
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Por Patricia Isabel Roccatagliata
A MIS DIAGUITAS
....
El desprecio por la vida
...es,
.... ...el peor de los pecados.
¡¿ Cómo, un pueblo puede permitir,
que un puñado de asesinos
continúen,
continúen,
.........ocupando,
........... .....destruyendo
.....................y saqueando
las tierras de
la gente más humilde
y sencilla ?!
..
Ellos,
.... ... son los
......... ....descendientes
......... ....descendientes
.
de nuestros pueblos originarios .
Nuestro más hondo repudio a este acto de total desprecio por la vida humana.A estos asesinos no se les escapó el gatillo; están respaldados por las familias privilegiadas que concentran las tierras en el NOA y quieren seguir con su conducta feudal de avasallar derechos legítimos de los pobladores, largamente atropellados.Tenemos que denunciar con la fuerza más activa estas aberraciones.No es casualidad que bien cerca de ahí en Rosario de la Frontera ,el sur de Salta tengan asiento los sojeros más poderosos de la provincia : el clan familiar Olmedo, quienes se vienen sirviendo de los elementos más violentos de la policía salteña y jueces corruptos , para desalojar compulsivamente a pobladores rurales , seguir con sus agronegocios y promueven en sus campañas que vuelva el servicio militar obligatorio.Quieren el control social , aún a costa de represión o como en este desgraciado caso , la pérdida irreparable de una vida humana.Nuestro apoyo incondicional a la comunidad Diaguita de Chuschagasta y coincidimos en la búsqueda de accionar directamente para poner justicia en nuestra amada tierra.
Oscar Delgado
miembro de CAPOMA-DDHH
Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez en Defensa de los Derechos Humanos
Ledesma-Pcia. de Jujuy
De: Martin Vidal
Para: Resistencias Populares CIFMSL; no al saqueo y la contaminacion ; Organizaciones Socioambientales Bs As
Enviado: mar, octubre 13, 2009 11:45:25 PM
Asunto: [osabaires] Urgente!!! Comunidad Diaguita:1 muerto y 4 heridos en comunidd chuschagasta tucuman
martes, 13 de octubre de 2009
PUEBLOS ORIGINARIOS TERRATENIENTES ARMADOS ATACARON CON ARMAS DE FUEGO
En horas de la tarde del este martes, en el territorio de la Comunidad Indígena de Chuschagasta, fue asesinado con arma de fuego un comunero, Javier Chocobar y otros dos comuneros mas habrian sido heridos. En el incidente habrían participado terratenientes que pretenden las tierras en esa zona.
Por prensa UNPD.
Referentes indígenas buscan la solidaridad y evalúan los pasos a seguir. Por el momento, decidieron concentrarse mañana en Plaza Independencia de la capital provincial, a horas 9, para repudiar este asesinato.
La Comunidad Indígena de Chuschagasta se encuentra ubicada en La Higuera, departamento Trancas, se accede por el camino a Choromoros, al oeste de esta localidad.
Para mayor información, comunicarse con Margarita Mamani: 3815393286
Prensa Unión de la Nación del Pueblo Diaguita
Un muerto y 4 heridos de bala, el saldo del ataque de terratenientes contra una Comunidad Indígena
martes, 13 de octubre de 2009
PUEBLOS ORIGINARIOS EXIGEN LA APLICACIÓN DE LA LEY 26160
Desde hace casi un mes, la comunidad Chuschagasta permanece en la ruta exigiendo el reconocimiento de sus tierras. En la tarde de ayer, un reconocido terrateniente de la zona, de apellido Amín, llegó al lugar junto a otros dos hombres. Sacaron fotos del lugar y se declararon los auténticos dueños. Ante el rechazo de las más de 20 personas que se encontraban allí –entre mujeres, niños y gente mayor-, el terrateniente y sus secuaces sacaron sus armas de fuego y dispararon. Javier Chocobar murió como consecuencia de un disparo en el abdomen; otros cuatro comuneros fueron heridos de bala. Aunque todos están fuera de peligro, dos se encuentran en el Centro de Salud y esperan para ser operados. CONTRAPUNTO.
La Comunidad Chuschagasta no logra entender aún lo sucedido. Desde hace 26 días se encuentran a la vera de la ruta, reclamando el reconocimiento de la propiedad sobre sus tierras. En este sentido, vienen exigiendo que se aplique la Ley 26.160, por la cual se prohíben los desalojos de las comunidades indígenas de los territorios que ocupan tradicionalmente.
Sin embargo, en la tarde de ayer, los terratenientes de la zona decidieron hacer justicia por mano propia. Tres personas, una de ellas identificada como Amín, junto a otros dos hombres –uno de ellos sería un ex policía salteño, separado de la fuerza por malos antecedentes- llegaron al lugar donde estaban los comuneros y comenzaron a sacar fotos. Mientras fotografiaban la gente y las tierras, indicaban que el lugar era de ellos, que lo habían comprado.
En ese momento, sólo había unas 20 personas de la comunidad de Chuschagasta –entre mujeres, niños y gente mayor-. Por eso, algunos de los comuneros se acercaron a los hombres para pedirles que se retiren, que no podían estar allí.
Así fue que Amín y sus dos compinches sacaron sus armas de fuego y comenzaron a disparar. Como consecuencia, cuatro personas fueron heridas y una murió. La víctima fatal fue Javier Chocobar, de 68 años e integrante de la comunidad. Dos de los heridos permanecían internados en el Centro de Salud. Según la Doctora Frías, médica de guardia de ese hospital, “se encuentran estables y fuera de peligro”.
Uno de los comuneros que se encontraba en el lugar cuando Amín y sus compinches indicó que “todo fue muy rápido. Todo se desarrolló en menos de 5 minutos. Chocobar murió en el lugar; a uno de los heridos logramos trasladarlos a Trancas, porque sino también hubiese muerto”.
El hombre no lograba todavía asimilar lo sucedido. En el Centro de Salud, acompañaba a la familia de Andrés Mamaní, uno de los heridos de bala. Todos conmocionados, atinaban solo a decir que la Comunidad está muy golpeada y que esperan que todo termine de una vez. O sea, que el Estado Provincial reconozca la propiedad de la Comunidad Chuschagasta sobre sus tierras.
Desde ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y Fogón Andino repudiaron el accionar impune de los terratenientes y solicitaron al Estado Provincial la aplicación de la ley 26160. “Es urgente que el Estado tome cartas en el asunto, para evitar que se repitan situaciones extremas de este tipo. Es necesario que se reconozcan los derechos indígenas sobre sus territorios y se frenen los desalojos, que se vienen multiplicando en las últimas semanas”, agregaron desde andhes.
Por otra parte, desde Contrapunto nos solidarizamos con la Comunidad Chuschagasta. Repudiamos el accionar impune de los terratenientes, que vienen contando con el apoyo del gobierno provincial, la justicia tucumana y el brazo represivo de la policía. Consideramos importante que todas las organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos de la provincia se pronuncien a favor de los pueblos originarios que vienen siendo atacados, para rodear de solidaridad su lucha y lograr que se garanticen sus derechos.
PARA COMUNICARSE:
Andrés Mamaní Comunidad Chuschagasta (0381 155669620)
Fabián Fernández Comunidad Chuschagasta (0381 155863495)
Margarita Mamaní Comunidad El Mollar (381 5393286)
Daniel Carlorosi ANDHES (381 156425622)
CONTRAPUNTO Prensa Alternativa
esta es una nota publicada
con anteriotidad-
Alarmante reclamo del Pueblo Diaguita por la pérdida de tierras
Por reenvío agencia walsh -
Seis mil personas integran la Unión de Pueblos Diaguita-Calchaquí en territorio tucumano. Todas sufren la usurpación por parte de terratenientes, el cierre de caminos ancestrales y la destrucción del medioambiente.
San Miguel de Tucumán, 26 de junio (Agencia Walsh). Usurpación de tierras por parte de terratenientes, cierre de caminos ancestrales, destrucción del medio ambiente por explotaciones mineras, saqueo de recursos hídricos y de su patrimonio histórico forman parte de los padecimientos que más de seis mil personas de la comunidad diaguita de Tucumán padecen diariamente por la inacción del Gobierno.
Las comunidades originarias del Pueblo Diaguita de Tafí del Valle junto a diversas ONG elevaron un petitorio al gobernador José Alperovich a través del cual le reclaman que intervenga ante una serie de problemáticas que vienen padeciendo, algunas de ellas, desde hace bastante tiempo.
A través de una nota ingresada el 4 de junio en la Secretaría Privada de la Gobernación, el pueblo autóctono del Valle Calchaquí pidió al mandatario una urgente solución frente a la imparable usurpación de sus tierras que por historia les pertenece. Para esto, advierten la necesidad de una ordenación territorial ante lo que entienden como una “verdadera anarquía” en el uso de los espacios.
“Somos víctimas de una urbanización caótica, de loteos en zonas inconvenientes para tal fin y de la instalación de infraestructura para diferentes proyectos que afectan a los habitantes nativos y a su patrimonio histórico, cultural y ambiental”, denunció Marcos Pastrana, integrantes de la comunidad diaguita de Tafí del Valle.
Por esto, se reclamó una ordenación territorial con la participación de la comunidad a la cual deberá garantizársele sus derechos.
Junto a esto, se recordó la ya histórica problemática por el uso y la tenencia de la tierra, y las consecuencias por el cierre de servidumbres de paso y lugares de tránsito en caminos usados ancestralmente por los indígenas.
Un medio ambiente arrasado por intereses ajenos a la comunidad
El manejo de los recursos hídricos de la zona y el impacto por la contaminación de las explotaciones mineras forma parte del menoscabo gradual que el ambiente de los diaguitas viene soportando históricamente.
“Hay un abuso en el uso del agua de los Valles dada la cantidad de proyectos que no tienen como prioridad el uso humano y el mantenimiento de los caudales ecológicos para el mantenimiento de la biodiversidad”, advirtió Pastrana, en diálogo con el sitio Primerafuente.
El integrante del pueblo originario denunció que existe una salvaje extracción de áridos en la zona dado el crecimiento de las obras. Se teme un serio riesgo geomorfológico debido a la severa afectación de las cuencas hídricas.
“El mayor peligro lo ocasiona la explotación de la gran minería a cielo abierto lo que representa la destrucción total de nuestro ecosistema”, advirtió Pastrana. En este sentido, se exigió el desmantelamiento del mineraloducto y el tendido eléctrico que cruza los Valles Calchaquíes, ambos de Minera Alumbrera (ubicada en Andalgalá, Catamarca) “en función de los múltiples daños comprobados que causan”. Pastrana relató cómo cada vez que se realizan obras en sus tierras, los restos arqueológicos de la comunidad sufren las prácticas de un saqueo y destrucción permanente. Una posible solución reclamada al Gobierno apunta, más allá del cumplimiento de la normativa vigente, a la realización de estudios de impacto ambiental previo a cada emprendimiento más allá del aval de la comunidad originaria reunida en audiencia pública.
Preocupa, además, el daño que ocasiona la proliferación del uso por las tierras de la comunidad de vehículos todo terreno y motos tipo enduro que deterioran el terreno.
Los diaguitas adelantaron al gobernador que si estos conflictos no son atendidos los conflictos sociales que aparejarán serán de consecuencias cada vez más graves. “Ofrecemos nuestra responsabilidad comunitaria de cara a estos problemas, pero exigimos voluntad política y decisión administrativa por parte del gobierno para hacerse cargo de ellos”, sostiene el petitorio elevado a Alperovich.
Entre las alternativas para cambiar la realidad, el pueblo originario propuso una audiencia pública con el gobernador y delegados comunales; la aplicación de una moratoria en la ejecución de los proyectos de obras y el estricto respeto al marco legal referido a los pueblos originarios y campesinos. En este sentido reclamaron que el artículo 149º de la nueva Constitución provincial sea reglamentado en forma consensuada con todas las comunidades originarias.
Este mismo diagnostico y petitorio fue elevado, entre otros sectores, a la Corte Suprema de Justicia, a la Legislatura, a la Justicia Federal de Tucumán, a la Defensoría del Pueblo local, al Instituto contra la Discriminació n, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a Cancillería de la Nación, al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Jefatura de Gabinete y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instituciones.
AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
Martín
Pañuelos en Rebeldía
www.pañuelosenrebeld ia.org
Nuestro más hondo repudio a este acto de total desprecio por la vida humana.A estos asesinos no se les escapó el gatillo; están respaldados por las familias privilegiadas que concentran las tierras en el NOA y quieren seguir con su conducta feudal de avasallar derechos legítimos de los pobladores, largamente atropellados.Tenemos que denunciar con la fuerza más activa estas aberraciones.No es casualidad que bien cerca de ahí en Rosario de la Frontera ,el sur de Salta tengan asiento los sojeros más poderosos de la provincia : el clan familiar Olmedo, quienes se vienen sirviendo de los elementos más violentos de la policía salteña y jueces corruptos , para desalojar compulsivamente a pobladores rurales , seguir con sus agronegocios y promueven en sus campañas que vuelva el servicio militar obligatorio.Quieren el control social , aún a costa de represión o como en este desgraciado caso , la pérdida irreparable de una vida humana.Nuestro apoyo incondicional a la comunidad Diaguita de Chuschagasta y coincidimos en la búsqueda de accionar directamente para poner justicia en nuestra amada tierra.
Oscar Delgado
miembro de CAPOMA-DDHH
Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez en Defensa de los Derechos Humanos
Ledesma-Pcia. de Jujuy
De: Martin Vidal
Para: Resistencias Populares CIFMSL
Enviado: mar, octubre 13, 2009 11:45:25 PM
Asunto: [osabaires] Urgente!!! Comunidad Diaguita:1 muerto y 4 heridos en comunidd chuschagasta tucuman
martes, 13 de octubre de 2009
PUEBLOS ORIGINARIOS TERRATENIENTES ARMADOS ATACARON CON ARMAS DE FUEGO
En horas de la tarde del este martes, en el territorio de la Comunidad Indígena de Chuschagasta, fue asesinado con arma de fuego un comunero, Javier Chocobar y otros dos comuneros mas habrian sido heridos. En el incidente habrían participado terratenientes que pretenden las tierras en esa zona.
Por prensa UNPD.
Referentes indígenas buscan la solidaridad y evalúan los pasos a seguir. Por el momento, decidieron concentrarse mañana en Plaza Independencia de la capital provincial, a horas 9, para repudiar este asesinato.
La Comunidad Indígena de Chuschagasta se encuentra ubicada en La Higuera, departamento Trancas, se accede por el camino a Choromoros, al oeste de esta localidad.
Para mayor información, comunicarse con Margarita Mamani: 3815393286
Prensa Unión de la Nación del Pueblo Diaguita
Un muerto y 4 heridos de bala, el saldo del ataque de terratenientes contra una Comunidad Indígena
martes, 13 de octubre de 2009
PUEBLOS ORIGINARIOS EXIGEN LA APLICACIÓN DE LA LEY 26160
Desde hace casi un mes, la comunidad Chuschagasta permanece en la ruta exigiendo el reconocimiento de sus tierras. En la tarde de ayer, un reconocido terrateniente de la zona, de apellido Amín, llegó al lugar junto a otros dos hombres. Sacaron fotos del lugar y se declararon los auténticos dueños. Ante el rechazo de las más de 20 personas que se encontraban allí –entre mujeres, niños y gente mayor-, el terrateniente y sus secuaces sacaron sus armas de fuego y dispararon. Javier Chocobar murió como consecuencia de un disparo en el abdomen; otros cuatro comuneros fueron heridos de bala. Aunque todos están fuera de peligro, dos se encuentran en el Centro de Salud y esperan para ser operados. CONTRAPUNTO.
La Comunidad Chuschagasta no logra entender aún lo sucedido. Desde hace 26 días se encuentran a la vera de la ruta, reclamando el reconocimiento de la propiedad sobre sus tierras. En este sentido, vienen exigiendo que se aplique la Ley 26.160, por la cual se prohíben los desalojos de las comunidades indígenas de los territorios que ocupan tradicionalmente.
Sin embargo, en la tarde de ayer, los terratenientes de la zona decidieron hacer justicia por mano propia. Tres personas, una de ellas identificada como Amín, junto a otros dos hombres –uno de ellos sería un ex policía salteño, separado de la fuerza por malos antecedentes- llegaron al lugar donde estaban los comuneros y comenzaron a sacar fotos. Mientras fotografiaban la gente y las tierras, indicaban que el lugar era de ellos, que lo habían comprado.
En ese momento, sólo había unas 20 personas de la comunidad de Chuschagasta –entre mujeres, niños y gente mayor-. Por eso, algunos de los comuneros se acercaron a los hombres para pedirles que se retiren, que no podían estar allí.
Así fue que Amín y sus dos compinches sacaron sus armas de fuego y comenzaron a disparar. Como consecuencia, cuatro personas fueron heridas y una murió. La víctima fatal fue Javier Chocobar, de 68 años e integrante de la comunidad. Dos de los heridos permanecían internados en el Centro de Salud. Según la Doctora Frías, médica de guardia de ese hospital, “se encuentran estables y fuera de peligro”.
Uno de los comuneros que se encontraba en el lugar cuando Amín y sus compinches indicó que “todo fue muy rápido. Todo se desarrolló en menos de 5 minutos. Chocobar murió en el lugar; a uno de los heridos logramos trasladarlos a Trancas, porque sino también hubiese muerto”.
El hombre no lograba todavía asimilar lo sucedido. En el Centro de Salud, acompañaba a la familia de Andrés Mamaní, uno de los heridos de bala. Todos conmocionados, atinaban solo a decir que la Comunidad está muy golpeada y que esperan que todo termine de una vez. O sea, que el Estado Provincial reconozca la propiedad de la Comunidad Chuschagasta sobre sus tierras.
Desde ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y Fogón Andino repudiaron el accionar impune de los terratenientes y solicitaron al Estado Provincial la aplicación de la ley 26160. “Es urgente que el Estado tome cartas en el asunto, para evitar que se repitan situaciones extremas de este tipo. Es necesario que se reconozcan los derechos indígenas sobre sus territorios y se frenen los desalojos, que se vienen multiplicando en las últimas semanas”, agregaron desde andhes.
Por otra parte, desde Contrapunto nos solidarizamos con la Comunidad Chuschagasta. Repudiamos el accionar impune de los terratenientes, que vienen contando con el apoyo del gobierno provincial, la justicia tucumana y el brazo represivo de la policía. Consideramos importante que todas las organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos de la provincia se pronuncien a favor de los pueblos originarios que vienen siendo atacados, para rodear de solidaridad su lucha y lograr que se garanticen sus derechos.
PARA COMUNICARSE:
Andrés Mamaní Comunidad Chuschagasta (0381 155669620)
Fabián Fernández Comunidad Chuschagasta (0381 155863495)
Margarita Mamaní Comunidad El Mollar (381 5393286)
Daniel Carlorosi ANDHES (381 156425622)
CONTRAPUNTO Prensa Alternativa
esta es una nota publicada
con anteriotidad-
Alarmante reclamo del Pueblo Diaguita por la pérdida de tierras
Por reenvío agencia walsh -
Seis mil personas integran la Unión de Pueblos Diaguita-Calchaquí en territorio tucumano. Todas sufren la usurpación por parte de terratenientes, el cierre de caminos ancestrales y la destrucción del medioambiente.
San Miguel de Tucumán, 26 de junio (Agencia Walsh). Usurpación de tierras por parte de terratenientes, cierre de caminos ancestrales, destrucción del medio ambiente por explotaciones mineras, saqueo de recursos hídricos y de su patrimonio histórico forman parte de los padecimientos que más de seis mil personas de la comunidad diaguita de Tucumán padecen diariamente por la inacción del Gobierno.
Las comunidades originarias del Pueblo Diaguita de Tafí del Valle junto a diversas ONG elevaron un petitorio al gobernador José Alperovich a través del cual le reclaman que intervenga ante una serie de problemáticas que vienen padeciendo, algunas de ellas, desde hace bastante tiempo.
A través de una nota ingresada el 4 de junio en la Secretaría Privada de la Gobernación, el pueblo autóctono del Valle Calchaquí pidió al mandatario una urgente solución frente a la imparable usurpación de sus tierras que por historia les pertenece. Para esto, advierten la necesidad de una ordenación territorial ante lo que entienden como una “verdadera anarquía” en el uso de los espacios.
“Somos víctimas de una urbanización caótica, de loteos en zonas inconvenientes para tal fin y de la instalación de infraestructura para diferentes proyectos que afectan a los habitantes nativos y a su patrimonio histórico, cultural y ambiental”, denunció Marcos Pastrana, integrantes de la comunidad diaguita de Tafí del Valle.
Por esto, se reclamó una ordenación territorial con la participación de la comunidad a la cual deberá garantizársele sus derechos.
Junto a esto, se recordó la ya histórica problemática por el uso y la tenencia de la tierra, y las consecuencias por el cierre de servidumbres de paso y lugares de tránsito en caminos usados ancestralmente por los indígenas.
Un medio ambiente arrasado por intereses ajenos a la comunidad
El manejo de los recursos hídricos de la zona y el impacto por la contaminación de las explotaciones mineras forma parte del menoscabo gradual que el ambiente de los diaguitas viene soportando históricamente.
“Hay un abuso en el uso del agua de los Valles dada la cantidad de proyectos que no tienen como prioridad el uso humano y el mantenimiento de los caudales ecológicos para el mantenimiento de la biodiversidad”, advirtió Pastrana, en diálogo con el sitio Primerafuente.
El integrante del pueblo originario denunció que existe una salvaje extracción de áridos en la zona dado el crecimiento de las obras. Se teme un serio riesgo geomorfológico debido a la severa afectación de las cuencas hídricas.
“El mayor peligro lo ocasiona la explotación de la gran minería a cielo abierto lo que representa la destrucción total de nuestro ecosistema”, advirtió Pastrana. En este sentido, se exigió el desmantelamiento del mineraloducto y el tendido eléctrico que cruza los Valles Calchaquíes, ambos de Minera Alumbrera (ubicada en Andalgalá, Catamarca) “en función de los múltiples daños comprobados que causan”. Pastrana relató cómo cada vez que se realizan obras en sus tierras, los restos arqueológicos de la comunidad sufren las prácticas de un saqueo y destrucción permanente. Una posible solución reclamada al Gobierno apunta, más allá del cumplimiento de la normativa vigente, a la realización de estudios de impacto ambiental previo a cada emprendimiento más allá del aval de la comunidad originaria reunida en audiencia pública.
Preocupa, además, el daño que ocasiona la proliferación del uso por las tierras de la comunidad de vehículos todo terreno y motos tipo enduro que deterioran el terreno.
Los diaguitas adelantaron al gobernador que si estos conflictos no son atendidos los conflictos sociales que aparejarán serán de consecuencias cada vez más graves. “Ofrecemos nuestra responsabilidad comunitaria de cara a estos problemas, pero exigimos voluntad política y decisión administrativa por parte del gobierno para hacerse cargo de ellos”, sostiene el petitorio elevado a Alperovich.
Entre las alternativas para cambiar la realidad, el pueblo originario propuso una audiencia pública con el gobernador y delegados comunales; la aplicación de una moratoria en la ejecución de los proyectos de obras y el estricto respeto al marco legal referido a los pueblos originarios y campesinos. En este sentido reclamaron que el artículo 149º de la nueva Constitución provincial sea reglamentado en forma consensuada con todas las comunidades originarias.
Este mismo diagnostico y petitorio fue elevado, entre otros sectores, a la Corte Suprema de Justicia, a la Legislatura, a la Justicia Federal de Tucumán, a la Defensoría del Pueblo local, al Instituto contra la Discriminació n, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a Cancillería de la Nación, al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Jefatura de Gabinete y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instituciones.
AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
Martín
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