Estimad@s compañer@s, por iniciativa de diferentes organizaciones sociales de la ciudad de Río Cuarto, y a partir de la posible instalación de Monsanto en la provincia de Córdoba, se presentó al Consejo Superior una solicitud de análisis sobre las relaciones entre las multinacionales del agronegocio, en particular Monsanto (y su posible instalación en Córdoba) y el extractivismo como nueva fase de la mundialización capitalista. Se conformó una comisión ad hoc desde el Consejo Superior que, con participación de las organizaciones arribaron a una primera propuesta de pronunciamiento. Luego el pleno del Consejo realizó diferentes aportes y la resolución que aquí se publica se aprobó con 22 votos a favor de un total de 26, en la última sesión.
El texto de la resolución va al final del correo y también en adjunto.
Saludos fraternos-
Corriente
NUEVA UNIVERSIDAD
Protagonismo Popular hacia la Emancipación
VISTO:
La Resolución Nº 284/12 del Consejo Superior en donde se manifiesta la actual preocupación referida a la instalación de la empresa Monsanto en la ciudad de Río Cuarto y en las proximidades de Córdoba capital y,
CONSIDERANDO
Que el Estatuto de esta Universidad establece que la UNRC es “un bien social, que debe contribuir a la definición y a la resolución de problemas sociales de los grupos o sectores más vulnerables, al desarrollo económico nacional, a la preservación del medio ambiente y a la creación de una cultura y una conciencia nacional y solidaria”.
Que la Resolución N° 150/12 del HCS de esta Universidad sobre el rechazo a los fondos mineros provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), enuncia que “las universidades públicas tienen el ineludible deber de comprometerse con políticas ambientales sustentadas en el concepto de justicia ambiental, entendiendo a esta última como la superación de los mecanismos por los cuales las sociedades desiguales, desde el punto de vista económico y social, concentran los recursos ambientales bajo el poder de los grandes intereses económicos y destinan la mayor carga de los daños ambientales del desarrollo a las poblaciones de baja renta, a los grupos raciales discriminados, a los pueblos étnicos tradicionales, a los barrios obreros, a las poblaciones marginales y vulnerables”, “que la problemática que atraviesa nuestra región y nuestro país vinculada al avance de los modelos extractivistas de ”acumulación por desposesión de territorio y bienes comunes” es parte de la agenda de debate actual, tanto de los gobiernos como de los pueblos y comunidades de América Latina” y “que estos modelos extractivistas se sustentan en la lógica desplegada por el capitalismo tardío, y que a través de los capitales transnacionales impulsan la megaminería y el agronegocio extractivistas que afectan a derechos fundamentales de las poblaciones”; y que a través de éstos y otros cuantos considerandos se resolvió en el artículo N° 1: “Dar apoyatura a todas aquellas comunidades del país que consideren ser afectadas en sus derechos colectivos e individuales por la actividad extractivista, reafirmando los principios y conceptos de la justicia ambiental y social”; y en el artículo N° 5: “Encomendar al Rectorado que, en conjunto con los Decanatos de las cinco Facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, den continuidad institucional al tratamiento de la problemática del extractivismo, a través del fortalecimiento de trabajos de investigación y extensión ya existentes o generación de nuevos, desde una perspectiva de diálogo con las comunidades afectadas, de tal modo de ampliar y profundizar las acciones institucionales en coherencia con la posición asumida”.
Que los efectos negativos sobre los recursos naturales y el medio ambiente de los modelos de desarrollo comenzaron a ser considerados en las agendas públicas en la década del ´70, cuando se dio la ocurrencia de al menos dos grandes eventos que tuvieron suma notoriedad, y que posteriormente fueron considerados como hitos en la discusión de la problemática ambiental: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, y la publicación del Informe “Los límites del crecimiento” por parte del llamado Club de Roma, el mismo año.
Que las problemáticas ambientales derivadas de la industrialización y la modernización agrícola, fueron inicialmente evidenciadas en los países desarrollados, para luego difundirse rápidamente hacia los países subdesarrollados, a partir del trabajo de Organizaciones No Gubernamentales y grupos ecologistas[1].
Que el accionar de esas organizaciones, en el marco de una globalización cultural y comunicacional que instaló la perspectiva de vivir en el mismo único mundo y en riesgo ambiental, facilitó la comprensión de los problemas ambientales a escala global, incidiendo en la constitución de la dimensión ecológica como una de las dimensiones más fuertes y sensibles de la globalización[2].
Que la preocupación por la crisis ambiental global condujo inmediatamente a relacionarla con la “capacidad de carga” del planeta, o más específicamente la “capacidad de sustentación” de los recursos naturales respecto al desarrollo. Esto resultó un motivo para que, a inicios de los años ´80, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) introdujera el término sostenible (sustainable), para definir al desarrollo dentro de los límites de la capacidad de carga del ambiente[3].Aunque la expresión recién ingresa al centro del debate a partir de su utilización en el informe “Nuestro Futuro Común”, de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD, 1987), más conocida por el apellido de su coordinadora, Brundtland[4]. La Comisión Brundland publicó una definición que con el tiempo se convertiría en clásica: “...el desarrollo humano sostenible es el incremento de las capacidades y las opciones de la gente mediante la formación de capital social de manera que satisfaga equitativamente las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras...”.
Que si bien el debate sobre el desarrollo sustentable se difunde rápidamente hacia fines de los años ´80, recién los Estados y los organismos internacionales intentan incorporar esta temática a principios de los ´90, con la declamación de convertir en propuestas los acuerdos alcanzados en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro 2002 (Río ´92). Esto queda plasmado en el documento final de la Conferencia, conocido como “Agenda 21”, a partir del cual se convoca a definir patrones sustentables de desarrollo que consideren aspectos ambientales, económicos, sociales, éticos y culturales, y desde donde surge la necesidad de definir formas de medir o monitorear las acciones de desarrollo para avalar su sustentabilidad.
Que, por otra parte, la empresa mencionada en vistos está implícita y explícitamente vinculada con un modelo de producción agrícola que ha alcanzado predominio en nuestra región, y que está siendo puesto en debate desde hace tiempo en distintos ámbitos académicos, científicos, sociales y culturales, como en nuestra propia Universidad.
Que la actividad comercial que realiza esta empresa tiene un rol preponderante en el marco del sistema productivo provincial, nacional e internacional, siendo productora del 80% de la semilla transgénica a nivel mundial.
Que el tratamiento de esta situación específica (instalación de Plantas Experimentales de Semilla en la ciudad de Río Cuarto y en las proximidades de Córdoba) implica analizar, desde una perspectiva crítica, al sistema productivo agropecuario en su conjunto, desarrollado en la región y en el resto del país, y su repercusión sobre el entramado social e institucional.
Que habiendo debatido en la Comisión Ad hoc con enriquecedores intercambios de opiniones entre los integrantes de la misma y organizaciones sociales y, analizados los diferentes aportes de los campos disciplinarios que entienden en esta temática, se acuerda estar en situación de proponer al Consejo Superior consideraciones al respecto.
Que, como se sostiene en la Resolución Nº 536/2012 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se cuenta con producciones de investigación de docentes investigadores de dicha Facultad, en temáticas vinculadas a los problemas enunciados y que resultan aportes valiosos desde el terreno de la producción de conocimiento crítico y proyectivo. Tales son los de los Profesores del Departamento de Ciencias de la Comunicación, Gustavo Cimadevilla "Monsanto en Río Cuarto: ¿hay que oponerse?[5], Edgardo Carniglia "Milanesa de Soja, Retenciones y Divisa"[6], o "El Campo y la Ciudad en Clave de Desarrollo Sustentable" y aporte del libro del mismo autor "Las Ruralidades de la Prensa, Agronegocio, Tecnología y Agrarismo"; Profesoras del Departamento de Historia Liliana Formento "El sur Cordobés: un antes y un después en el Proceso de Sojización"[7] y Laura Travaglia "Algunas apreciaciones sobre Monsanto" y Profesora del Departamento de Geografía Gabriela Maldonado, en co-autoría con el Profesor José Coccaro "Reflexiones Críticas para repensar el Territorio Hoy. El pretexto de la soja en la Argentina. Vulnerabilidad Social y Ambiental"[8].
Que en la Resolución mencionada en el parágrafo anterior se deriva que corresponde a las Universidades Públicas, como la nuestra, un papel clave en la generación del conocimiento científico-técnico sobre las ruralidades y la apropiación social del mismo para que la incorporación reflexiva y autónoma de la tecnología agroindustrial genere otras condiciones de posibilidad: las de esas otras imprescindibles políticas para el desarrollo rural y global productivamente dinámico, socialmente incluyente y ambientalmente sustentable para una sociedad crecientemente democrática. Que la Universidad tiene conocimiento y opinión fundada y para eso puede manifestarse pidiendo políticas acordes y poniéndose a disposición para operar en consecuencia y que el desafío es la proposición conceptual de un espacio para un abordaje ético-político, desde la perspectiva de la responsabilidad social y de aporte al bien público.
Que algunos resultados de investigaciones realizadas en la Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales indican que el manejo del suelo a través de la siembra directa, junto a todos sus productos asociados (agroquímicos), apunta al uso intensivo del sistema natural provocando problemas de erosión, pérdida de materia orgánica, acidificación del suelo entre otras consecuencias[9]. Que existen indicadores que el recurso agua revela acumulación de nitratos y fosfatos en acuíferos subterráneos superando el fondo natural de algunas zonas en estudio[10]. Que el creciente uso de plaguicidas de una manera que aumenta, año a año, la cantidad de aplicaciones de productos por hectárea con una lógica que “no contempla el grado de acumulación de plaguicidas en los suelos”[11], compromete la posibilidad de agriculturas mixtas o menos agresivas a futuro.
Que en la provincia de Córdoba sólo queda el 3 por ciento de la superficie original de 12.000.000 hectáreas ocupadas por bosques nativos, y que en la ecoregión del espinal solo queda el 1 por ciento de su superficie original, debido al desmonte, el avance de la frontera agrícola, el sobrepastoreo, los incendios, la invasión de especies exóticas, la extracción de áridos, generando una preocupante disminución de biodiversidad vegetal y de vida silvestre, como así también desertificación del suelo y que en ese contexto son significativos los aportes vertidos por la Dra. Antonia Oggero como representante de la Universidad Nacional de Río Cuarto ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de Córdoba (COTBN)[12].
Que la dinámica del agronegocio de los transgénicos ha producido un desbalance de la relación entre los sistemas naturales de biodiversidad y los ecosistemas antrópicos (zonas de producción agrícolas y ganaderas, ciudades) y por ello se considera a la Argentina un país ambientalmente en rojo donde se ha perdido el 80% de los bosques nativos, siendo que el balance de biodiversidad es el que hace sustentable a largo plazo la relación ambiental, ya que sin esta biodiversidad colapsan las fábricas naturales de agua, de suelo, de vida y de interacciones ecológicas[13].
Que el actual modelo de agronegocios, basado en la producción comercial de semillas transgénicas, agrotóxicos y fertilizantes industriales, se ha impuesto de manera excluyente en la región como modo de producción agrícola, con un avance tan sostenido que pone en peligro de desaparición los métodos orgánicos naturales, tradicionales y originarios, con implicancias ambientales y sociales de consecuencias a futuro imprevisibles, pero que ya hoy, a simple vista, ha transformado el espacio rural, ha impactado sobre el espacio urbano y está siendo cuestión de debate en el imaginario social, ya porque organizaciones sociales lo visibilizan, y ya porque las consecuencias en la salud y la contaminación están entrando por sobrepeso en la agenda de los medios.
Que actualmente se debate el efecto potencial de la contaminación genética de los OGM sobre especies vegetales no modificadas genéticamente, poniendo en tela de juicio las distancias necesarias entre cultivos transgénicos y tradicionales[14].
Que el paquete tecnológico del los transgénicos y plaguicidas impuesto masivamente en la región, particularmente en Argentina y Brasil, expresa un nuevo avance del capitalismo tardío en cuanto a la lógica colonial de exportación de materias primas e importación de productos tecnológicos, que está hoy en discusión en América Latina, donde por otro lado países con tradiciones culturales de identidad nativa y originaria presentan respuestas en el sentido de la Soberanía Alimentaria, como es el caso de Bolivia, donde recientemente se sancionó una Ley Marco donde se promueve desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia de acuerdo a norma específica, excepto de aquellas que a la promulgación de la presente Ley cuenten con autorización, como así también desarrollar acciones para la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país previo a la promulgación a la presente Ley en un plazo a ser determinado en norma específica.[15]
Que el desarrollo de un modelo productivo que integra en un paquete tecnológico semillas transgénicas resistentes a la acción de herbicidas totales y de alta eficiencia para el aprovechamiento de nutrientes aportados mediante fertilizantes; articulado con un equipamiento basado en el incremento de escala y eficiencia productiva como estrategia para maximizar la rentabilidad de corto plazo ha generado, por un lado, la emergencia de nuevos actores y una nueva trama productiva, constituyéndose en “un modelo social desigual, asentado sobre desigualdades precedentes que no han sido resueltas. Se amplían así, las diferencias sociales y se generan grados de vulnerabilidad social y ambiental”, y poniendo en evidencia “… una forma de pensar el territorio, bajo supuestos neoliberales. Así se legitima el territorio como una mera mercancía”, a la vez que “…plantea la necesidad de pensarlo bajo otros supuestos ético-políticos”... “desde la perspectiva de la responsabilidad social y de aporte al bien público”[16].
Que la lógica de acumulación de riquezas del sistema en cuestión deriva en el crecimiento de grupos económicos de presión política que alteran la esencia igualitaria de la democracia e incluso la ponen en peligro.
Que, de esta manera, el modelo acentúa gravemente los procesos de concentración de riquezas, aspecto que claramente queda expuesto al comparar datos entre los censos nacionales agropecuarios, los cuales nos muestran una profunda y creciente desaparición de productores pequeños y medianos[17], generando año a año tanto explotaciones más grandes como aquellas conocidas como pooles de siembra, que minimizan la participación de la mano de obra en la obtención del producto y optimizan la oportunidad de inversión financiera, convirtiendo a la actividad agropecuaria en un instrumento de especulación financiera.
Que este modelo instalado como el único o más eficaz, a la vez que intensifica el requerimiento de capital invertido (alrededor de $ 2.000.000 en equipamiento, equivalente al ingreso bruto de 458 has de soja o al Ingreso Neto de 600 has. del mismo cultivo)[18], aumenta significativamente la productividad del trabajo, posibilitando que un trabajador pueda atender alrededor de 1.500 has de un cultivo agrícola. Esto implica, por un lado, fuertes obstáculos para el acceso al equipamiento a productores pequeños y medianos y, por el otro, la lisa y llana expulsión de trabajadores de las actividades rurales, constituyendo un modelo de “agricultura sin agricultores”.
Que el modelo del agronegocio actual impuesto en la estructura económica se encamina a agregar valor a partir de productos que, como el bio-etanol en base a maíz, están dirigidos a las demandas del primer mundo, en consonancia con la cultura colonial de traspaso de recursos y disonancia con las necesidades de alimentación de una gran cantidad de población, nacional, regional y mundial que no cubre las necesidades alimentarias.
Que el uso irresponsable de agroquímicos está afectando la salud de la población, como se desprende del informe de la FUNAM, del informe del 1º Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, y como ha quedado demostrado públicamente en el histórico juicio que promovieron las Madres de Ituzaingó[19], además de los estudios que han probado[20] efectos agudos y crónicos en la salud en relación directa con el grado de exposición a los agrotóxicos.
Que en el año 2003 se detectaron los primeros antecedentes en nuestro país sobre contaminación relacionada con agroquímicos en dos localidades de Formosa, donde se generó un conflicto social que involucró a las familias campesinas, a miembros del Movimiento Campesino de Formosa, a la empresa agropecuaria responsable, a organismos estatales provinciales y a ONG ambientalistas y de desarrollo rural[21].
Que el juicio penal sobre el caso del Barrio Ituzaingó Anexo constituye el primer antecedente jurídico a nivel nacional que sienta el precedente para miles de pueblos fumigados del país.
Que la información disponible sobre hechos de contaminación vegetal, humana o animal relacionada a la agricultura transgénica era relativamente escasa y dispersa hasta hace poco tiempo. Pero que publicaciones recientes, entre ellas, de científicos de nuestra Universidad, dirigidos por la Prof. Delia Aiassa, han evidenciado la genotoxicidad de los agroquímicos en poblaciones de la provincia de Córdoba, utilizando técnicas de aberraciones cromosómicas, micronúcleos y ensayo cometa que confirman las alteraciones a nivel genético que presenta la población expuesta directa o indirectamente a los mismos[22].
Que trabajos realizados por Gilles-Eric Seralini, profesor de la Universidad de Caen, Francia, publicados en Food and Chemical Toxicology revelan los resultados del primer estudio en el mundo donde un transgénico (Maiz NK603®) y un pesticida (Roundup®) han sido analizados por su impacto en la salud a largo plazo, situación que hasta el momento no habían hecho las agencias sanitarias, los gobiernos ni la industria, y que revela una menor supervivencia del grupo expuesto como así también mayor desarrollo de tumores[23].
Que en la provincia del Chaco hubo fuertes reclamos de vecinos por la presencia de numerosas personas afectadas en una pequeña área geográfica donde se instaló una arrocera que desarrolla prácticas agroindustriales sustentadas en una intensa utilización de plaguicidas, y se constituyó una Comisión oficial que estudió los contaminantes del agua. La Dra. Ana Lía Otaño, miembro de esa Comisión y delegada nacional del Ministerio de Salud en el Chaco, presentó los resultados del Primer Informe donde se destaca claramente un aumento a nivel provincial de la incidencia de malformaciones congénitas en recién nacidos, según los datos del principal efector público de la provincia, el Servicio de Neonatología del Hospital J.C. Perrando de Resistencia, Chaco[24].
Que en la provincia de Santa Fe, la Dra. Maria Fernanda Simoniello, con el equipo de la Cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal de la Facultad de Bioquímica y Biología de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe), se han dedicado al estudio de biomarcadores de reacción celular en personas expuestas a plaguicidas en forma directa (fumigadores) e indirecta (no fumigadores habitantes cercanos de los cultivos), realizando investigaciones con trabajadores del cordón frutihortícola de la ciudad de Santa Fe, donde los plaguicidas más usados eran clorpirifós, cipermetrina y glifosato, evidenciando que ambos grupos de expuestos a los plaguicidas (ocupacional y habitacional) tenían un índice de daño genético estadísticamente muy superior al grupo control (no expuestos a plaguicidas), diferencia que es estadísticamente significativa y que se mantuvo en el análisis de reparación de daño genético[25].
Que en Argentina las distintas jurisdicciones regulan el uso de plaguicidas basándose en una clasificación que solo considera la dosis aguda (instrumentada a partir de la Dosis Letal 50, o DL50). Ignorando: a.1) Que existen efectos por exposición a bajas dosis (exposiciones crónicas) usualmente desconsiderados, como disrupción endocrina y depleción del sistema inmune; a.2) Que cada plaguicida es una mezcla de sustancias o cóctel (principio activo + aditivos + inertes, etc.); a.3) Que los cócteles originados en el proceso de fabricación, o preparados para su utilización, sufren cambios químicos inducidos por la propia interacción química, la exposición a altas temperaturas, la luz Solar y otros factores. Esto genera nuevos cócteles con efectos distintos a los del cóctel original o de fábrica; a.4) Que el uso conjunto de plaguicidas genera nuevos, poderosos e impredecibles cócteles secundarios de sustancias químicas; a.5) Que estos cócteles de sustancias en su interacción con el ambiente generan a su vez nuevas mezclas, en algunos casos con derivados químicos más peligrosos que los principios activos originales; a.6) Que muchos plaguicidas y sus sustancias acompañantes suelen ser hidrofóbicas y lipofílicas, lo que facilita su bioacumulación en el organismo de las personas expuestas, y la bioacumulación en redes alimentarias. Esto último eleva en "n" veces la concentración de plaguicidas respecto de la concentración con que se los dispersó; a.7) Que la aplicación de plaguicidas nunca se restringe a la superficie de cultivo tratada, dadas la deriva atmosférica o la migración de residuos (partículas de suelo contaminado llevadas por el viento; plaguicidas que por lixiviación llegan a las aguas subterráneas; plaguicidas que por escorrentía llegan a las aguas superficiales, etc.); a.8) Que los productos cosechados suelen contener plaguicidas aún cuando se respeten períodos de espera, y que tales sustancias se encuentran tanto en la superficie del producto (por ejemplo hojas, raíces, frutos, granos, etc.), como dentro del producto; a.9) Que usualmente la decisión de aplicar un plaguicida o mezcla de plaguicidas sobre una determinada superficie de cultivo se toma sin conocer la existencia, en su suelo, sus aguas y su biota, de un "fondo" preexistente de plaguicidas e incluso sin conocer con anterioridad la existencia de otros contaminantes de riesgo, como metales pesados y metaloides; a.10) Que las personas efectivamente expuestas a los plaguicidas y sus mezclas ya suelen contener en su organismo una cierta diversidad y cantidad de plaguicidas, y que este contenido puede interactuar con los plaguicidas de reciente ingreso generando procesos de sinergia, adición o neutralización, y a.11) Que la sensibilidad de las personas a los plaguicidas y sus derivados varía con la edad, biomasa, metabolismo, genoma y otras variables, siendo los más afectados los estadios intrauterinos (embrión, feto), los bebés y niños pequeños (pues consumen, por unidad de peso, más agua, más alimento y más aire que los adultos), y las personas de la tercera edad.[26]
Que existen, en el marco de esta Universidad, numerosas investigaciones tendientes a determinar los daños ambientales, a la salud humana, los efectos económicos, las modificaciones en el tejido social y alternativas de producción al modelo de agronegocios impuesto. Sin embargo han sido desarrollados sin una coordinación estratégica, y dada la magnitud del problema es necesario dar relevancia a las mismas.
Que el HCS ha dado apoyo a las “Madres de Barrio Ituzaingó” en el proceso que originó el histórico “Juicio a los Fumigadores” en la ciudad de Córdoba en agosto de este año.
Que el HCS ha declarado de Interés Institucional el reciente “ENCUENTRO REGIONAL POR UNA VIDA SIN AGROTÓXICOS”, organizado por la “Asamblea por un Río Cuarto sin Agrotóxicos” de la cual forman parte junto a otras organizaciones, la Secretaría de Extensión y Desarrollo, el Centro Cultural Agroecológico, el Programa de Apicultura y el Observatorio de Conflictos Socio Ambientales de esta Universidad.
Que resulta impostergable que la universidad, en conjunto con las organizaciones sociales, los distintos niveles gubernamentales y sectores económicos, inicien acciones tendientes a mitigar y revertir las consecuencias ambientales, en la salud humana, en la desocupación, la concentración de riqueza, dependencia económica y tecnológica que trae aparejado el modelo dominante del agronegocio.
Por ello,
EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO
RESUELVE:
Artículo 1º: Expresar la voluntad política de la UNRC de orientar la educación superior, la investigación y la extensión universitaria en el sentido de las prácticas socio-ambientales sustentables, la defensa de la biodiversidad, la agricultura en función de la Soberanía Alimentaria, la generación de trabajo, la distribución de la riqueza, los modelos agroecológicos de producción de alimentos, la salvaguarda de la salud de la población y la protección del ambiente de los efectos de la contaminación.Artículo 2º: Encomendar a la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales aborde la problemática que ocasiona el modelo de los agronegocios en la mesa con los municipios con el propósito de encontrar acciones conjuntas que puedan mitigar y revertir las consecuencias del modelo en la región.
Artículo 3º: Requerir a cada Facultad que presente, el 29 de Marzo de 2013, ante el Consejo Superior, un informe que abarque los aspectos referidos a la enseñanza, investigación y extensión, proponiendo, en el marco del denominado “Principio de Libertad de Cátedra”, acciones tendientes a concretar la voluntad política expresada en el Artículo 1º de esta Resolución.
Artículo 4º: Las Secretarías de Extensión y Desarrollo y de Ciencia y Técnica de la Universidad deberán presentar, el 29 de Marzo de 2013, ante el Consejo Superior, un informe que abarque los aspectos referidos a sus funciones específicas, proponiendo acciones tendientes a concretar la voluntad política expresada en el Artículo 1º de esta Resolución.
Artículo 5º: Encomendar al Observatorio de Conflictos Socio-ambientales de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales, trabajar con las Organizaciones Sociales comprometidas con el tema ambiental, facilitando el acceso de los sectores más expuestos y vulnerables de la ciudad y región, a los procesos internos tendientes a la constatación de contaminantes que afecten a las personas, en el agua, en el suelo y en aire. A tal fin se dispondrá recursos económicos, humanos y de infraestructura suficientes de acuerdo a las posibilidades presupuestarias de esta Universidad.
Artículo 6º: Revisar los convenios vigentes que vinculan esta Universidad Nacional con empresas multinacionales del agronegocio monopólico e instruir a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNRC que analice los procedimientos conducentes a su rescisión.
Artículo 7º Expresar públicamente el desacuerdo de la UNRC respecto de la instalación de las empresas multinacionales del monopolio del agronegocio en particular Monsanto, en la Ciudad de Río Cuarto en base a lo expresado en los considerandos de la presente resolución, fijando posición al respecto en relación a que las mismas representan paradigmáticamente un avance de dicho modelo de acumulación por desposesión que pudiera vulnerar la soberanía nacional y popular, con posibles consecuencias ambientales y con el agravante que no se informó debidamente a la población posiblemente afectada de los riesgos descritos, a los fines de que esta debata y se exprese sobre lo propio.
Artículo 8º Sugerir al Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto que se convoque a Audiencia Pública de tal modo de invitar a los ciudadanos a participar para exponer sus puntos de vistas, críticas y propuestas sobre el tema en cuestión.
Artículo 9º: Comunicar esta resolución a las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales para que sea tomada en consideración este análisis y este cuerpo de posicionamientos al momento de que las Instituciones del Poder Político deban expedirse sobre las actividades de las empresas multinacionales que operan en el control del agronegocio, en particular Monsanto, en cada una de las jurisdicciones sobre las que legislan.
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[1] Miller, M. (1995): “The third word, in global environmental politics” Lynne Rienner Publishers, Inc. Colorado; EUA.
[2] Da Costa Ferreira, L. y E. Viola (1996): “Incertezas de susstentabilidade na globalizacao” Editorial da UNICAMP. Campinas, SP. Brasil.
[3] Martinez Allier, J. (1995): “De la economía ecológica al ecologismo popular” Editorial Nordan-Comunidad. 3ra. Edición. Montevideo, Uruguay.
[4] Goodland y otros (1997): “Medio ambiente y desarrollo sostenible: más allá del Informe Brundtland” Editorial Trotta. Madrid; España.
[5] Cimadevilla, Gustavo.Departamento de Ciencias de la Comunicación. Fac. Ciencias Humanas. UNRC.
[6] Carniglia, Edgardo; De labradores y campos de papel. Recepción de prensa agraria por agricultores familiares, Saarbrucken, Editora academica Española, 2012, 396 paginas. (ISBN 978-3-8473-5495-6)
[7] V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Fac. de Ciencias Económicas. UBA. 2007.
[8] Coccaro, Jose Maria; Maldonado, Gabriela. Reflexiones Geográficas. ISSN 0328-0004. Agrupación de Docentes Interuniversitarios de Geografia.
[9] Cantú,M., Becker, A. y Bedano, J. "Evaluacion de la sustentabilidad ambiental en sistemas agropecuarios. Desarrollo y aplicación de la metodología del proyecto REDESAR, 2008
[10] Albo, M. J. y Blarasin, M. "Nitratos y fosfatos en el acuifero freatico de un agroecosistema. Cordoba. Argentina" XI Congreso Latinoamericano de Hidrogeologia- Cartagena de Indias-Colombia, 2012.
[11] Informe sobre los efectos de los plaguicidas en la salud humana y el ambiente. FUNAM Raúl A. Montenegro, 2010.
[12] Citado en los fundamentos del Proyecto de la Ley de Bosques elaborado por la Comisión de Ordenamiento territorial de Bosques Nativos (COTBN) de la Provincia de Córdoba.
[13] Informe de Raúl Montenegro. Presidente FUNAM referido a la instalación de Monsanto en Córdoba.
[14] Domínguez, D y Sabatino, P. 2010. “La muerte que viene en el viento” La problemática de la contaminación por efecto de la agricultura transgénica en Argentina y Paraguay. En: Los señores de la soja. CLACSO y CICCUS.
[15] Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir bien Ley 037/2012 Promulgada por la Asablea Plurinacional de Bolivia
[16] Cóccaro J. y G. Maldonado: “Reflexiones críticas para repensar el territorio hoy. El pretexto de la soja en la Argentina. Vulnerabilidad social y ambiental”. En Reflexiones Geográficas nº 181.
[17] Idem nota 2
[18]A valores de octubre 2012.
[19] Idem nota 1, Informe 1º ENCUENTRO NACIONAL DE MEDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, 27 y 28 de Agosto de 2010, Ciudad Universitaria, Córdoba.
[20] Idem nota 6, Estudio de Genotoxicidad del equipo de investigación de la Dra. Aiassa, Departamento de Biología de la UNRC.
[21] Domínguez, D y Sabatino, P. 2010. “La muerte que viene en el viento” La problemática de la contaminación por efecto de la agricultura transgénica en Argentina y Paraguay. En: Los señores de la soja. CLACSO y CICCUS.
[22] Mañas, F; Aiassa, D; Journal f Basic & Applied Genetics, (2009) 20 (1): 09-13.ISSN: BAG 1666-0390
[23] Reporte Epidemiológico de Córdoba.
[24] Informe del 1º ENCUENTRO NACIONAL DE MEDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. 27 y 28 de Agosto de 2010, Ciudad Universitaria, Córdoba
[25] Informe del 1º ENCUENTRO NACIONAL DE MEDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. 27 y 28 de Agosto de 2010, Ciudad Universitaria, Córdoba
[26] Dr. Raúl A. Montenegro. 2010. Córdoba, Argentina. Informe sobre los efectos de los plaguicidas en la salud humana y el ambiente. Necesidad de prohibir el uso de plaguicidas agropecuarios en áreas urbanas y periurbanas. FUNAM y Cátedra de Biología evolutiva humana Facultad de psicología Universidad Nacional de Córdoba
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