Agroquímicos: la Suprema Corte de Justicia le puso un freno a la ordenanza municipal
Mediante una medida cautelar, el Tribunal suspendió los cuatro artículos de la norma 21.296 por medio de los que se redujeron de mil a cien los metros para fumigar a partir del límite de núcleos poblacionales. Un fallo histórico para los ambientalistas. La Municipalidad, ahora, deberá actuar.
Por: Julia Drangosch
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó a fines de la semana pasada la suspensión de cuatro artículos claves en la ordenanza 21.296/2013, que regula el uso de agroquímicos en la ciudad. Se trata de los incisos por medio de los que se redujeron de mil a cien los metros para fumigar a partir del límite de núcleos poblacionales, y que tanta polémica habían generado, en especial entre ambientalistas y vecinos.
Según consta en el fallo, al que tuvo acceso El Argentino, el Tribunal se expidió a favor de la presentación realizada por los vecinos y reconoció como un error la eliminación “de la zona de seguridad prevista en el Art. 1 de la ordenanza derogada 18.740 que establecía un radio de mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales y en la totalidad de la planta urbana, en la que se prohibía la utilización de cualquier producto químico y/o biológico de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes”.
Cabe recordar que en su momento, y con la nueva ordenanza, el Municipio fijó la distancia mínima a cien metros, y creó una franja agroecológica en la que aún se permitía el uso de agrotóxicos banda IV (como el glifosato). Esa aprobación fue rechazada por vecinos y organizaciones ambientalistas, quienes denunciaron la inconstitucionalidad de la norma ante la Suprema Corte de Justicia, que recientemente se pronunció respecto a la solicitud de tutela precautoria que también habían solicitado.
De esta manera, y a través de una medida cautelar, la Corte decretó la suspensión de los artículos 19, 23, 27 y 28 de la ordenanza “hasta tanto se dicte sentencia definitiva”. El Tribunal consideró, en sus argumentos, que de las constancias que forman los expedientes “no surge que, antes del dictado de la normativa cuestionada, se haya efectuado una evaluación circunstanciada del impacto ambiental y de los eventuales daños que pudieran causarse sobre la salud de los habitantes potencialmente afectados, que sustente una modificación regulatoria de esta envergadura”.
Pérez Rojas: “Esta suspensión no indica que la ordenanza esté mal”
Consultado respecto al fallo de la Corte, el secretario de Desarrollo y Producción del Municipio, Mariano Pérez Rojas, aseguró que aún no fueron notificados respecto a la medida cautelar. De cualquier manera, y si bien adelantó que durante la mañana de hoy mantendrá una reunión para analizar la situación, el funcionario minimizó el impacto de la resolución al sostener: “Esta suspensión no indica que la ordenanza esté mal, es solo en relación a algunos artículos”. Por otro lado dijo desconocer los “alcances jurídicos reales” de la decisión del Tribunal, por lo que habrá que esperar a mediados de esta semana para que la Municipalidad tome una postura concreta.
Para los ambientalistas, es un “antecedente judicial histórico”
Por su parte, los ambientalistas se mostraron satisfechos ante lo un fallo que se muestra como “un antecedente judicial histórico en la materia ambiental donde la Suprema Corte bonaerense realiza una aplicación precisa del principio de no regresión que compone nuestro orden publico ambiental, reiteradamente avasallado por los poderes públicos”. “La sentencia cautelar deviene en una clara señal de alerta como así también en un fuerte muro de contención a la contra ola de regresión normativa pretendida por varios Concejos Deliberantes del país, ante el lobby del sector agrobiotecnológico”, señalaron.
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