LUNES, 21 DE JULIO DE 2014
RÍO RECONQUISTA - El BID aprobó un crédito para recuperar la cuenca.
El crédito de 230 millones de dólares será para recuperar la calidad ambiental de la cuenca del río, que se complementará con una partida de 57,5 millones de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El plan priorizará inversiones dirigidas a poblaciones que viven en áreas de riesgo sanitario, a fin de "aumentar la cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales", informó el organismo multilateral.
Del mismo modo, se busca mejorar la gestión integrada de los residuos sólidos, principalmente mediante el cierre de basurales a cielo abierto; mejorar la conectividad y acceso a barrios periféricos asentados en áreas de difícil acceso; y fortalecer la gestión del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC).
Comprende 134 cursos de agua en un área de aproximadamente 1.670 kilómetros cuadrados y comprende 18 municipios en los que residen más de 4,6 millones de habitantes Esa cuenca fluvial del territorio bonaerense comprende 134 cursos de agua en un área de aproximadamente 1.670 kilómetros cuadrados y comprende 18 municipios en los que residen más de 4,6 millones de habitantes (aproximadamente 12% de la población del país).
El Producto Bruto Geográfico en el ámbito de la cuenca es del orden de 17.880 millones de pesos, aproximadamente. 15% de la producción provincial.
Según la documentación del préstamo que aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cuenca del río Reconquista "experimentó una urbanización acelerada y desordenada a partir de la década de los noventa".
Esa evolución resultó en problemas como la baja cobertura de los servicios de agua potable (45% de la población no es abastecida por red) y de alcantarillado sanitario (sólo 24% tiene los efluentes recolectados y tratados); deficiente drenaje pluvial; contaminación de los cursos de agua; y proliferación de asentamientos informales.
Referencia: Telam.
VIERNES, 11 DE JULIO DE 2014
TIGRE – NARCO LAVADO - Embargaron bienes por más de U$S 100 millones en la causa Nordelta.
Lo resolvió el juez federal Santa Marina por pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF). Es la mayor inhibición de bienes por lavado en la historia del país. Pesa sobre cinco personas y tres empresas.
Mientras avanza la investigación por tráfico de drogas y lavado de dinero en torno a la banda de narcos colombianos y argentinos radicados en la zona de Nordelta, Tigre, Benavidez y Talar de Pacheco, la justicia ya trabó embargos sobre los bienes de los acusados por un valor que supera los 100 millones de dólares, según surge del expediente 10.801 que tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Lomas de Zamora.
El material embargado, según la justicia y los organismos de control, configura el mayor embargo de bienes en delitos de este tipo en el país. El embargo alcanza a cinco personas físicas y tres jurídicas (empresas y fideicomisos) y abarca propiedades, autos y fondos depositados en cuentas corrientes. Lo más relevante de la orden judicial reciente es que dentro de las inhibiciones oficializadas se incluyen bienes de la presunta pata empresaria argentina, supuestamente asociada para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
La causa se activó el 27 de octubre pasado, día de las últimas elecciones legislativas nacionales.
Los últimos embargos que se publican en esta edición fueron solicitados por la Unidad de Información Financiera (UIF) una vez que el juzgado de Lomas de Zamora aceptó la intervención del organismo como querellante en la causa, y se suman a los que el propio magistrado ya había establecido previamente.
El 16 de junio pasado, con el objeto de "asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de bienes y dineros de las personas físicas y jurídicas investigadas", el juez Alberto Santa Marina decretó la inhibición general de los bienes de los colombianos Reymond Anthony Martínez Grajales y Mariela Grajales Gómez; y de los argentinos Juan Carlos Di Filippo; Walter Mosca y Diego Miguel Colombini, además de las firmas ODA Desarrollos SA; Fideicomisos Estudio de Bahía Grande y Complejo de Bahía Grande SA.
De la lista, el nombre más sobresaliente es el de Martínez Grajales. Hace poco más de dos meses, la justicia allanó 15 domicilios, todos en el municipio de Tigre, operación que concluyó en el procesamiento de 19 colombianos, once de los cuales quedaron detenidos. Uno de estos domicilios (Parcela 90, Fracción 13 Benavídez y Complejo Benavídez 1, Nordelta), corresponde a Grajales, que junto a buena parte de su familia son parte activa de la banda narco que comanda Jesús Antonio Yépez Gaviria. De hecho, otro de los Martínez Grajales, John Eduardo, fue detenido el año pasado en el barrio Santa Catalina en un golpe a una cueva de drogas. Se lo vinculó a grupos narcos de Colombia, como los "Urabeños" y "Los Machos", que operan desde el Valle del Cauca, en Cali.
El patrimonio embargado está conformado principalmente por fideicomisos para el desarrollo inmobiliario –algunos de ellos al interior de Nordelta–, campos y estancias y 17 vehículos de alta gama. "Una vez que el dinero ingresa al circuito formal contamina todo, el objetivo final es el decomiso", indicó una fuente oficial.
Además, el magistrado Santa Marina ordenó en los últimos días un embargo preventivo sobre dos bienes inmuebles del empresario Walter Mosca, ubicados en la calle Santiago Temple 1868 y 2129, de la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, y sobre una propiedad ubicada en la calle Gaspar Campos 481 del partido de Vicente López, cuyo dueño es Juan Carlos Di Filippo, socio de Mosca. La medida incluye la cuenta corriente 1131-04340-5 del Banco Comafi, cuya titularidad corresponde a ODA Desarrollos SA, que llevó a cabo la construcción de Nordelta.
¿Quién es Walter Mosca? El nexo argentino de la banda para la supuesta canalización del dinero del tráfico en inversiones inmobiliarias y empresas. El emblema de sus construcciones a través de la firma ODA es el Hotel Intercontinental que se instaló hace varios años dentro del barrio privado Nordelta.
Según consta en los autos de procesamiento de la causa, Mosca y Colombini, otro de los "inhibidos", tienen vínculos con los colombianos Yépez Gaviria y su esposa, Claudia Natalia Arias Celis, ambos domiciliados en Tigre y dueños de varias sociedades, actualmente presos y sospechados de liderar la banda de narcolavadores.
La solidez de las pesquisas judiciales y las tareas de los organismos de control sobre la ruta del narcolavado de activos, tuvo además impacto en el accionar de la banda en Colombia. Cuando en 2008 comenzaron los allanamientos en el marco de la causa que terminó extraditando a Estados Unidos al capo Ignacio Álvarez Meyendorff, la Unidad de Información Financiera (UIF) de Colombia se puso en contacto con el organismo que en Argentina conduce José Sbatella. Empezó un intercambio de datos de la banda que derivó en una inhibición histórica para el país caribeño: en total se decomisaron hasta el momento unos U$S 500 millones en bienes y cuentas, investigación que fue premiada internacionalmente.
LUNES, 7 DE JULIO DE 2014
TIGRE - Piden la indagatoria del arquitecto Mosca, investigado por lavado en la causa Nordelta.
La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez Santa Marina que convoque al empresario y a otras 13 personas. Investigan también a sus socios en la construcción.
Las oficinas a las que se había mudado Walter Mosca, antes de ser investigado por lavado de dinero, pronosticaban el declive del arquitecto. Un edificio a medio terminar, producto de uno de sus tantos fideicomisos, sin aire acondicionado ni revoque, pero ubicado frente al lujoso Hotel Intercontinental de Nordelta, era el nuevo escenario en el que recibía a sus clientes, entre ellos, los colombianos Antonio Yepes Gaviria y a su mujer, Claudia Celis. Ambos están presos, acusados de lavar dinero producto del narcotráfico.
La caída del matrimonio terminó de derrumbar a Mosca, quien ya tenía problemas con los fideicomisos que no lograba terminar. Las demandas, deudas y los pedidos de quiebra se acumularon en poco tiempo. Investigado por la AFIP y la Justicia federal, a Mosca se le sumó un problema en los últimos días: la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió su indagatoria al juez federal Alberto Santa Marina, que investiga a una presunta banda narco que operaba desde Nordelta.
Yepes Gaviria, con quien realizó numerosas operaciones comerciales, se habría convertido en una importante fuente de ingreso del arquitecto oriundo de Ramos Mejía. Así lo revelan las escuchas incorporadas en el expediente. Celis admitió la relación: “Walter construyó muchas de las propiedades que vendimos en Nordelta”, dijo en esa oportunidad, pero negó que el capital invertido fuera producto del lavado.
Junto a Mosca, el organismo precedido por José Sbatella pidió la indagatoria de otras trece personas. Entre ellos, dos socios del constructor. Se trata del abogado Diego Colombini y el contador Juan Carlos Di Filippo, que acompañaron a Mosca en varios emprendimientos. Quizás el más exitoso haya sido la construcción del Hotel Intercontinental, lofts, oficinas y plazas de estacionamiento en la Bahía Grande de Nordelta, a través de Complejo de la Bahía SA.
El contador y el abogado están vinculados a Obras de Arquitectura y Oda Desarrollos, e integraron otras sociedades junto a Mosca. El 19 de diciembre de 2011, Colombini y el arquitecto crearon Hotel Pilar SA para la construcción de un hotel cinco estrellas en esa localidad. Los tres fueron inhibidos a pedido de la UIF.
En un comunicado de prensa, emitido en septiembre de 2013, Oda Desarrollos declaraba “más de 400 empleados propios y más de 400 contratados”, y se adjudicaba la construcción de “más de mil unidades en Nordelta”, donde Mosca trabajaba “desde 2001”. En sus oficinas no se encontraron registros de empleados, pero sí centenas de boletos de compra-venta que están siendo analizados por la UIF y la AFIP.
Voceros de Nordelta aclararon que el arquitecto “construía casas para particulares que contrataban su servicio de manera independiente. Es uno de los más de 500 arquitectos que construyeron o están construyendo casas en Nordelta. En este sentido, lo que Walter Mosca realizó no supera el 2% de las casas unifamiliares que hay construidas y en obra. Con respecto a los desarrolladores de edificios, Mosca es uno más de los aproximadamente treinta que trabajan en Nordelta. Además, no sólo desarrollaba su actividad en esta CiudadPueblo, sino que también tenía emprendimientos en Vicente López, Caballito y Pilar, entre otros”.
Hasta hace poco, las dos empresas de Mosca promocionaban en la web las millonarias obras que había ejecutado. Las páginas ya no pueden verse en internet. Fueron eliminadas.
La investigación que desembocó en la aprehensión de once personas se inició a partir de una llamada anónima recibida el 15 de agosto de 2012 por la Delegación Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora. Esta daba cuenta de la existencia de una banda que se dedicaría al tráfico de cocaína al extranjero. La droga era ingresada al país desde Bolivia, Perú y Colombia, acondicionada en Argentina y luego exportada a España, Australia, Estados Unidos, Holanda, Francia e Italia. La banda estaría liderada por los colombianos Fabián Andrés Martínez Grajales y John Eduard Martínez Grajales. Mientras que para el juez de Lomas de Zamora, Yepes Gaviria y Celis, serían los encargados de lavar el dinero.
A partir de informes de la UIF y el Banco Central se pudo determinar una reiterada intervención de varias empresas vinculadas a Mosca en las operaciones comerciales de Yepes Gaviria y su mujer.
En el juzgado de Lomas de Zamora se preguntan si el arquitecto conocía el origen de los fondos.
MIÉRCOLES, 2 DE JULIO DE 2014
El gobierno porteño retiró proyecto de ley para desafectar siete hectáreas de pulmón verde.
El gobierno porteño anunció que retira los proyectos de ley para desafectar siete hectáreas de ese pulmón verde. Lo hizo en una reunión de comisión a la que asistieron una multitud de vecinos y organizaciones ambientalistas.
Después de la avalancha de protestas de vecinos y organizaciones ambientalistas, el gobierno de Mauricio Macri decidió retirar de la Legislatura porteña los proyectos que proponían destinar siete hectáreas de la Reserva Ecológica a un depósito de camiones recolectores de basura.
El anuncio se hizo en medio de la Comisión de Medio Ambiente, convocada para tratar esos proyectos, ante la presencia de numerosos manifestantes que asistieron a la sesión pese a que se celebró dos horas antes del partido Argentina-Suiza, que paralizó al país.
Uno de los proyectos había sido presentado el 10 de junio último, llamativamente un día después de que el propio Macri anunciara su ambicioso programa Ciudad Verde, que incluiría la construcción de 12 grandes parques y 78 nuevas plazas. Los proyectos restaban espacios verdes en lugar de sumarlos.
La propuesta del PRO impulsaba desafectar cinco hectáreas del pulmón verde ubicado junto al Río de la Plata para destinarlas a una “base primaria de recolección de residuos”, que no es otra cosa que un depósito de camiones y de basura. Tres días después –el 13 de junio–, otra iniciativa proponía quitarle a la Reserva otras 2,5 hectáreas para el mismo fin. Los proyectos también avanzaban sobre otros espacios verdes, como el Parque Avellaneda, al que se proponía quitarle 2,5 hectáreas, siempre con la finalidad de usarlos para actividades de higiene urbana.
La llamada Reserva Costanera Sur está incluida desde 2005 en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, lo que le otorga un alto grado de protección: la Ciudad y la Nación están obligados a cuidarla y evitar cualquier tipo de daño, como hubiera implicado la construcción de una playa de estacionamiento. Un humedal es un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, que cumple funciones fundamentales, como la regulación del ciclo hídrico, la estabilización del clima, la mitigación de los cambios climáticos globales y la conservación de la biodiversidad, además de poseer valores turísticos y recreativos. El espacio de la Reserva Ecológica que resultaba afectado es el ubicado entre las proyecciones de las calles Estados Unidos y Carlos Calvo.
Los proyectos llevaban la firma de Macri; el ministro de Ambiente, Edgardo Cenzón; su par de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. El anuncio de su retiro fue realizado por el subsecretario de Higiene Urbana, Mariano Campos. También se dejó sin efecto la iniciativa que afectaba un sector del Parque Avellaneda.
Pese al anuncio, las organizaciones ambientalistas Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, Amigos de la Tierra y Aves Argentinas leyeron un duro documento en el que reafirmaron la “defensa de la Reserva Ecológica como área protegida por convenios internacionales”.
Campos anunció que el gobierno presentará un nuevo proyecto, en el que mantendrán las otras propuestas realizadas. Entre ellas, la afectación de un predio ubicado detrás del Autódromo, sobre la avenida 27 de Febrero, ribereña del Riachuelo, y un predio bajo la autopista AU7 Héctor Cámpora, desde la avenida 27 de Febrero hasta Coronel Roca.
LUNES, 23 DE JUNIO DE 2014
Shell ofrece una ‘limosna’ de 37,5 millones como compensación por los vertidos en el Delta del Níger.
El juicio empezará el próximo mes de junio de 2015 pero la compañía ha solicitado a los demandantes que alcancen un acuerdo antes del inicio del proceso.
La petrolera Royal Dutch Shell está preparada para pagar hasta 30 millones de libras (37,5 millones de euros) en concepto de compensación por el medio millón de barriles de crudo derramado durante dos vertidosen el Delta del Níger en 2008 frente a las peticiones de la comunidad afectada, los Bodo, que pedían diez veces más.
Sin embargo, un tribunal londinense ha rechazado la petición de los 11.000 demandantes que además presentaron quejas ante la compañía por daños adicionales causados por el robo de crudo, una práctica habitual en el país africano. Estas quejas posteriores han sido desestimadas por el Alto Tribunal de Londres, que ha eximido a la petrolera del daño causado por el robo de petróleo.
El juicio empezará el próximo mes de junio de 2015 pero la compañía ha solicitado a los demandantes que alcancen un acuerdo antes del inicio del proceso.
"Desde el principio hemos aceptado la responsabilidad por los dos derrames de crudo en Bodo que lamentamos profundamente", ha declarado el director gerente la compañía en Nigeria, Mutiu Sunmonu. "Pero esperamos que la comunidad pida a sus abogados que dejen de perder el tiempo en peticiones enormemente exageradas y consideren una compensación racional", ha añadido.
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