EL MUNDO › CAMPAÑA DE GREMIOS Y ORGANIZACIONES CONTRA FUMIGACIONES QUE AFECTAN A ESCUELAS
La contaminación en las aulas
Ocurre en muchas escuelas rurales, ubicadas cerca de campos donde hay plantaciones de soja. En algunas provincias hay legislación que pone límites, pero muchas veces no se cumplen. Reclaman mayores controles.
Por Darío Aranda
“Paren de fumigar escuelas”, es la campaña en la que intervienen asambleas socioambientales, gremios docentes y padres de alumnos. Dan cuenta de miles de escuelas rurales rodeadas por cultivos transgénicos, donde llueven agroquímicos sobre niños y maestros. En Córdoba denuncian que al menos 400 escuelas padecen fumigaciones y, en Entre Ríos, un relevamiento sobre tres departamentos reveló que el 70 por ciento de las escuelas rurales fue fumigada. El único informe oficial del país sobre escuelas y agroquímicos se realizó en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires: 41 establecimientos educativos fueron fumigados. Solicitaron la intervención de autoridades provinciales y nacionales, pero aún no obtuvieron respuesta.
El cartel blanco sostenido por postes semeja las señales de tránsito. Es blanco con letras negras que resaltan: “Atención escuela. Señor aplicador y productor. No fumigar”. Y detalla las leyes que protegen a alumnos. El cartel sobresale frente a la escuela Nº 54 de Colonia Caseros, departamento de Uruguay, Entre Ríos. Es una iniciativa del sindicato docente de Entre Ríos (Asociación Gremial del Magisterio, Agmer) y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, que comenzaron a articular acciones en marzo de 2012 por las denuncias de maestros y familiares de alumnos de escuelas rurales.
Un caso testigo sucedió en octubre de 2012, cuando fue fumigada la escuela rural Nº 66 de Gualeguaychú. Los chicos padecieron picazón en los ojos, dolores de garganta y vómitos. Los químicos denunciados fueron glifosato, 2.4D, atrazina, clorpirifos, fipronil y deltametrina.
El sindicato y la asamblea comenzaron un relevamiento en toda la provincia. Ya avanzaron en tres departamentos (Uruguay, Nogoyá y Gualeguaychú). Sobre 74 escuelas censadas, el 70 por ciento fue fumigado (52). En el departamento de Uruguay sufrieron aspersiones 15 escuelas de las 28 censadas. En Nogoyá, 18 sobre 23. Y en Gualeguaychú fueron fumigadas 19 escuelas sobre 23 relevadas. Confirmaron casos de afecciones en la piel y vías respiratorias de chicos y maestros, vómitos y problemas gastrointestinales.
“No se cumple con las leyes y disposiciones en cuanto a extremar precauciones y evitar el daño a terceros. Hay escasa contención de parte de los organismos estatales que debieran hacer cumplir las pocas disposiciones de protección vigentes”, señala el informe entrerriano y, mediante imágenes satelitales y fotos, evidencian la cercanía de escuelas y campos transgénicos.
La legislación provincial estipula 50 metros de distancia, pero no se cumple. Docentes y asambleístas aún no definieron cuál debiera ser la distancia, pero coinciden: “Es absurdo que haya sólo 50 metros entre campos fumigados y escuelas”, afirmó Jorge Bevacqua, de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay.
En Buenos Aires hubo denuncias de escuelas fumigadas en Exaltación de la Cruz, Cañuelas y Los Toldos. “Hay muchos casos, pero los docentes tienen miedo. Algunos directivos y funcionarios son amigos de empresarios sojeros. Además está Cargill, que hace donaciones a las escuelas y eso complica todo”, explicó Margot Goycochea, del Foro Ambiental de Los Toldos.
En Cañuelas, en 2010, se sancionó una ordenanza (la 2671) que regula la aplicación de agroquímicos, tomada como referencia por otras localidades. Limita las fumigaciones a 2000 metros de poblaciones urbanas y 200 metros de distancia de escuelas rurales. Diana Iceruk, periodista y asambleísta socioambiental, asegura que la ordenanza “no se cumple plenamente, se continúa fumigando en zonas prohibidas”.
Medardo Avila Vázquez forma parte de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Detalló que en Córdoba los mayores problemas se dan en septiembre con las aplicaciones de glifosato, 2.4D y atrazina. “Son de tres a seis aplicaciones antes de la siembra de noviembre-diciembre, los chicos aún están en las escuelas y los fumigan sin reparos”, denunció.
El médico explicó que, además, en marzo aplican “desecantes” para eliminar la humedad y cosechar. Aplican 2.4D y paraquat. Estimaciones de Médicos Fumigados y sindicatos docentes provinciales señalan que en Córdoba hay 1500 escuelas a menos de 1000 metros de campos fumigados. “De esas 1500, hay 400 escuelas rodeadas de campos de soja y maíz transgénico. Unos 12 mil alumnos y 900 maestros están expuestos a los agrotóxicos”, afirmó Avila Vázquez, que también forma parte de la “Campaña escuelas fumigadas nunca más”. Los casos se repiten en todas las provincias con cultivos transgénicos: Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, La Pampa y Formosa, entre otras.
La Red de Salud Popular Ramón Carrillo, de Chaco, realizó numerosas denuncias en los últimos años. La escuela Nº 552 de Pampa del Indio, donde se fumigaba con los chicos en clases; la escuela Nº 141 Fortaleza Campesina, en el departamento General San Martín, donde se usó glifosato a menos de 100 metros de los alumnos; y la escuela Nº 257 de Tres Isletas, son sólo algunos de los casos.
La Ley de Biocidas de Chaco (la 7032, de noviembre de 2012) fija distancias de 500 metros para las aplicaciones terrestres y 1500 para las aéreas. Alejandra Gómez, de la Red de Salud, marca dos hechos que se repiten en todas las provincias: la ley no se cumple y los docentes tienen miedo a denunciar. En 2010, un fallo judicial frenó fumigaciones con glifosato y endosulfan en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, y protegió escuelas rurales al fijar límites de 1000 metros para aplicaciones terrestres y de 2000 metros para las aéreas.
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Un estudio en Coronel Suárez
Coronel Suárez es el único lugar de la Argentina en el que se realizó un estudio oficial sobre escuelas fumigadas. La Dirección de Medio Ambiente realizó un informe, llamado “Consecuencias en la salud por la utilización de agrotóxicos en los establecimientos educativos rurales”. El escrito de 104 páginas y fechado en mayo de 2013 revela que existen 41 establecimientos afectados (23 primarios, 16 jardines y 2 secundarios). El secretario de Ambiente, Emanuel Garrido, solicitó ayuda a la gobernación bonaerense y a la Nación, pero aún no obtuvo respuestas.
“Los establecimientos educativos se encuentran expuestos a las derivas y otros tipos de contaminación de las aplicaciones de agrotóxicos”, señala el informe. Detalla que los campos están literalmente pegados a la escuela y muestra tractores mosquito fumigando mientras los niños juegan en el patio. El trabajo confirmó que hubo alumnos con afecciones respiratorias, cefaleas y ojos irritados.
Cuestiona que las escuelas estén “desprovistas de mínimas garantías para la salud” y realiza recomendaciones a las autoridades, como “proteger de forma inmediata” a la comunidad educativa, fijar una franja de 2000 metros alrededor de escuelas y, luego de repasar bibliografía científica nacional e internacional, recomienda “erradicar transicionalmente” los cultivos transgénicos de Coronel Suárez por sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.
El trabajo fue realizado por un equipo integrado por médicos, docentes, agrónomos y abogados. El secretario de Ambiente comunicó formalmente su trabajo a autoridades de la Dirección General de Educación, al defensor del Pueblo, al Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia y a la Secretaría de Ambiente de Nación. A todos solicitó medidas “urgentes” para proteger a niños y docentes. Incluso recomendó no comenzar las clases por las consecuencias en la salud. Hasta ahora no obtuvo respuesta.
La contaminación en las escuelas
Ocurre en muchas escuelas rurales, ubicadas cerca de campos donde hay plantaciones de soja. En algunas provincias hay legislación que pone límites, pero muchas veces no se cumplen. Reclaman mayores controles.
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Ocurre en muchas escuelas rurales, ubicadas cerca de campos donde hay plantaciones de soja. En algunas provincias hay legislación que pone límites, pero muchas veces no se cumplen. Reclaman mayores controles.
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El único estudio oficial
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