YPF, nuevos desiertos y resistencias
De la privatización a los no convencionales
Por Hernán Scandizzo / OPSur.- En los primeros años de la década del ’90 se inició un proceso simultáneo de privatización y federalización de los hidrocarburos, la empresa estatal YPF fue convertida en una sociedad anónima y sus acciones –en principio en poder de la Nación y las provincias productoras- fueron vendidas hasta ser controlada exclusivamente por la compañía española Repsol, aunque el Estado mantuvo el derecho a participar de las decisiones del consejo directivo y el poder de veto mediante la acción de oro; en tanto el dominio del gas y el petróleo pasó de la Nación a las provincias. En ese marco de transformaciones, donde los hidrocarburos dejaron de estar sujetos a las necesidades del país para convertirse en un commodity, surgieron conflictos territoriales en comunidades indígenas, que a nivel nacional protagonizaban un proceso de emergencia política. La intensificación de la actividad y la ampliación de su frontera extractiva, avalada por una política estatal de dejar hacer, se montó sobre la base del desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios, la judicialización y criminalización de las demandas, y el discrecional cumplimiento de normas ambientales. El territorio se transformó entonces en un desierto libre de obstáculos para el desembarco y desarrollo de los proyectos corporativos.
Veinte años después, en un marco de caída de los niveles de extracción de gas y petróleo, secuela del saqueo, y del incremento de las importaciones de combustibles fósiles –para atender la demanda interna-, en Argentina se empezó a hablar del gran potencial de hidrocarburos de yacimientos no convencionales como alternativa para superar el desabastecimiento de combustibles fósiles, siendo YPF la principal protagonista a partir de sus anuncios en torno a la formación Vaca Muerta. Sin embargo, más allá del triunfalismo, la falta de inversiones de esta empresa para revertir la caída de la producción y el crecimiento de las importaciones –que en 2011 llevaron a que el saldo de la balanza comercial energética fuera negativo- desembocaron en la ruptura de la alianza estratégica con Repsol, mantenida desde las administraciones de Carlos Menem a la de Cristina Fernández de Kirchner. En la primera mitad de 2012, a través de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el 51% de las acciones de YPF fueron expropiadas y la empresa se transformó en el mascarón de proa de la política petrolera (energética) del país.
YPF es ahora la principal impulsora de la explotación de los yacimientos no convencionales, haciendo caso omiso a los alertas por los impactos ambientales asociados a la técnica de extracción –fractura hidráulica o fracking- y el costo socioeconómico y cultural de la ampliación de la frontera extractiva –que avanza sobre territorios indígenas y tierras dedicadas a la producción de alimentos. También es la principal lobbista del sector para satisfacer las demandas las corporaciones. A diferencia de los años duros del neoliberalismo, donde el Estado dejaba hacer y participaba de una ínfima porción de los beneficios –a través del cobro de regalías-, en el contexto abierto con la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, recuperó protagonismo y amplió su participación en el negocio aunque sigue considerando un commodity al gas y al petróleo. Ir al artículo >>
*Versión corregida y ampliada de la ponencia presentada el 22/10/2013 en Cochabamba, en el Seminario Taller Extractivismo. Nuevos contextos de dominación y resistencias, organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
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