MEDIO AMBIENTE 1 SEP 2015 - 7:54 AM
A un mes de que se venza el plazo de Presidencia
La ANLA no le ha puesto freno al glifosato
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Desde mayo el Gobierno ordenó suspender las aspersiones aéreas, pero la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no ha emitido resolución para detenerlas. Fumigaciones continúan.
Por: Sergio Silva Numa
Entre 2000 y 2010, el Gobierno colombiano desembolsó US$668 millones anuales para combatir la producción de estupefacientes. / Archivo - El Espectador
Hay una fotografía de mayo en la que aparecen juntos los ministros de Agricultura, Ambiente, Justicia, Salud y Educación, en compañía de la canciller María Ángela Holguín. La imagen no tendría nada de excepcional si no fuese porque en cuestión de minutos le dio la vuelta al país. Los funcionarios acababan de poner punto final a las aspersiones aéreas con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos.
La decisión fue celebrada por comunidades afectadas, científicos, políticos y académicos en parte porque Colombia era el único país en el mundo que aún utilizaba esa estrategia para combatir el narcotráfico.
Pero hace cuatro semanas la noticia de que se realizarían fumigaciones con glifosato en el Catatumbo prendieron nuevamente la polémica, pues para muchos las asperciones ya eran cosa del pasado.
Lo cierto es que el plazo final que entregó el presidente Juan Manuel Santos para ponerle fin a esta práctica se vence el próximo primero de octubre y como se lo dijo a este diario la oficina de Antinarcóticos de la Policía, aún se hacen fumigaciones aéreas con el herbicida producido por Monsanto, actividades que se siguen llevando a cabo en áreas de Putumayo, Nariño, Meta y otras áreas con cultivos ilícitos.
Además, la resolución (006 de 2015) que emitieron los ministros imponía una condición que algunos pasaron por alto: solo se acabarían las aspersiones aéreas siempre y cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspendiese el Plan de Manejo Ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato.
Pese a los reiterados reclamos de algunas organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y a un mes de que se cumpla el plazo de Presidencia, la autoridad no ha avanzado en la suspensión.
En palabras del minambiente, Gabriel Vallejo, hace una semana y media la ANLA recibió el estudio técnico que hizo el Minsalud basado en los argumentos de la Organización Mundial de la Salud. “Espero que la suspensión sea un tema resuelto en los próximos días”, dijo el ministro.
Pero, como le contó a El Espectador una fuente cercana a la ANLA, hasta el momento en la entidad no hay ni siquiera pistas de querer a empezar a elaborar aquella resolución. O, por lo menos, las directivas aún no han solicitado apoyo técnico al grupo de agroquímicos que debería ser el encargado de tratar el tema.
“Hay un silencio administrativo y el asunto se trata con el mayor sigilo, cuando se debería acatar la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes”, asegura. “Pese a que a las oficinas llegó la recomendación del Minsalud, hay órdenes estrictas de no tratar aún el asunto. Y la resolución debió estar lista hace un buen tiempo, acogiendo el principio de precaución ante la alerta de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC)”. En marzo este organismo había clasificado el glifosato como una sustancia probablemente cancerígena. Puede –decía– producir linfoma no-Hodgkin en humanos.
Este tema en realidad se ha puesto varias veces sobre la mesa y nos son pocos los que han intentado tratarlo, pero tal y como contaron a este diario, la decisión está por encima de las obligaciones ambientales de la ANLA. Cuentan que más de uno, incluso, ha recibido un llamado de atención por querer involucrarse. “Todo indica que sobre las estrictas competencias técnicas hay una decisión política que impide cumplir las tareas de la entidad”.
Para aclarar cuál ha sido el motivo de esta tardanza, El Espectador ha tratado de entrevistar desde hace dos semanas a Fernando Iregui, director de la ANLA, pero hasta el momento, pese a reiteradas llamadas telefónicas, ha sido imposible.
Por lo pronto el país seguirá utilizando esta estrategia como mecanismo para erradicar los cultivos de coca. Entretanto, como lo ha asegurado Daniel Mejía, director del Centro de Estudios de la Universidad de los Andes y expresidente de la Comisión Asesora para la Política contra las Drogas, el país ha desembolsillado una buena cantidad de recursos para implementarla, sin obtener resultados contundentes. Solo entre 2000 y 2010, el Gobierno colombiano desembolsó US$668 millones anuales para combatir la producción de estupefacientes. Algo así como el 1 % del PIB nacional.
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