HISTORIA
El largo camino de Perú hasta La Haya
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Aunque Lima inició su ofensiva diplomática en 1982, no fue hasta 2014 que pudo concretar su anhelo histórico.
martes, 28 de enero de 2014
Agencias
Lima y Santiago
Un texto conocido como el "Memorándum Bákula” (1985) establecía el inicio de negociaciones para la delimitación marítima. El texto jamás fue aceptado oficialmente por Santiago.
Doscientos años después de su independencia y varios tratados, la justicia internacional, en una decisión inapelable, delimitó definitivamente la frontera marítima, tras una demanda presentada en 2008 por Perú y que para algunos representa el último capítulo de la cruenta Guerra del Pacífico que se libró entre 1879 y 1883.
Para llegar a este momento, la historia escribió varios capítulos desde 1982, antes de acudir a La Haya, que merece la pena ser recordados. De hecho, Perú trató de iniciar negociaciones con Chile para suscribir un acuerdo de delimitación marítima. Sin embargo, la respuesta fue negativa desde Santiago.
Precisamente en 1982, Perú, junto a varios países, entre ellos Chile, suscribió la declaración de la III Conferencia sobre Derechos del Mar, en la que se reconoce la zona económica exclusiva de las naciones hasta las 200 millas marítimas.
La delegación peruana que asistió a esa cita estuvo encabezada por el embajador Max Arias-Schreiber Pezet y tuvo como uno de sus integrantes a Juan Miguel Bákula, quien cuatro años después se convertiría en pieza fundamental.
Uno de los artículos de este documento indica que la delimitación marítima de los Estados o países que tengan costas adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional. Argumento que sería usado por Perú.
En contrapartida, la declaración también establece que esta delimitación puede estar sujeta a las consideraciones de los acuerdos que, previamente, los dos países hayan suscrito.
Chile ratificó su posición de que los acuerdos pesqueros de los 50 son tratados limítrofes. Perú nunca lo hizo.
El "Memorándum Bákula”
A pesar de ello, un texto conocido como el "Memorándum Bákula” (1985) , suscrito por el entonces embajador peruano en Santiago, Juan Miguel Bákula, y el ministro de Exteriores chileno, Jaime del Valle, establecía el inicio de negociaciones para la delimitación marítima.
Precisamente, cuando el diferendo estaba sobre la mesa, los intentos del Perú de iniciar negociaciones con Chile se vieron enfriados con la poca voluntad del régimen de Alberto Fujimori de buscar un acuerdo, señala el diario peruano La República.
A poco del fin del gobierno fujimorista, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile publicó una carta de navegación, de nombre "Rada y Puerto de Arica”, en la que se apreciaba el trazo de una línea base marítima a partir del Hito N° 1, señalando a éste como el límite. Dicho documento fue enviado a las Naciones Unidas.
El 20 de octubre de 2000, la Embajada de Chile en Lima recibió una nota de protesta en que se expresaba la disconformidad de Perú por esta carta náutica, tras señalar que no existe ningún tratado de delimitación marítima como lo daba a entender el documento chileno.
De hecho, Chile fundamentó entonces, como ahora, que los tratados pesqueros de 1952 y 1954 fueron ratificados en las actas de 1968 y 1969. Es más, en marzo de 2001, Chile instaló una caseta de vigilancia militar más allá del límite permitido.
Una acción de este tipo rompía el acuerdo que tenían ambas naciones de dar aviso a cualquier tipo de maniobra limítrofe, a fin de actuar de manera pacífica y en virtud al derecho internacional.
Aunque la tensión diplomática entre Lima y Santiago tuvo sus altibajos desde entonces, El 4 de noviembre de 2000, el canciller Rodríguez Cuadros logró convencer a su homólogo chileno Ignacio Walker que ambos países tenían la necesidad de continuar y preservar sus relaciones bilaterales sin que se vean afectadas por una evidente controversia marítima. Ocho años después, Perú recurrió a La Haya.
Latinoamérica en los tribunales
En años recientes, varios países latinoamericanos recalaron en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), además de Perú y Chile.
Para ser más exactos, cuatro de los 10 casos actualmente pendientes en la CIJ involucran a países latinoamericanos. Históricamente, de los 120 casos que se iniciaron en la CIJ desde 1947, el 10% pertenece a países latinoamericanos, la gran mayoría iniciados en los últimos 20 años.
Por ejemplo, en 2012, la CIJ emitió su fallo en el caso que enfrentaba a Nicaragua y Colombia, también por una cuestión de límites marítimos. Si bien la sentencia confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el tribunal anunció que ahora corresponden a Nicaragua extensas zonas de las aguas que rodean a los cayos de Quitasueño y Serrana.
Asimismo, Costa Rica y Nicaragua recurrieron a la CIJ en diversas ocasiones para resolver sus conflictos fronterizos y actualmente tienen abiertos dos casos.
En 2008, Ecuador presentó una demanda contra Colombia por la fumigación aérea con glifosato en localidades cerca de, en y a través de la frontera con Ecuador. Según las autoridades ecuatorianas, las fumigaciones colombianas causan daños a las personas, los cultivos, los animales y el medio ambiente en el lado ecuatoriano de la frontera, y suponen un grave riesgo de mayores problemas en el futuro.
El caso se encuentra todavía en la fase de presentación de documentos por parte de ambos países.
Sin embargo, quizá el caso más sonado de los últimos años, resuelto por la CIJ en abril de 2010, fue el que enfrentó durante casi cuatro años a Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa en territorio uruguayo, cerca de la frontera con Argentina.
La planta uruguaya UPM generó un prolongado conflicto bilateral que comenzó a zanjarse cuando la CIJ emitió un fallo en el que consideró que la pastera no contaminaba, pero ordenó supervisiones periódicas de ambos países.
Por último, Bolivia presentó en 2013 una demanda contra Chile, la que reclama una salida al Pacífico.
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