[OPSur] Panorama 135 | “La seguridad jurídica es privar a los Pueblos Indígenas de garantías que les correspond
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7 de oct. (hace 2 días)
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“La seguridad jurídica es privar a los Pueblos Indígenas de garantías que les corresponden”
Jorge Nahuel, referente de la zonal Xawunko de la Confederación Mapuche de Neuquén, repasa en diálogo con el OPSur los impactos y conflictos que han causado los últimos veinte años de explotación hidrocarburífera y lo que ha significado el nuevo avance de la frontera petrolera a partir de la explotación de yacimientos no convencionales. La falta de reconocimiento jurídico, la no regularización de sus tierras y la ausencia de aplicación del derecho a la consulta son, a su juicio, los tres pilares de la privación de garantías que viven las comunidades en desmedro de la industria petrolera. “Hay una política de absoluta impunidad y la principal víctima de esa situación son los Pueblos Indígenas”, sostiene el dirigente mapuche.-Del relevamiento que hizo el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas en 2012 se desprende que aproximadamente 20 comunidades atraviesan conflictos por la concesión de sus territorios para la exploración y explotación de hidrocarburos o por los impactos que esta actividad. Da la impresión de que en otros momentos la conflictividad estaba más vinculada con la apropiación de tierras por parte de particulares y que en los últimos años ese lugar lo ocupan los proyectos extractivos.JN: Sí, claro. El primer problema que tenemos los Pueblos Indígenas es con las extractivas, después hay problemas con vecinos, con terratenientes, municipios, empresas o la forestación. El problema principal es con las extractivas, sobre todo porque exige un campo desocupado, libre, y la petrolera entra y necesita que esa tierra sea desocupada, por lo tanto va generando una política de desplazamiento a las buenas o a las malas. Leer entrevista>>
Tiene 37 años, nació en el centro de salud que funcionó en Planicie Banderita durante la construcción de la represa Cerros Colorados-Chocón. Se crió en el paraje Portezuelo Grande y a los seis años se trasladó a Añelo para ir a la escuela. “Mi abuelo nació en Cerros Colorados en 1906 y mi bisabuelo tiene que haber venido con la conquista”, afirma en referencia a la ocupación militar del Territorio Mapuche, a fines del siglo XIX. “Es lo que pasaba en esa época, algunos paisanos que venían con el Ejército se iban quedando a la orilla de los ríos.” Hace una pausa y continua: “La familia de mi mamá, que es Muñoz, viene de Paso Aguerre, de Picún Leufú. Mi viejo también viene de familia de crianceros, los Díaz de Paso Aguerre son un montón. Por los apellidos y todo lo demás se nota que es gente que no ha sido nativa sino que en la época de la conquista”, concluye. Desde 2011 Darío Díaz está al frente del Ejecutivo municipal, su gestión está marcada por el proceso que promete transformar al pueblo que en 2010 tenía 2449 habitantes en una ciudad que multiplicaría por diez, o más, su población. Todo en pocos años y a partir de la explotación de Vaca Muerta. En diálogo con el OPSur habló de la metamorfosis y los conflictos.
-¿Hay explotación hidrocarburífera en donde está su familia?
DD: Sí, hacían algún pozo que otro, pero ahora va a empezar a haber un poco de actividad. Hemos sido vecinos con la comunidad Paynemil (1) toda la vida, con la que tenemos unos buenos conflictos como familia; con Elba [Paynemil], que es lonco de la comunidad, prácticamente nos hemos criado juntos. Es una vieja pelea que va a seguir hasta que el Ministerio de Desarrollo Territorial resuelva los límites de los campos. La diferencia es que la comunidad Paynemil tiene su título de propiedad, tiene delimitadas sus tierras, y mi familia es ocupante sin la adjudicación todavía. Leer + >>
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Mañana comenzará a tratarse en el Congreso de la Nación el proyecto de reforma de la Ley 17.319 de Hidrocarburos que impulsan el Gobierno Nacional y la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). En resumidas cuentas, el objetivo es dinamizar el mercado hidrocarburífero a través de la estandarización de la legislación y los contratos para atraer la inversión externa. Una receta que marca continuidades con otras políticas iniciadas en la década de los ’90, sostenidas en los años siguientes, y con las reformas promovidas por el Departamento de Estado de EE.UU. en Este de Europa para viabilizar la explotación de yacimientos de gas y petróleo de esquistos. Leer más >>
Actividades
El 11 de octubre, en el marco del Día Mundial contra la Hidrofractura y del Último Día de Libertad de los Pueblos Originarios, se estarán efectuando múltiples actividades alrededor del mundo. En el caso de la Provincia de Neuquén, estaremos realizando una caravana al corazón de Vaca Muerta porque para conocer las consecuencias de la explotación de nuestro territorio es necesario verlo con nuestros propios ojos y sentirlo desde nuestro propio cuerpo. [Leer comunicado]
Campañas
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Ante la reforma de la Ley de Hidrocarburos
29 de septiembre de 2014
Mañana comenzará a tratarse en el Congreso de la Nación el proyecto de reforma de la Ley 17.319 de Hidrocarburos que impulsan el Gobierno Nacional y la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). En resumidas cuentas, el objetivo es dinamizar el mercado hidrocarburífero a través de la estandarización de la legislación y los contratos para atraer la inversión externa. Una receta que marca continuidades con otras políticas iniciadas en la década de los ’90, sostenidas en los años siguientes, y con las reformas promovidas por el Departamento de Estado de EE.UU. en Este de Europa para viabilizar la explotación de yacimientos de gas y petróleo de esquistos.
Uno de los cambios más profundos que propone el proyecto llega bajo el discurso de la competitividad, una palabra muy de moda en las olas neoliberales de los años ’90. Es bajo este paradigma que, de aprobarse la reforma tal cual llegó al Congreso, los Estados provinciales y el nacional quedarán impedidos de crear áreas de reserva y adjudicarlas a las empresas que controlan (GyP, YPF, Pampetrol, etc.); también se pone fin al sistema de acarreo -que permitía asociarse a proyectos sin realizar una inversión inicial de capital. De esta manera, a dichas empresas se les exigen los mismos requisitos que a las privadas, lo que implica en la práctica profundizar las asimetrías frente a las grandes compañías. Por otro lado, la aprobación e implementación de reforma de la Ley de Hidrocarburos con Enarsa significaría firmar su defunción ya que las áreas offshore que controla serán revertidas a Secretaría de Energía de Nación para nuevas licitaciones “competitivas”.
Es decir, no sólo no se descarta de plano la transferencia del dominio de los hidrocarburos y control de la industria por parte del Estado Nacional, con participación de las provincias, sino que allana aún más el camino al sector privado. Si bien la iniciativa recibió algunas críticas de representantes de empresas transnacionales, que reprochan que sólo YPF participara de la discusión, el proyecto responde a las demandas del sector que, hasta el momento, dosificó al extremo las inversiones a la espera de mayores beneficios. El texto en ciernes mantiene el modelo de concesiones y, en ese aspecto, sólo modifica los plazos de los períodos de exploración y explotación, según se trate de bloques convencionales, offshore o no convencionales; con respecto al último tipo de yacimientos, se le asigna un tipo de concesión particular y, en sintonía con las modificaciones que introdujo el acuerdo YPF-Chevron, se le confiere un plazo de explotación inicial de 35 años. Por otra parte, quita el tope a la cantidad de áreas adjudicadas por empresa –cinco por concesionario-, “sincerando” una situación de abierta irregularidad en la que se encontraban las principales compañías y, en definitiva, legalizando los procesos de concentración oligopólica. Asimismo, en otro guiño al sector, se pone un techo a las regalías (hasta 18%) y, reduce del 50% al 25% la tasa de acumulación del canon que la concesionara paga en caso de prórroga durante etapa de exploración.
Por otra parte, este proyecto pone de manifiesto la volatilidad de los discursos que pronosticaban, en el corto plazo, lograr la soberanía hidrocarburífera y el autoabastecimiento a partir de la explotación masiva de Vaca Muerta y otras formaciones de esquistos. En un nuevo intento de incrementar los niveles de extracción de gas y petróleo, el Estado renuncia a otra porción de la renta petrolera, al poner un techo, e incluso permite reducir, el cobro de regalías, esta vez, a fin de estimular los proyectos de recuperación terciaria y el desarrollo de yacimientos offshore y de crudos ultra pesados -el nuevo actor no convencional cuyo potencial conocido al momento se sitúa en la provincia de Mendoza, cercana al Área Protegida de Llancanelo. Leer completo >>
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